YOLANDA MONGE | Washington 21/09/2010
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Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos no interviene en el último momento, a las nueve de la noche del jueves Teresa Lewis será ejecutada en el Correccional de Greensville (Virgina) con una inyección letal, método que la condenada a muerte ha preferido a la silla eléctrica. Si los recursos de última hora fallan, Lewis pasará a la historia con el triste honor de ser la primera mujer a la que el Estado de Virginia quita la vida en casi un siglo -ninguna mujer ha sido ejecutada desde 1912- y la primera ejecutada en EE UU desde 2005. Desde que el país restauró la máxima pena en 1976, 11 mujeres han sido ejecutadas y 61 esperan su turno en el corredor de la muerte.
En un país acostumbrado a la pena capital -con más de 1.220 homicidios legales desde 1976-, el caso de Lewis ha provocado una campaña de indignación que reclama clemencia para la condenada debido a que su coeficiente intelectual roza el límite establecido para considerar a una persona discapacitada mental (Lewis posee un 72 y el límite está en 70). En el año 2002, el Supremo declaró inconstitucional aplicar la pena de muerte a personas con retraso mental.
Teresa Lewis, 41 años, fue condenada a muerte por su colaboración en el asesinato mientras dormían de su marido y el hijo de éste el 30 de octubre de 2002 para cobrar el seguro de vida de ambos. Lewis nunca apretó el gatillo. Lo hicieron su amante, Matthew Shallenberger, y un tercer implicado, Rodney Fuller, quienes recibieron sentencias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional -Shallenberger se suicidó en la cárcel en 2006-.
La dura sentencia aplicada por el juez a Lewis -que la calificó con una referencia bíblica: la serpiente, la tentación- levantó críticas por parte de quienes consideraron que el género de la acusada había sido un factor que jugó en contra de Lewis. “Cuando las mujeres cruzan ciertas líneas y cometen crímenes atroces y se salen del papel que la sociedad les atribuye, son castigadas con más dureza y consideradas más diabólicas que los hombres”, asegura Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés)
El gobernador de Virginia, republicano y defensor de la pena de muerte, denegó la semana pasada la clemencia para Lewis ya que declaró que “ningún doctor” había concluido que padeciera retraso mental.
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, de visita en Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, ha usado el caso de Lewis como excusa para justificar la condena a morir lapidada de la iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani. “Una mujer está siendo ejecutada en Estados Unidos y nadie protesta”, dijo Ahmadineyad, para a continuación denunciar “la campaña mediática contra Irán” por el caso de Ashtiani.
El País