El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, continúa con sus consultas con partidos y sectores políticos para lograr consenso de cara a un impuesto a los grandes patrimonios, similar al “impuesto de guerra” implementado en Colombia, para financiar la lucha contra la delincuencia. En El Salvador hay como promedio 12 homicidios por día.
Funes explicó en una conferencia de prensa días atrás que se trataría de un impuesto que “grave los patrimonios más grandes del país y que tendría como objetivo financiar el presupuesto extraordinario que ha preparado el gabinete de Seguridad Pública”, de 380 millones de dólares.
“La experiencia colombiana es la que estamos estudiando nosotros y nos parece una experiencia de éxito”, explicó el mandatario, quien indicó que la idea viene del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe.
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El gobernante aclaró que este gravamen afectaría a unos 2.000 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, y que tiene el propósito que se cobre durante tres años.
Según Funes, con un 90 % de efectividad en la recolección del mismo se podrían estar reuniendo aproximadamente unos 120 millones de dólares por año, de tal manera que en los tres años estaríamos recogiendo los previstos 360 millones de dólares.
La propuesta se encuentra en etapa de consultas y será elevada posteriormente a la Asamblea Legislativa, que deberá aprobarla.
En opinión de Salvador Samayoa, analista político y consultor de FUSADES, la Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social, aunque el gobierno estaría más cómodo con más recursos para combatir la delincuencia, decisiones de este tipo requiere imponerse con más convicción y consenso en la comunidad: “Éste no es el caso. El presidente no ha tenido una buena relación con los empresarios y tampoco ha generado confianza hacia un plan o una estrategia concertada que los contribuyentes pudieran pensar que puede ser efectiva y que sólo se trata de la falta de recursos”.
Por el momento, entre otros, la Iglesia Católica salvadoreña ha dicho que respalda la iniciativa del gobierno con el fin de combatir la delincuencia.
“Si el gobierno dice que para enfrentar la violencia es necesario un fondo, me parece que es legítimo, y que tiene todo el derecho y obligación para asegurar la paz del país”, declaró en rueda de prensa el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Según la Iglesia la violencia “es muy grave” y es una responsabilidad del Estado dar una respuesta.
El primer paso lo dio el presidente el pasado viernes cuando presentó a la llamada “Comisión Consultiva para temas de la nación”, la propuesta para la creación del impuesto a la seguridad.
Nueva táctica de criminales contra policías y militares
El presidente de El Salvador explicó recientemente que los delincuentes se dedican a asesinar a agentes que se encuentran en descanso o de licencia y están desarmados. Según Mauricio Funes, el crimen organizado emplea esta nueva táctica, ante el bloqueo que han impuesto las autoridades para operar desde las cárceles.
“Ésta es la reacción que está teniendo el crimen organizado, justo por la efectividad de nuestros planes. Les cerramos a los delincuentes que desde las cárceles operaban a través del teléfono y cometían sólo secuestros y homicidios”, señaló el mandatario.
En los últimos meses, soldados que ayudan en las tareas de seguridad y elementos policiales han sido abatidos por los delincuentes en momentos que disfrutan del descanso.
El jefe de Estado calificó el comportamiento de la delincuencia como “complejo” y, en ese marco, sectores del ramo empresarial no pueden exigir resultados inmediatos.
Para dotar de más equipo a la policía, Funes manifestó la importancia de lograr el presupuesto extraordinario de 350 millones de dólares, para el cual ha propuesto el impuesto temporal de seguridad.
Plan Centroamericano
Después del anuncio de Funes, cuatro presidentes centroamericanos, incluido el salvadoreño, pidieron a la comunidad internacional “brindar un decisivo apoyo” a los esfuerzos de la región para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, al término de una cumbre celebrada el fin de semana en Managua.
Exhortamos “a la comunidad internacional a brindar un decidido apoyo a estos esfuerzos”, dice la declaración firmada por los presidentes del CA-4, conformado por las cuatro naciones del norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Los gobernantes reiteraron “su total respaldo” a los proyectos conjuntos en materia de seguridad, que serán presentados en la “Conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamericana”, convocada en Guatemala del 22 al 24 de junio próximo.
Para el analista Salvador Samayoa y consultor del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, la Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social, el apoyo que ha logrado la región hasta el momento es muy poco: “Es muy bajo. Los dos grandes contribuyentes en seguridad son por un lado Unión Europea, que creo que por restricciones autoimpuestas no ayuda directamente a las policías o a los órganos de ´law enforcement´ de los países en asuntos como prevención. Después esta la ayuda de Estados Unidos que amplió la iniciativa Mérida a Centroamérica que también tiene unas pocas decenas de millones para la región. No hay una gran cooperación internacional en el tema de seguridad”
Para Samayoa las razones son obvias: “Los organismos de gobierno que se han encargado de la seguridad no siempre han tenido buenas credenciales para ser receptores de ayuda y ningún ciudadanos ni en EE.UU., ni en Holanda, ni España quisiera saber que el dinero de los contribuyentes esta gastado en órganos que no respetan los derechos humanos.”
Fuente: Radio Nederland