Introducción necesaria para comprender al aprismo.

Escribir sobre el sistema de partidos políticos en el Perú contemporáneo implica hacer referencia a su fuerza política más antigua, cuya trayectoria histórica ha estado matizada por las polémicas en torno a su carácter (1) y que ameritan otro artículo. El Partido Aprista Peruano (PAP), fundado en 1930, fue la concreción práctica de aquella idea expresada por el líder populista peruano Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924 de crear un frente continental de trabajadores manuales e intelectuales para luchar contra los imperialismos y por la unidad política latinoamericana.

El PAP era la vertiente peruana de la Alianza Para la Revolución Americana (APRA) y su fundador lo describiría como un “partido democrático de izquierda”. (2) El propio Haya de la Torre estuvo a punto de ser presidente del Perú en los inicios de aquella década y un fraude electoral que favoreció al dictador Sánchez Cerro lo impidió, dando paso a la búsqueda del poder por la vía armada, fracasada tras la sublevación de sus militantes y de elementos de la armada en Trujillo, ciudad costera del norte peruano e histórico bastión político del aprismo, lo que gravitó negativamente en las relaciones de este partido con las fuerzas armadas peruanas en la mayor parte del siglo XX.

En las décadas siguientes el aprismo partidista transitó paulatinamente de una postura de radicalismo antioligárquico y antiimperialista hacia posiciones conciliadoras con la oligarquía aliada y subalterna a los intereses de las potencias capitalistas. Como rechazo a la llamada Convivencia que existía entre la dirección del PAP y el gobierno derechista de Manuel Prado (3), el sector aprista más radical bajo el liderazgo de Luis de la Puente Uceda creó el APRA Rebelde en 1959 y tres años más tarde se transformó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), iniciando una lucha guerrillera a mediados de los años sesenta que aunque fracasó militarmente alimentó la conciencia crítica de los oficiales que junto a Juan Velasco Alvarado protagonizaron la Revolución Militar Peruana desde 1968 hasta finales de los setenta. (4) De La Puente Uceda, pese a su origen político, es al mismo tiempo una víctima de la alianza entre el aprismo y los partidos oligárquicos en el legislativo peruano, pues la muerte cruenta que recibió, su decapitación y posterior desaparición de sus restos mortales, pudo ser consecuencia del proyecto de ley presentado por la bancada aprista que establecía “la pena de muerte para todos los insurrectos del 65”. (5)

Es importante señalar que la animosidad entre el APRA y las Fuerzas Armadas era recíproca, compartiendo por regla general los apristas la oposición al gobierno velasquista junto a la oligarquía. La excepción fue el ex guerrillero mirista Carlos Delgado, ex secretario personal de Haya de la Torre, quien trabajaría en el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), la entidad política que a falta de un partido creó el gobierno de Velasco para establecer una relación eficaz con la población. Aunque Haya de la Torre trataría de establecer un acercamiento con los velasquistas, a quienes consideraba ejecutores de parte de las propuestas históricas del aprismo, llegando a afirmar públicamente:

“…a los que han tomado el gobierno por la fuerza, (…) podemos decirles: los podemos ayudar (…) no se nos califique de partido hostil, hostil no podemos serlo contra un programa del que nosotros somos padres y creadores.” (6)

Sería el sucesor de Velasco Alvarado, el general Francisco Morales Bermúdez quien daría un giro a la derecha y en 1976 comenzaría a tratar con el PAP un retorno del gobierno a manos civiles. (7) Ello le posibilitó a los apristas controlar el proceso constituyente, presidido por Haya de la Torre y donde el joven Alan García ya jugaba un papel protagónico como delfín del fundador del APRA, que tuvo como culminación la aprobación de una Constitución Política en 1979. Sin embargo Haya enfermó gravemente antes de concluir la redacción de la Carta Magna, perdiendo el PAP su mejor opción para la candidatura presidencial en los comicios de 1980 donde resultaría electo por segunda ocasión Fernando Belaúnde Terry. (8)

El primer gobierno del APRA: ¿“sólo el APRA salvará al Perú”? (9)

