Alberto Nájar
BBC Mundo
La Ley 779 ha provocado protestas de hombres que la llaman “discriminatoria”.
Nicaragua vive una inusual polémica: grupos de hombres protestan contra la ley que combate la violencia de género contra mujeres. Y al mismo tiempo organizaciones feministas salen a las calles para defender la legislación.
El centro de la disputa es la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, conocida como Ley 779, que establece sanciones de hasta 30 años de prisión a los hombres que ejerzan violencia física o psicológica contra niñas, adolescentes y mujeres.
También prohíbe la mediación entre la víctima y el agresor, así como crea juzgados especializados en violencia.
Los inconformes, apoyados por organizaciones civiles y representantes de las iglesias católica y evangélicas, dicen que la legislación -que acaba de cumplir un año de vigencia el 22 de junio- rompe el principio constitucional de igualdad.
Los hombres acusados de agredir a mujeres, afirman, son procesados por jueces especiales y no en los mismos tribunales que el resto de los nicaragüenses.
Violencia
Nicaragua vive una intensa polémica por ley contra la violencia a mujeres (Fotos cortesía Movimiento Autónomo de Mujeres)
“A un hombre por ser hombre lo mandan a un juez de excepción, es humillante porque ataca el valor supremo de la dignidad”, le dice a BBC Mundo Danilo Martínez Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos de Nicaragua (Adanic).
Pero los defensores de la norma advierten que ni siquiera la Ley 779 detiene las agresiones de género, ni mucho menos los asesinatos de niñas, mujeres y adolescentes.
“No es cierto que hay una cacería en contra de los hombres, al contrario, lo que reclamamos es que ha sido insuficiente”, afirma a BBC Mundo Azalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
“No es cierto que hay una cacería en contra de los hombres”
Azalea Solís, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua
“A pesar de la existencia de ley todavía no tenemos suficiente garantía de vida”.
De acuerdo con la Comisaría de la Mujer y Niñez de Nicaragua, en ese país se presenta un promedio de 97 denuncias al día por delitos relacionados con violencia a las mujeres.
Además, según la Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua, hubo 83 femicidios desde que se aprobó la legislación.
Corte Suprema
La Ley 779 tiene un año en vigor, pero recientemente la polémica se desató porque se hicieron públicas varias solicitudes ante la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional a la norma.
Organizaciones defensoras de mujeres intensificarán las protestas en pro de la Ley 779
La Adanic es uno de los promotores del juicio. Danilo Martínez asegura que no están en contra de los derechos de la mujer, sino en el procedimiento para juzgar a sus agresores.
“El hecho de que sean llevados ante un juez adoctrinado bajo una perspectiva de género, ya sesgada la visión a favor de la mujer y en contra de los hombres, es como una revancha”.
Según medios nicaragüenses la Ley 779 ha provocado un largo e intenso debate entre los ministros de la Corte, e incluso la magistrada Alba Luz Ramos admitió que la norma podría ser modificada.
Una alternativa sería establecer la mediación en los casos de delitos leves, donde no existan lesiones y la sanción contemplada no exceda un año de prisión.
Pero el Movimiento Autónomo no está de acuerdo. “No existe violencia contra las mujeres que sea mínima”, recuerda Azalea Solís.
La mediación no detiene a la muerte: según el Movimiento el 33% de las mujeres asesinadas habían aceptado la mediación.
En muchos casos la conciliación implica perdonar a los agresores, y en consecuencia diluye la posibilidad de un castigo.
“La violencia no se ha detenido y tampoco se ha puesto coto a la impunidad. Realmente es muy poca la cantidad de hombres que están detenidos por esta ley”, insiste la activista.
Jueces
“A un hombre por ser hombre lo mandan ante un juez de excepción”
Danilo Martínez, Asociación Democrática de Abogados
Mientras, las organizaciones de mujeres de Nicaragua se preparan para intensificar las protestas.
Uno de los argumentos centrales es que la legislación se aplique por completo pues, por ejemplo, muchos jueces aplican la mediación entre víctima y agresor, a pesar de que está prohibido.
En el fondo, señala Azalea Solís, el problema es que en algunos sectores del país aún se mantiene una visión conservadora sobre el papel de las mujeres.
“Principalmente algunos sectores de la Iglesia Evangélica –que son los que recaban firmas contra la ley- consideran que hay un rol tradicional que la mujer debe cumplir”, explica. “Pero no se cuestionan que la violencia es parte de ese mismo rol”.
Fuente: BBC Mundo