Raúl Wiener
POLITIKA Analista
En un país fatigado de oír a los políticos llenarse la boca con los asuntos de “seguridad ciudadana”, una fiscal valiente ha denunciado a poderosos traficantes de terrenos encabezados por el empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, a los delincuentes de la banda del cholo Jacinto que le sirven de fuerza de choque y a un grupo de oficiales y subalternos de la Policía Nacional, por haberse apoderado, a las malas, de un terreno de 70 mil metros cuadrados que estaba en posesión de agricultores en la zona denominada exfundo Oquendo. Desde su despacho en la Quinta Fiscalía Penal, la Dra. Silvia Vidal ha pedido también, con fecha 21 de mayo, que la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada desbarate lo que para ella es a todas luces una típica banda estructurada para delinquir.
La denuncia de la Dra. Vidal comprende al jefe de la DIVINCRI Callao, coronel PNP Luis Montesinos Valverde, al jefe de la DEPINCRI Callao, comandante PNP José Santillán Pérez, mayor PNP William Alfaro Rodríguez, capitán PNP Luis Gamero Peña y a otros efectivos de la SUAT, lo que ha conmovido todo el ambiente policial chalaco, y los señala por haber actuado secuestrando a 28 personas encargadas de la vigilancia de los terrenos entre marzo y agosto del 2012, retirándolas por la fuerza de su área de trabajo con falsas acusaciones para que pudieran intervenir los matones contratados por los usurpadores. La denuncia además comprende a Óscar Peña Aparicio, Carlos Condorcahuana Roca (abogado y traficante de terrenos), Víctor Cruz Alamas, Edita López Silva, David López Ostos y Jovino López Medina, además de un número de delincuentes prontuariados.
Empresario Óscar Peña Aparicio.
El origen del problema
El fundo Oquendo formaba parte de una de las tantas propiedades de la oligarquía limeña que eran explotadas bajo la modalidad de yanaconas: campesinos que recibían tierras que trabajaban por generaciones y cuyo usufructo lo retribuían con productos extraídos con su trabajo. Oquendo perteneció a la familia Mujica, que fue expropiada por la reforma agraria en los años 70 y la tierra distribuida entre los campesinos que eran los que la trabajaban por muchos años. El año 1987, en pleno primer gobierno de Alan García, la familia Mujica decide hacer una donación de terrenos por un área de 70 mil metros cuadrados a la Corporación de Desarrollo CORDE Callao (que luego sería el gobierno regional), que no se encontraba bajo su dominio, para la construcción de un mercado mayorista de abasto, con la indicación de que el organismo estatal tendría que pagar las indemnizaciones correspondientes a los campesinos que ocupaban ese lugar.Durante 14 años, no se hizo nada al respecto, la tierra siguió en posesión de las familias que producían alimentos agrícolas y los vendían a camiones acopiadores que los llevaban a La Parada en Lima o a los mercados del Callao. Pero en la administración del señor Félix Moreno se toma nota de la existencia de la donación y por acuerdo del Consejo Regional se dispone su venta al mejor postor, como si el gobierno chalaco tuviera la libre disposición del bien. Pero ni era verdad que tenía las tierras, que estaban en poder de los campesinos, ni que si fuera válida la “donación” en esas condiciones, estuviera respetando la voluntad del donante que había consignado su voluntad de que sobre esa tierra se hiciera un mercado, previo pago de las indemnizaciones a los campesinos por el gobierno regional. El señor Moreno no tomó en cuenta a los posesionarios que tenían derechos sobre las tierras que ocupan por largos años, ni a los Mujica que habían donado lo que no tenían más que en papeles.
La subasta de la tierra devenía entonces en ilegal. Pero esta situación se agravó cuando Óscar Peña Aparicio al frente de una de sus empresas (Inmobiliaria Estefanía SAC), se estrena como ganador de la segunda licitación del terreno y a sabiendas que se trataba de espacios ocupados y en plena producción agrícola, opta por utilizar matones y policías corruptos para producir una ocupación inmediata de la tierra y proceder a la construcción de un cerco, destruyendo de paso las viviendas y las plantaciones de los campesinos, seguramente convencido que tenía todas las instituciones de su parte.
Los delitos producidos
Ni aún si fuera válida la pretendida subasta del Gobierno Regional de las tierras ocupadas por los campesinos y que estuvieron sujetas al régimen de reforma agraria, y que habían sido formalmente donadas para un mercado no para que se convirtieran en dinero, aún así Peña Aparicio, Condorcahuana y otros, carecían de derecho para expulsar sin mandato judicial a los ocupantes. Si lo hicieron es porque entendieron que estaban en una zona donde no valen las leyes y se puede manipular el orden institucional a favor del más fuerte y con mayor dinero.
Ahora, en opinión de la fiscal Vidal, toda la banda de traficantes y policías confronta cargos muy graves: contra la libertad-secuestro y allanamiento ilegal de domicilio; contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir; contra la administración pública-abuso de autoridad, peculado, cohecho propio, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias; contra el patrimonio-hurto agravado, robo agravado, usurpación agravada y daño agravado; contra la fe pública-falsificación de documentos, falsedad ideológica y falsedad genérica. Toda esta fila de ilícitos conllevan prisión para los infractores. Y sería clave que la justicia ponga ahora mano dura al abuso. El caso es que también el presidente regional debe responder por haber violado la ley.