Una tarde Hilda ayudó a su madre a cargar cubetas con agua hasta su casa en Las Palmas, una zona rural de San Luis Potosí, México. El esfuerzo le provocó una hemorragia al día siguiente y, asustada, fue a un hospital a pedir ayuda.

No la encontró. Una doctora la acusó de haberse provocado un aborto, aunque la chica de 18 años lo negó. Luego le dijo que sólo le ayudaría si confesaba haberse tomado una píldora para interrumpir el embarazo. Adolorida, con la hemorragia cada vez más intensa, Hilda aceptó.

Horas después, vestida con una bata del hospital, la joven fue encarcelada por haberse provocado un aborto, algo prohibido en las leyes de San Luis Potosí.

“Empezaron a tomarme fotos, dijeron que era una asesina”, cuenta la chica en un video difundido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización civil a favor de los derechos de las mujeres.

Eso ocurrió en 2009. En ese momento el fiscal no pudo probar que el aborto había sido provocado y dejó libre a Hilda, pero hace unos meses un juez ordenó su encarcelamiento y después, sin audiencias de por medio, la sentenció a un año de prisión.

Los abogados de GIRE dicen que es una decisión injusta. “Fue condenada sin pruebas suficientes ni científicas que demuestren su responsabilidad en los hechos, y su confesión fue arrancada bajo presión médica y sin presencia de un abogado”, le explica a BBC Mundo Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica de la organización.

Actualmente Hilda cumple su sentencia en libertad, aunque GIRE solicitó al Tribunal Supremo de Justicia del estado que se le someta a un nuevo juicio imparcial donde pueda defenderse.

Castigar sólo a pobres

Casos como el de Hilda son comunes en México. Organizaciones civiles han documentado que desde 2009 decenas de mujeres han sido encarceladas porque su embarazo fue interrumpido.

No existe una cifra concreta pues México carece de un registro nacional de las mujeres en prisión por abortar. Las estadísticas corresponden a cada procuraduría (fiscalía) estatal pero son pocas las que lo hacen, dicen las organizaciones.

Muchas son acusadas de cometer homicidio en razón de parentesco, pero en las estadísticas locales no se hace una depuración. Eso hace muy difícil distinguir a las mujeres que abortaron, pues en ese delito se incluye a quienes efectivamente asesinaron a algún pariente.

Lo que es claro, aseguran las organizaciones civiles, es que entre las encarceladas abundan los casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos por enfermedad, desnutrición o por trabajar en el campo en condiciones insalubres, pero aún así fueron detenidas y recibieron sentencias de hasta 35 años en prisión.

En todas, el común denominador es que son mujeres pobres, le comenta a BBC Mundo Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres. “En este delito la justicia es selectiva, sólo focaliza sus esfuerzos para criminalizar a mujeres pobres. Es un dato que sucede en todo el país”, asegura.

Los médicos también contribuyen al problema, sobre todo en los casos donde las mujeres deciden interrumpir su embarazo pero fallan en el proceso.

Cuando acuden a algún hospital público los médicos, enfermeras o trabajadoras sociales las denuncian ante las autoridades.

“Hacen un tipo de tortura psicológica y emocional para que digan qué se hicieron, cuando lo que tienen que hacer en principio es salvaguardar la vida de las mujeres”, dice la activista.

“Ellos no tienen que denunciar, aunque tuvieran la sospecha de que están frente a un delito es una presunción, no tienen por qué criminalizar o juzgar”.

Criterios

En México el aborto está permitido bajo ciertas condiciones: cuando el embarazo es producto de un abuso sexual, por riesgo de muerte de la madre, malformaciones congénitas o genéticas del feto, inseminación artificial no permitida o en los casos de los llamados “abortos imprudenciales”, que suceden por accidente, enfermedad o porque su cuerpo rechaza el embarazo.

El problema es que se aplique la ley, advierte Alma Beltrán de GIRE, pues en muchos casos los médicos o autoridades locales no permiten que el embarazo se interrumpa incluso en los casos de violación o riesgo de salud.

Y es que no existe una norma que les obligue a cumplir con esas disposiciones. Hacerlo o no está bajo su criterio, coinciden las activistas. Así, muchas mujeres sentenciadas por cometer un aborto cumplen su pena en libertad, mientras que a otras se les acusa de homicidio en razón de parentesco considerado delito grave y por ello pueden pasar hasta 25 años en la cárcel.

La decisión de elegir entre un delito y otro depende de los fiscales quienes frecuentemente tienen prejuicios respecto al problema, asegura la directora de Las Libres.

Además la legislación sobre el tema varía en el país. En 17 de los 32 estados se protege a la vida desde el momento de la concepción, mientras que en Ciudad de México se permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

En el fondo, la diferencia en la aplicación de las leyes es una forma de criminalización a las mujeres, especialmente en condición de pobreza o con escasos estudios, asegura Verónica Cruz.

