Publicado en RT: 5 sep 2017 12:58 GMT | Última actualización: 5 sep 2017 13:13 GMT
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La pregunta es simple: ¿se pueden empeorar aún más las condiciones de trabajo de los peruanos para competir con Brasil? Una experta analiza a fondo esa posibilidad y llega a una conclusión tajante.
Evelin Coloma Cieza, analista política y abogada por la Universidad de Lima, sostiene que el contexto laboral en Perú es bastante crítico y detalla una de sus principales complicaciones: “Solo el 30% de los trabajadores tiene acceso a una relación laboral formal”. Y aun así, profundiza, es esa “una formalidad cuestionada, pues en muchos casos se trata de empleos precarios o mal remunerados”.
“Más allá de tener acceso a beneficios sociales, se presenta mucho incumplimiento respecto de la seguridad y salud en el trabajo”, agrega. “Las labores son realizadas sin observar las medidas de seguridad y salud mínimas, que protejan a los trabajadores frente a los riesgos que pueda generar su actividad. Visto así, dentro de la formalidad también se aprecia informalidad”.
Coloma Cieza obtuvo un máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral en la Universidad Carlos III de Madrid, y conoce bien las relaciones entre patrones y empleados: “En el Perú, los derechos laborales mínimos que se reconocen en un contrato de trabajo no provienen de la autonomía colectiva, sino del Estado”, afirma.
Remarca que, en términos teóricos, “la Constitución de 1993 da un marco de economía social de mercado, el cual dirige las actividades económicas y las relaciones que la componen”. Y detalla: “El Estado garantiza los derechos básicos de los trabajadores, como por ejemplo la remuneración mínima vital, la [duración de la] jornada de trabajo y la protección especial de determinados actores, como las madres trabajadoras, adolescentes y personas que sufren discapacidad. Otorga protección frente al despido arbitrario, reconoce el descanso vacacional anual, un día de descanso semanal obligatorio y los feriados no laborables”.
Por otra parte, la académica destaca que aunque “el grueso de los trabajadores peruanos presta servicios de manera informal, la tasa de desempleo no es muy alta en comparación con otras economías”. Según interpreta, el principal obstáculo para lograr relaciones laborales menos perjudiciales es la falta de claridad normativa, la escasa intervención del Ejecutivo en su difusión y el desconocimiento generalizado.
“Una de las principales deficiencias de la legislación es la dispersión regulatoria, que genera muchos inconvenientes para los actores (empleadores y trabajadores). Estos problemas pueden derivar muchas veces en incumplimientos, que determinan la imposición de multas y la judicialización de los mismos, por el desconocimiento o difícil entendimiento de nuestras disposiciones. Esto tiene como antecedente la mala técnica legislativa y la inadecuada concordancia entre la ley y los reglamentos, así como la falta de promoción de las normas por parte del Estado”.
Motivos para una reforma
En ese marco, la abogada analiza las propuestas de llevar a cabo en Perú una profunda reforma laboral, y comienza por discernir lo que necesariamente debe estar en la base de todo cambio regulatorio. Las reformas laborales, dice, no son un tema que se circunscriba a lo legislativo, sino que atañen también al contexto en el cual se desarrollan las relaciones de trabajo en un país, el cual viene dado esencialmente por el tipo de Estado y su economía.
“Estas modificaciones pretenden cambios sustantivos en las relaciones de trabajo, apuntando a determinado objetivo, como pueden ser políticas para el cambio de la estructura social, la democratización de una sociedad o cambios en la perspectiva que tiene el Estado respecto de sus roles y los agentes económicos”. Además, expresa que “lo ideal en una reforma es que sirva como un instrumento importante, frente a una situación económica adversa, para reducir los efectos negativos sobre los empresarios y trabajadores”.
España y Brasil: ¿modelos obligados?
Coloma Cieza analiza las importantes reformas laborales cumplidas por Brasil y España para hacer más competitivas sus economías. Y comienza por esta última, “toda vez que Perú comparte muchas instituciones con ese país”
En la nación europea, “las reformas datan desde 1980. La última tuvo lugar en 2012, como consecuencia de la crisis económica. Dentro de las grandes reformas se pretendía bajar el costo salarial, con el objeto de que las empresas recuperaran competitividad. Otro factor fue el cambio de equilibrio entre los empresarios y las organizaciones sindicales: empoderar a los empleadores frente a los gremios, de tal manera que los convenios a nivel de empresa tuvieran mayor relevancia que los convenios por rama de actividad. Además, se permitieron cambios en los salarios y la reducción de los plazos de contratos de trabajo”, repasa.