El voto favorable a un presidenciable aprista en 1985 de casi el 50% del padrón electoral reflejaba un castigo hacia la derecha conservadora responsable de la desacertada respuesta estatal a la violenta irrupción del Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) en la escena pública a partir de 1980. Sin embargo, el APRA era corresponsable de haber apoyado con su bancada parlamentaria al sector oficialista de Acción Popular en el Senado cuando propuso que la subversión armada (‘terrorismo’) debía ser considerada como “traición a la patria”. (10)

La población peruana tuvo la posibilidad de definir un presidente con un discurso clasista (Alfonso Barrantes de Izquierda Unida) o la opción aprista que desde lo nacional y popular aparecía distanciada de la polarización social y a favor de la estabilidad. Cuando Alan García asumió la presidencia por primera vez en 1985 venía rodeado de un discurso progresista y de transformación social que generó expectativas de cambio. Uno de los actores del conflicto armado interno, el insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), anunció el día de su toma de posesión que no realizaría inmediatamente acciones militares contra este. (11) En relación a las amplias facultades que había otorgado el gobierno de Belaúnde a las fuerzas armadas y policiales para reprimir la “guerra popular” de Sendero Luminoso, el nuevo presidente criticaba la sistemática violación de los derechos humanos y de las normas de derecho internacional humanitario que afectaban especialmente a la población civil no combatiente de origen indígena que habitaba en los departamentos andinos. Alan García anunciaba en su primer discurso como mandatario:

“La ley será aplicada con severidad, también para quienes violen los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura y por abuso de su función, pues para luchar contra la barbarie, no es preciso caer en la barbarie.” (12)

Sin embargo, este enunciado a favor de la legalidad en la actuación de las fuerzas militares y policiales en la represión de los actores armados antigubernamentales fue puesto a prueba. El gobierno de Alan mostró rápido una predisposición a calmar la desconfianza histórica de las fuerzas armadas hacia el aprismo autorizando o tolerando los excesos que se cometieron en su primer mandato. Consta que en más de una ocasión las tensiones entre los uniformados y el Ejecutivo estuvieron a punto de desembocar en un golpe de Estado.

Por esa época el PAP se distanció del discurso y creó su propia organización paramilitar, el Comando Rodrigo Franco (CRF), que utilizó para victimar a quienes consideraba partidarios o aliados del PCP-SL, incluyendo militantes de las diversas organizaciones que componían a la Izquierda Unida. Así es como bajo el liderazgo de Agustín Mantilla Campos, quien sería el Ministro del Interior en el primer gobierno de Alan García, el PAP organizó a partir de 1983 el reclutamiento de estudiantes afiliados al aprismo en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega para crear ‘cuerpos de seguridad’ que protegieran a los líderes del aprismo. A partir de 1985, convencidos de que el marco jurídico era insuficiente para amparar a las fuerzas estatales en su enfrentamiento contra la insurgencia armada del PCL-SL y del MRTA (13), estos militantes apristas con la participación minoritaria de elementos de las fuerzas policiales se constituyeron en escuadrón de la muerte amparados de impunidad “pues estos casos siempre se investigaron deficientemente sin que se haya impuesto sanción alguna por los mismos.” (14)

La debilidad de Alan frente a las fuerzas armadas, tan evidente en las ironías del suplemento humorístico ¡No! Del semanario ¡Sí! que dirigía el periodista César Hildebrant o en los análisis de la revista de DESCO Quehacer, quedó expuesta durante la crisis de los penales en 1986. En el mes de junio de ese año se reunió en Lima el XVII Congreso de la Internacional Socialista (IS), momento aprovechado por los senderistas presos en los diferentes penales limeños para reclamar sus derechos, tomando rehenes en cada centro penitenciario, lo que desembocó en uno de los hechos más sangrientos registrados durante los años más intensos del conflicto armado interno.

La represión desatada por las fuerzas armadas, especialmente por la infantería naval de la Armada Peruana, provocó un amplio rechazo por la ejecución extrajudicial de muchos presos de SL que se rindieron ante la superioridad de los militares. Sólo en años recientes se filtró a la prensa peruana que la ejecución de los prisioneros casi fue sugerida de modo ambiguo por el propio presidente Alan García en una reunión de emergencia del Consejo de Ministros el 16 de junio de 1986. Unos días después el presidente aseguraba que “el orden había sido restablecido y la autoridad restaurada en los penales, a un costo muy elevado de muertos, lo que significa un precedente de cómo debe actuar un gobierno democrático en el marco de la ley, pero con autoridad para restablecer el orden” (15). El venezolano Carlos Andrés Pérez fue en esas circunstancias el aliado más solícito de Alan García, obrando de vocero ad hoc del gobierno peruano ante los delegados al Congreso de la IS. (16) No es de extrañar que autorizara una represión peor: la del “Caracazo” en 1989.

