La trata de mujeres y niñas para la explotación sexual es una de las caras más extremas de la violencia de género e implica la violación directa a los derechos de las humanas. La continuidad de las prácticas de tortura y sometimiento son amparadas por un entramado de poder económico, judicial, político y policial que les otorga el sagrado manto de la impunidad.

Este flagelo que arrastra características y condiciones estructurales a lo largo de siglos, es un delito que somete a millones de personas a condiciones de esclavitud y ocupa el segundo negocio a nivel mundial después del tráfico de drogas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2006), manifiesta que en la Argentina participan directa o indirectamente de este delito, unas 500.000 personas. Siendo, este país un lugar de origen, tránsito y destino, al que llegan ciudadanos y ciudadanas extranjeros/as captados/as y traficados/as de países limítrofes, principalmente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Bolivia y Paraguay, y en segundo lugar de Perú, República Dominicana, y hasta China y Corea. Sin embargo, aun no existen estadísticas oficiales sobre las desapariciones de mujeres, esto significa que todavía no hay políticas públicas activas, tanto para la persecución del delito, como para la prevención del mismo, contribuyendo a la invisibilización de este flagelo y a la impunidad que habilita el efectivo funcionamiento de los mecanismos de las redes.

El negocio de la esclavitud

La existencia de la red de trata de mujeres es parte de una sociedad que naturaliza prácticas como la prostitución, sin profundizar en la relación de dominio que subyace. La concepción del cuerpo femenino como propiedad de lo masculino, y por ende, mercancía que se consume, alquila y vende, es la base cultural que promueve a la explotación sexual.

Las mujeres víctimas de la redes de trata son cada vez más jóvenes, el 48 por ciento tiene menos de 18 años. En este sentido, Richard Poulin, profesor e investigador canadiense sobre los procesos de globalización de la industria del sexo, advierte sobre la complicidad de organismos multilaterales del crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el crecimiento de la trata de jóvenes. En una entrevista para el diario Página 12, el investigador denuncia cómo las políticas neoliberales expresadas por el Banco Mundial y el FMI y los planes de ajuste estructural, incentivan a los países al fomento de la industria sexual a través de préstamos para desarrollar empresas de turismo y entretenimiento. Esta industria sexual se expande globalmente afectando a las poblaciones más vulnerables, en primer lugar, refugiadas políticas, niñas, migrantes ilegales, miembros de minorías raciales y étnicas.

Según los estudios realizados por las integrantes de la organización de mujeres La Casa del Encuentro, en este negocio se puede hallar la estrecha asociación entre la etapa del capitalismo actual y el patriarcado. Las zonas que definen los destinos de las mujeres, son las rutas de mayor actividad económica por excelencia. Por ejemplo, la ruta del petróleo en la zona patagónica, la de la soja, la del turismo carretera en Córdoba, los festivales, etc., lugares donde se garantiza la masiva presencia de “clientes”.

La falacia de la persecución del delito

En abril del 2008 se aprueba la Ley Nacional 26.364, para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sin embargo rápidamente las organizaciones sociales que venían trabajando sobre el tema denunciaron que no garantizaba la persecución del delito y dejaba espacios que generaban y consolidaban la impunidad con la que se mueven los tratantes en territorio argentino.

Claramente los números dan cuenta de la falta de eficacia en el desbaratamiento de las redes mafiosas, según datos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación desde 2008 rescataron a 654 mujeres (entre ellas 149 eran niñas de entre 12 y 18 años), desde ese momento hasta el 31 de mayo de 2010, se detuvieron a 543 personas acusadas de formar parte de las mafias dedicadas al tráfico de personas, aunque se dieron sólo 5 condenas firmes, en las provincias de Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe y Misiones y ninguna de estas involucra a un tratante. “La mayoría de las personas que quedaron detenidas son perejiles y no fueron condenados a más de cuatro años de prisión”, explica Mercedes Assorati coordinadora del programa Esclavitud Cero, de la fundación El Otro.

El cuestionamiento a la ley radica principalmente en que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la mujer para ser tratada como esclava, presumiendo que alguien puede elegir ser victimizada renunciado a su propia vida, a su propio cuerpo y a su libertad; por otra parte también se discuten las bajas penas aplicadas a los proxenetas y tratantes que derivan en la posibilidad de excarcelación. Estos y otros aspectos están en discusión y prontos a ser tratados nuevamente en el Congreso, pero aún se dejó afuera la posibilidad de gestionar un programa nacional que se ocupe integralmente de la asistencia a esta mujeres y niñas secuestradas, torturadas, maltratadas, explotadas por el accionar de la redes de trata con la complicidad del estado y una cultura patriarcal que las invisibiliza.

Dinero fácil, cuerpos ultrajados

El Noroeste y Norte argentino se presenta como una región de captación o reclutamiento de personas con fines de explotación, en su gran mayoría mujeres para explotación del comercio sexual, según el trabajo realizado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (UFASE) de la Procuración General de la Nación. Mientras que las provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego son caracterizados principalmente como lugares de destino, atento a la vinculación de las actividades económicas.

Amparados en sistemas de protección y corrupción policial, burdeles, juego clandestino y droga, funcionan libremente con la connivencia de funcionarios locales o incluso con la “regulación” de la actividad como si se tratase de un emprendimiento comercial lícito. En Río Gallegos, por ejemplo, la zona de prostíbulos conocida como Las Casitas funciona a la vista de toda la población; allí uno de los primeros allanamientos para el rescate de víctimas de explotación sexual fue posible por el accionar de una jueza que actuó en el lugar de captación, en la localidad de Sáenz Peña, en Chaco. Al respecto la magistrada chaqueña señala que este pueblo “es uno de los lugares de la provincia que constituye un foco de origen importante del delito de Trata, ya que la marginalidad, por la deplorable situación económica, cultural y educativa, constituye y un paisaje sumamente tentador para los que comercian con seres humanos debido a que en definitiva, no tiene alternativas diferentes.”

El lugar de destino tampoco guarda mejores oportunidades para estas mujeres, cuando una de ellas llegó a la terminal de Río Gallegos y el regente del prostíbulo conocido como El Deseo la fue a buscar, no tardó en informarle que “tenia una deuda de $ 620,000 lo cual era la suma de los pasajes y plata para consumir durante el viaje y que sí o sí tenía que pagarla.” Días después el proxeneta la mostró en la ciudad, primero ante el Comisario para tramitar la identificación que le permitiría sacar la libreta sanitaria en el Hospital, entonces “comenzó a sentir miedo y que no tenía escapatoria”.