Las cifras dan señal de alarma: en menos de dos años, 700 jóvenes y niñas desaparecieron en el entramado de presuntas redes de proxenetismo en Argentina. Un promedio de dos por día, en un país que se ha convertido, a la vez, en lugar de tránsito y destino para la prostitución ilegal.
Redes inextricables de dinero y poder, de corrupción y connivencia, de esclavitud y dominación. Según Naciones Unidas, la trata es el tercer comercio ilegal global después del narcotráfico y la venta de armas. Y va en aumento.
Para revertirlo, el Congreso argentino debate cómo modificar la vigente Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, que no por nueva –fue sancionada en abril de 2008- parece estar a tono con la época, según denuncian organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia.
El debate incluye una propuesta polémica: sancionar el consumo de prostitución como un modo de frenar la captación forzada de mujeres. Más precisamente, penalizar a los clientes que entreguen “dinero o bienes” a cambio de servicios sexuales.
clic Participe: ¿Prohibir la prostitución?
Oferta y demanda
El respaldo a la medida no es de orden moral, dicen sus responsables, sino una cuestión de mercado.
“Si no existiese quién pagase no habría prostitución, y si no existiese prostitución no habría trata. La trata es simplemente una consecuencia de la falta de oferta ante una demanda creciente”, señala a BBC Mundo Viviana Caminos, coordinadora de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT).

Manifestación en Argentina contra el tráfico sexual, tercer comercio ilegal según la ONU.
En el país, la práctica de la prostitución no es ilegal si se ejerce a título individual. Pero sí está penado el beneficio comercial por parte de terceros y, aunque prostitución y trata no son la misma cosa, una no existiría sin la otra.
El psicoanalista Juan Carlos Volnovich, autor del libro “Ir de putas”, señala que poner el foco en las mafias y los proxenetas es una manera de “invisibilizar” la trata y aliviar la responsabilidad de aquellos que, como clientes, la fomentan aún sin quererlo.
La propuesta de criminalización del cliente se basa, según los expertos, en el modelo aplicado en Suecia, por el que las autoridades nórdicas lograron reducir en un 80% los delitos de explotación sexual.
Pero, en su versión Argentina, la reforma exige destapar la realidad de los prostíbulos: aunque prohibidos por ley desde comienzos del siglo XX, en todo el territorio operan bajo títulos eufemísticos, como pools o whiskerías.
“En estos sitios hay mujeres contratadas bajo la figura de “alternadoras”, a las que se les exige un carnet sanitario con control ginecológico. O sea que la finalidad es evidente”, expresa la diputada Cecilia Merchán, una de las impulsoras de los proyectos.
¿Libre elección?
A las que dicen que caemos en esto porque no podemos elegir, les contestamos que eso es subestimarnos. ¡Como si fuéramos tontas! Nosotros elegimos este trabajo y no por eso no es digno. Elena Reinaga, secretaria general de AMMAR

La primera reacción contra el modelo provino de las mismas prostitutas, agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), que reporta 4.000 integrantes.
“No estamos de acuerdo con penalizar al cliente porque consideramos que eso nos va a exponer a mayor clandestinidad a las que sí estamos en este trabajo por consentimiento propio”, declara a BBC Mundo la secretaria general del sindicato, Elena Reynaga.
Esa clandestinidad tendría efecto directo sobre cuestiones de salud y seguridad.
La persecución de los consumidores –dicen- generaría mayor represión policial y limitaría la capacidad de defender derechos básicos como el uso obligado del condón en el cliente.
¿Explotadas o subestimadas?
¿Pueden ellas, como trabajadores del sexo, consentir a lo que muchos consideran como esclavitud de género? Las propuestas de reforma legislativa no han hecho sino recalentar el debate.
Para las organizaciones no gubernamentales, no puede hablarse de “libre elección” porque muchas de quienes optan por comercializar su cuerpo entraron al mundo de la prostitución por falta de opciones. La pobreza, la marginalidad y el desempleo son, al decir de los especialistas, caldo de cultivo para una potencial explotación sexual.

La criminalización del cliente redujo en un 80% los delitos por explotación sexual en Suecia.
“No hubo un consentimiento real porque lo que les faltó fue un sistema de protección, en la infancia o al salir al mundo laboral, y el Estado no les da respuestas. Luego dicen que es lo que quieren porque es el único mundo que conocen”, señala Fabiana Túñez, de la organización feminista La Casa del Encuentro.
La socióloga Silvia Chejter, especializada en temas de trata, va más allá: considera que la noción de prostitución como “trabajo” representa para las mujeres un modo de inclusión social que, aunque estigmatizado, las inserta en el ciclo económico-productivo.
Ante el análisis, la dirigente de meretrices Reynaga tiene una respuesta tajante.
“A las que dicen que caemos en esto porque no podemos elegir, les contestamos que eso es subestimarnos. ¡Como si fuéramos tontas! Muchas compañeras de Ammar venimos de un contexto de desigualdad, pero no somos las únicas: el cartonero, el albañil, la empleada doméstica también optaron por lo que pudieron en un marco de falta de oportunidades. Nosotros elegimos este trabajo y no por eso no es digno”, argumenta.