En opinión del periodista peruano Gustavo Gorriti, la matanza acaecida en los penales es un momento cumbre para el PAP y Alan García. Este comprendió que la herencia histórica de lucha armada del APRA no era suficiente capital simbólico, ni como referente para interpretar al PCP-SL ni para negociar con esta fuerza política. Y en ese sentido, prevaleció en ese instante una vertiente ‘fascista’. (17)

En el marco de una investigación congresional presentada por la minoría de izquierda y bajo la dirección de Rolando Ames, se presentó un informe que estableció la responsabilidad de mandos militares y funcionarios civiles de alto rango en la comisión de delitos de lesa humanidad durante el operativo militar de recuperación de los penales. Dicho informe fue archivado por la mayoría aprista en el legislativo peruano. Al inicio del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, los legisladores de izquierda presentaron varias acusaciones constitucionales contra Alan García que fueron archivadas por un acuerdo político de los bloques legislativos del PAP y de Cambio 90 (el movimiento que aglutinó al fujimorismo naciente), con el apoyo de diputados del Partido Popular Cristiano – PPC (a quien pertenecía Lourdes Flores Nano, la actual líder de Unidad Nacional – UN, quien si fue partidaria de acusar a Alan García por corrupción). (18) La colaboración entre el aprismo y el fujimorismo se remonta al apoyo que los primeros otorgaron a Alberto Fujimori para que derrotara a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta electoral.

Al finalizar su primer mandato, Alan había logrado disolver las simpatías que generó al ganar las elecciones. Dejaba un país sumido en una de las mayores hiperinflaciones que recuerde la historia mundial (7600%). Su intento de ganar protagonismo internacional quedando bien con deudores y acreedores, con la tesis de limitar los pagos anuales de la deuda externa al 10% de las exportaciones, había arruinado la posibilidad de concertar una posición común de los países deudores al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) para declarar ilegítima e impagable la deuda externa, pese a lo cual fue aislado por ambas instituciones. Súmese a ello un país sumido en el caos de una sociedad sometida al fuego cruzado del terror estatal de las fuerzas armadas de un lado y del terror polpotiano de Sendero Luminoso como contraparte.

Alan casi salió de la escena política por corrupción y el PAP pasó una etapa incierta de supervivencia luego del autogolpe fujimorista de 1992. Acusado el primero, asumió el papel de perseguido político y comenzó un largo exilio en Colombia que duraría nueve años. En el pasado Víctor Raúl Haya de la Torre había tomado la decisión de permanecer a resguardo de la persecución política, luego del fracaso de la insurrección armada de 1948, en la embajada de Colombia en Lima. ¿Paralelismo histórico casual o imitación del líder histórico del aprismo para presentarse como heredero legítimo de su épica? A beneficio de inventario quizás la primera, pero sospechemos de la segunda.

Crisis del aprismo en la década de los 90’ y resurgimiento postfujimorista.

En las elecciones de 1990, aquellas en las que un desconocido ingeniero agrónomo de origen japonés saldría vencedor, el PAP comenzó una década tortuosa. Su candidato, Luis Alva Castro apenas consiguió el 22% de los votos en primera vuelta, quedando fuera de la segunda votación que ganaría Alberto Fujimori frente a Mario Vargas Llosa, quien se había postulado por el Frente Democrático (FREDEMO), una alianza de derecha que prometía como programa económico un severo ajuste económico neoliberal.

Sin embargo, pese a la derrota de su candidato el aprismo se veía así mismo como una fuerza con la que el nuevo presidente tendría que contar, por su fuerza en el legislativo bicameral: 54 diputados de un total de 180 y 16 senadores de los 60 electos. La esperanza del PAP se difuminó luego del autogolpe que Fujimori propinó con sectores de las fuerzas armadas el 5 de abril de 1992, para deshacerse del freno que constituía para él la oposición legislativa.