Su organización, por ejemplo, ha documentado muchos casos en regiones indígenas de Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí, así como en municipios marginados de Guanajuato.

Allí “las mujeres no tienen nunca la posibilidad de demostrar su inocencia”, insiste. Eso ocurrió con Hilda a quien las acusaciones que enfrenta la causaron un daño difícil de reparar.

“Ya no puedo salir igual que antes sin que me juzguen o sin que me señalen”, cuenta. “Quisiera estudiar, quisiera llegar a ser alguien en la vida”.

11 cubanos han muerto a manos de otros cubanos que vieron la posibilidad de ganar un poco de dinero fácil robando alcohol en su centro de trabajo para venderlo después en el mercado negro. No es la primera vez que ocurre y probablemente no será la última.

Durante la crisis de los 90 estuve en un pequeño pueblo de la provincia de Matanzas, donde un vendedor de frituras mató a decenas de sus vecinos y a su propia hija porque sus “proveedores” trasladaron la materia prima en sacos de insecticida.

Más recientemente una treintena de enfermos mentales murieron de hambre y frío porque un grupo de bandidos con títulos de médicos y enfermeros vendían en el mercado negro los alimentos que Salud Pública enviaba para los pacientes.

Una vez vinieron a la puerta de mi casa a vendernos leche en polvo y cuando preguntamos por su calidad el vendedor nos respondió muy satisfecho: “es de primera, nosotros la sacamos de la escuela especial”, en otras palabras se la robaban a los niños minusválidos.

Los especuladores no tienen alma, durante la crisis económica aprovecharon el hambre para vender aves carroñeras como pollo, milanesas hechas de trapo de piso, pizzas cubiertas de condones derretidos en lugar de queso y hasta riñones humanos robados de la morgue.

Pero lo cierto es que aun hoy es difícil vivir al margen del mercado negro, es imposible adquirir legalmente madera, acero para rejas, oxígeno y acetileno para reparar la carrocería de un automóvil y a veces “se pierden” de las tiendas la pasta de afeitar, el champú, las colchas de piso o los pañales.

Los altos precios y la mala calidad de la ropa y zapatos que venden las redes comerciales del Estado han provocado que florezcan las tiendas particulares abastecidas con prendas que llegan de contrabando desde Ecuador, Miami, Panamá e incluso Rusia.

Es más fácil y más barato comprar un aire acondicionado o un televisor en la página web “Revolico”, una página de anuncios clasificados en Cuba, que en las tiendas del Estado. Incluso tienen mejor garantía porque estos particulares temen que se les acabe el negocio si son denunciados por un cliente.

De una u otra forma es la ineficiencia del sistema comercial estatal la que nos empuja a todos a los brazos de los especuladores, nadie puede vivir sin caer en sus manos en algún momento para resolver necesidades a las que no hay otra forma de acceder.

Pero casos como este nos recuerdan que lo más grave del mercado negro no son sus repercusiones económicas o morales sino los peligros que implica para la vida la existencia de un sector económico tan importante sin el menor control sanitario.

En este sentido, una de las grandes ganancias de la apertura económica al trabajo por cuenta propia es que saca de las sombras a muchísimos productores clandestinos y, al hacerlos visibles, le permite a Salud Pública y a otras instituciones realizar los controles pertinentes.

Reducir el mercado negro siempre fue una prioridad del gobierno pero el uso sistemático de la policía no ha dado resultado. Ahora parecen proponerse otros caminos como la creación de mercados mayoristas que eviten la escasez temporal de productos.

Faltan aún otros pasos importantes, como la creación de tiendas para los autónomos con la variedad que reclama el mercado, con precios competitivos y con las calidades requeridas, una oferta tan atractiva como para garantizar que comprarán allí sus insumos.

La reducción del mercado negro o el fin de la escasez no es una garantía de que no habrá más casos como el que Cuba acaba de vivir. En España no faltaba nada en las tiendas cuando vendieron aceite de colza a la gente, provocando miles de intoxicados.

Por lo pronto las autoridades deberían revisar el sistema de reclutamiento y formación de sus empresas de seguridad, porque los guardias que sustrajeron el metanol no son una excepción, yo mismo he visto como muchos de ellos dejan robar a cambio de una “comisión”.

Si algo positivo se puede sacar de esta experiencia es la investigación paralela realizada por la prensa nacional para informar a la población. Es algo novedoso que podría marcar los primeros pasos hacia el objetivo de convertir los medios en un servicio público.

La divulgación periodística es clave, acerca a los cubanos a las causas del problema, les muestra cómo se produce, su costo humano y las consecuencias para los implicados. En casos como estos hacer pensar a la ciudadanía es una labor preventiva de primer orden.

Fuente: BBC Mundo