Sobre el ‘Gigante de Sudamérica’, destaca que “no sólo atraviesa una crisis económica, sino que además se encuentra inmerso en un conflicto político e institucional”, y añade que “pese a la fuerte oposición gremial, su reforma fue aprobada el pasado mes de julio por el Parlamento, donde se modificaron sustancialmente muchas de las disposiciones laborales vigentes desde 1943, afectando los derechos de los trabajadores”.
La ‘amenaza’ brasileña
En momentos en que algunos economistas consideran que la competitividad así alcanzada por Brasil podría amenazar la economía peruana, esta experta da sus propias conclusiones.
Así, admite que “es innegable que un mercado que ofrece menores costos laborales resulta más atractivo para los inversionistas”, pero replica que “existen otros factores que pueden determinar el lugar en el cual dicha inversión se vea mejor garantizada”.
En ese aspecto, sintetiza: “Perú podría no verse afectado”. La letrada sostiene que el contexto del país inca “es diferente al que tuvo España en 2012 o al de Brasil actualmente”, y detalla: “No tanto por la situación de crisis económica, sino por las condiciones sociales y el modelo laboral, sobre todo en el desarrollo de las relaciones de trabajo”. Sostiene que las condiciones de los empleados peruanos son tan flexibles que tal vez no sea necesario montar un marco regulatorio más adverso.
Otro aspecto central de este contexto es la debilidad de los obreros a la hora de negociar con el Estado y los sectores patronales: “En Perú la presencia de las organizaciones sindicales no es tan relevante, como sí lo es en España. Aquí actúan de forma limitada”.
Y da de muestra un botón para evaluar el papel de los gremios en su país: “Interfieren en el Consejo Nacional de Trabajo (mecanismo de diálogo entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los sindicatos más representativos), cuyo principal producto ha sido el proyecto de la Ley General de Trabajo, el cual de aprobarse implicaría una de las grandes reformas en Perú. Sin embargo, está encarpetado hace más de una década, pese a que logró consenso en gran parte de sus disposiciones, casi en un 95%”.
Negociada entre varios sectores, esa reforma se estancó debido al “costo del despido arbitrario”, ya que “los representantes de los trabajadores pretendían incrementar el tope de la indemnización vigente, lo cual no correspondía a lo planteado por el lado de los empresarios”.
Desde entonces, añade, “no se ha podido avanzar en el debate sobre la ley, cuya aprobación resultaría importantísima para dar coherencia al marco regulatorio laboral en el Perú y contar con un texto único que sintetice y ordene nuestra legislación laboral”.
A pesar de la debilidad sindical, destaca la posición de la ciudadanía ante estos embates: “En los últimos años la sociedad ha manifestado su oposición a los nuevos regímenes laborales que se plantearon, como la reforma juvenil”. Sobre este punto, sostiene que “la población levantaría su voz de protesta frente a reformas que planteen la reducción de los derechos”.
Tensa calma
Actualmente, la mayoría de los trabajadores están en “una extrema precariedad”, y según relata la abogada, “el Gobierno anterior prometió grandes cambios y reformas en favor de los obreros, que no se dieron”.
Más recientemente, Pedro Pablo Kuczynski, que asumió la presidencia del país el 28 de julio de 2016, planteó cambios para la ‘flexibilización’ de las relaciones laborales. “Lo cual no se ha dado, pues las reformas laborales generan siempre la aceptación de unos y el descontento de otros. A eso se suman la presión política, la relación actual entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y que los líderes no quieran asumir el riesgo y costo político de una reforma, aunque existan expectativas en el sector empresarial y los trabajadores”.
Lo cierto, explica Evelin Coloma Cieza, es que a pesar de no haber sido modificada la ley actual, “el Poder Judicial introdujo medidas que endurecen la protección frente al cese injustificado, creando nuevos modelos de despido, consecuencias y formas de repararlos, más allá de lo regulado por las normas”.
“La Autoridad Laboral modificó su regularización interna, creando la Superintendencia de Fiscalización Laboral y el Tribunal de Fiscalización Laboral, endureciendo en determinado momento las infracciones a las normas laborales, y en otros reduciéndolas”, concluye la experta.
Con todo ello, y considerando los altos índices de informalidad en la clase trabajadora peruana, son muy pocas las garantías que quedarían por vulnerar. ¿Lo harán?
Leandro Lutzky
Fuente: RT