Disuelto el congreso y sustituido por el Congreso Constituyente Democrático –CCD, fue redactada y votada la constitución vigente en 1993. A partir de ese momento, el aprismo pasó momentos difíciles. En 1995 su candidata a la presidencia, Mercedes Cabanillas Bustamante no pasó de obtener un paupérrimo 7,1% de los votos en las presidenciales, muy alejada del segundo candidato más votado, el ex Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar con 22%. De igual forma, en el nuevo legislativo unicameral, el PAP con 6,5% de los votos lograba solo 8 escaños en un congreso de 120 miembros. Peor fue en las elecciones del 2000, porque a pesar de ser notorio el fraude de Fujimori para reelegirse, el conteo de votos fue tan desfavorable para el candidato del aprismo que quedó en sexto lugar y perdieron dos puestos en el congreso.
Es cierto que la candidatura de Alan no pudo ser inscrita por una prohibición legal que fue levantada por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2001. Esto le permitió a Alan García presentarse como candidato por el PAP a las nuevas presidenciales donde fue electo Alejandro Toledo en segunda vuelta con un 47,5% de votos favorables al aprismo, que además ganó 29 de los 120 puestos congresionales. (19)

El retorno de Alan García a la política se produce después de una autocrítica a su gestión como mandatario ante los medios. Alan cuestionó varias medidas de su quinquenio de gobierno, declarándose partidario de un ajuste fiscal que no hizo y rechazando la estatización de la banca privada que implementó en su mandato:

“Otro concepto que requiere una revisión profunda es el concepto de la nacionalización de tierras e industrias. En un mundo caracterizado por la disminución de las barreras entre los países (…) hablar de la nacionalización ya suena casi obsoleto.” (20)

Aunque se mostró bastante cercano a la política económica de Alejandro Toledo, haciendo recomendaciones ocasionales, lo que si irritó profundamente a García fue la decisión de Toledo de ordenar la detención de los oficiales que participaron en la operación “Chavín de Huántar”. Y es que en 2001 y 2002 afloraron detalles de las ejecuciones extrajudiciales de al menos ocho tupacamaristas luego de su rendición tras la retoma de la residencia del embajador japonés en Lima en abril de 1997. Esta posición de ‘solidaridad’ con las fuerzas armadas también podría interpretarse como un velado respaldo a los crímenes de lesa humanidad que se imputan al ex presidente Fujimori. (21)

El retorno de Alan: ¿segundas partes fueron buenas?

En abril de 2006 la oligarquía transnacional peruana se horrorizaba cuando al término de la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales quedaba en primer lugar un casi desconocido candidato nacionalista cuyo pasado era militar: Ollanta Humala. Para la segunda vuelta se tejió una alianza para respaldar con los votos de la derecha a Alan García, nuevamente candidato del aprismo quien disputaría con Ollanta la presidencia del Perú. Los votos de Unidad Nacional y de la Alianza para el Futuro (fujimorista) tendrían un peso decisivo en el resultado final, confirmando la capacidad de la derecha de coyunturalmente cerrar filas en torno a un candidato que representa la continuidad del proyecto económico neoliberal iniciado por Fujimori y continuado por Toledo.

En el debate presidencial de Humala y Alan García el 21 de mayo de 2006, dos elementos trascendían. Aunque se trataron una diversidad de temas, Alan García fue muy cuidadoso de no pronunciarse sobre la cuestión de la ratificación del TLC firmado con Estados Unidos. En relación a la derogación de la Constitución de 1993, considerada ilegítima por haber nacido de un golpe de Estado, expresó:

“… estoy seguro que esa Constitución del 79 por la que voy a luchar y pelear, para que se restituya, no va a permitir ninguna dictadura ni autoritarismo.” (22)

Al cabo de casi cuatro años de su segundo gobierno, Alan García no ha promovido ningún proceso que culmine con la derogación de la Constitución de 1993, y su sustitución por la de 1979 o por una nueva nacida de un proceso constituyente. La Constitución vigente le ha facilitado la promulgación de normas jurídicas complementarias que legalizan la represión en contra de sus opositores.
En relación al ‘libre comercio’ entre Perú y Estados Unidos, el PAP ya había dejado por sentado en su programa de gobierno para las elecciones de 2006 su proclividad a apoyar el TLC con el país norteño. De forma cuidadosa y como parte de sus objetivos de ‘integración continental’, se enunció que en caso de convertirse en el partido de gobierno, el PAP aprobaría “…el TLC previo estudio a fondo de sus costos y beneficios para el país, para lo que se requiere la más completa información al respecto.” (23) En el debate programático, uno de los dos representantes por el APRA, Enrique Cornejo, fue más explícito:

