Recientes investigaciones del Ministerio de Salud evidencian una situación que afecta la salud de los niños y niñas de todos los estratos sociales.

DETALLE

Está prohibido por el reglamento de lactancia: Donaciones de Sucedáneos de la Leche Materna, muestras y suministros gratuitos. Está prohibida la promoción al público: Están prohibidos los regalos a las madres y a los trabajadores de la salud. Está prohibida la promoción comercial en los establecimientos de salud. Atenciones especiales a profesionales de la salud, ni eventos científicos auspiciados por compañías. Los subsidios financieros para profesionales de la salud que trabajan con lactantes y niños pequeños no deben crear un conflicto de intereses.

Las arbitrariedades en salud en el Perú persisten. Se ha hecho público un monitoreo del ministerio de salud que comprueba que no sólo en clínicas, sino en los hospitales estatales y de Essalud, la industria farmacéutica sigue penetrando con el objetivo de arrancar al recién nacido uno de los momentos clave del desarrollo de la vida que se inicia: la lactancia materna.

Mediante “estímulos”, médicos, enfermeras y técnicos fungen de promotores de la leche en fórmula, manipulando la voluntad de la madre con alguna treta, para que ésta acepte que a su hijo se le dé leche química en las primeras horas y días de vida.

Se trata de un acto injustificable, ya que interrumpir la lactancia en los primeros momentos trae consecuencias irreversibles, que por un lado afectan la salud del niño y por otro atan a la familia a que deba comprar en las farmacias durante largos periodos la leche química.

Si se tiene en cuenta que sólo el 3% de los recién nacidos requiere la fórmula, y eso se contrasta con la demanda que se viene generando irregularmente, es claro que existe una planificación para obtener ganancias indebidas en desmedro de la salud de los niños y niñas peruanos.

Estos hechos se suman a una cadena de arbitrariedades que la organización sanitaria nacional permite que se den. Mínimo acceso a medicamentos genéricos en las cadenas de boticas, negligencias sin resolverse, Seguros con exclusiones que desprotegen y endeudan al asegurado en el momento en que más requiere una atención, reconocidas clínicas cómplices del tráfico de órganos, miles de cesáreas innecesarias urdidas desde las EPS en connivencia con médicos que cobran más por éstas (ver recuadro); y así, el rosario se extiende.

Zapatero a sus zapatos
Esta situación es producto de la progresiva abdicación de la autoridad sanitaria frente a los agentes de la salud. ¿En qué sentido? El director de promoción de la salud del Minsa en un reciente reportaje aparecido en Caretas, señala que se ha exhortado a hospitales y laboratorios para que se cumpla el reglamento sobre lactancia materna, y añade que también se ha informado a Indecopi. El asunto es que el ministerio de salud sí podría sancionar y hasta suspender la comercialización de la leche de fórmula, pero existen influencias mayores que frustran los intentos de sancionar a las transnacionales por situaciones comprobadas como esta. En el caso de los trabajadores del ministerio que promueven esta situación, sí se podría obrar con mayor decisión.

La alusión a la intervención de Indecopi en el caso de le leche o en relación al precio de los medicamentos, permite visualizar el fondo del asunto. Es decir, si las autoridades de salud señalan que es Indecopi quien tiene competencia sobre estos temas, tácitamente estarían aceptado que se trata de un asunto de mercado y de libre competencia, y no de derechos/libertades, en los que el Estado sí puede aplicar las leyes una vez producidos los abusos tipificados.

¿Es la salud un asunto de derechos/libertades o un asunto de mercado? Es claro que justamente la salud pública es un asunto público, que puede tener cierta influencia de las leyes del mercado, pero nunca depender o someterse a éste; no hay evidencia en el mundo que demuestre que la lógica de mercado en salud produce mayor equidad que la lógica pública.

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Estas situaciones que parecen aisladas, se vienen convirtiendo en regla en la salud pública, debido entre otros factores a la vulnerabilidad de los trabajadores y estudiantes de salud frente a los intereses de la industria farmacéutica y otros. Se crea así una complicidad entre aquellos que “estimulan” a los trabajadores para inducir el consumo de determinados productos o medicamentos, y la organización sanitaria que no es capaz de afrontar decididamente estas intensiones.

Si se entendiera que la inversión en salud pública y la organización de un sistema realmente universal redundan en el propio desarrollo económico, las cosas podrían variar. Lograr un sistema de salud que proteja a los ciudadanos frente a sus necesidades, y básicamente promocione la salud para evitar la enfermedad, hará que los gastos de la gente aminoren con dos consecuencias: más dinero de las familias para el consumo o la inversión, y una sociedad más sana y por ende preparada para competir en el escenario global.

La inversión y el ordenamiento de la salud serán un ahorro para el país, ya que las enfermedades (producidas sobre todo por las condiciones de vida) son una de las principales causas de empobrecimiento de las familias peruanas. En el desorden y precariedad actual, los beneficiados son aquellos que pretenden que la salud se compre en el mercado, como si se tratará de un rábano o de un DVD. No, la salud es un proceso cultural mucho más rico y las posibilidades de sobre esa base lograr un país cohesionado son reales.

Alexandro Saco
Colaborador

La Primera

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