“Vamos a apoyar un TLC con los Estados Unidos, pero un TLC que sea para todos y no para unos pocos, eso significa, TLC con compensaciones para los agricultores que pierden por los subsidios norteamericanos, (…)Con este esfuerzo lograremos un desarrollo con justicia social, con gobernabilidad democrática y paz social para que vengan las inversiones.” (24)

Quizás por esas indefiniciones tanto Lourdes Flores Nano como Ollanta Humala, opuestos partidariamente, reclamaron definiciones sobre el tema a Alan García cuando fue electo mandatario por segunda ocasión.

Pero en política la práctica es la que da la última palabra, más allá de los discursos y las declaraciones públicas. El 14 de diciembre de 2007, Alan García confirmó su giro cada vez más hacia la derecha y en alineación con Washington cuando firmó el TLC con su homólogo estadounidense. Por cierto, el ex presidente Bush. Jr, en funciones de mandatario en aquella época, luego de la firma y de un diálogo bilateral sobre la agenda internacional se refirió elogiosamente sobre el presidente peruano al decir: “¡Este es un hombre que sí entiende de las cosas!”. (25) Proviniendo la frase de un estadista tan ‘erudito’ no queda claro si Alan García tomó la frase como un halago o un insulto.

Para implementar jurídica y políticamente el TLC con Estados Unidos, valga decir, eliminando las resistencias de la oposición nacionalista y de la movilización social, el gobierno de Alan García no encontró una mejor vía que la de criminalizar la protesta. A ese efecto previamente aprobó 11 decretos legislativos (los comprendidos entre el 982 y el 992) en julio de 2007. A esos efectos, autorizó la inmunidad para la represión, cuando modificó el Código Penal y eximió de responsabilidad penal a las fuerzas armadas y policiales:

“Artículo 20º.-Inimputabilidad

Está exento de responsabilidad penal:
(…)
11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.” (26)

Pero también prohibió la participación de los funcionarios públicos en la protesta social, bajo la amenaza de inhabilitarlos políticamente, lo que sin dudas va dirigido en primer lugar a los congresistas y alcaldes del Partido Nacionalista Peruano y de los partidos de izquierda. Para la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH queda claro que semejantes decretos constituyen una “fuerte vulnerabilidad sobre los derechos humanos de los ciudadanos peruanos.” (27)

Este cambio del marco jurídico afectó posteriormente a las ONG’s internacionales que tienen a su vez domicilio legal en el Perú y que apoyan a las organizaciones sectoriales en el reclamo de sus derechos. El presidente Alan García remitió al congreso peruano un proyecto de ley para disolver las asociaciones que ha denominado ‘ONG’s violentistas’, porque según consta en la exposición de motivos estas personas jurídicas pueden desarrollar “actividades que contravengan no sólo el orden público o las buenas costumbres, sino también la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el principio de no intervención en los asuntos internos”. (28)

La poca capacidad o el interés nulo por solucionar mediante el diálogo los reclamos de las comunidades indígenas y los trabajadores peruanos afectados por la aplicación del TLC se hicieron evidentes en el manejo de la crisis que se provocó en Bagua en junio de 2009. En el 2008 Alan García se refirió peyorativamente sobre los sectores de la sociedad que se cuestionaban la forma en que debía ser armonizado el sistema normativo peruano para cumplir con las exigencias del TLC con Estados Unidos, calificándolos de “perros del hortelano”. (29) Para finales de ese año aprobó dos decretos legislativos, el 1064 (Régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario) y el 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), con los que lesionaba los intereses de las comunidades amazónicas.

La intransigencia del gobierno aprista, desnuda en las agrias sesiones de debate en el congreso (30), donde rechazaron reconsiderar el tema, incluso ante la inminencia del escalamiento del conflicto, llevó a un callejón sin salidas. Y aún después de la masacre de indígenas y policías, la bancada aprista con el apoyo de las bancadas fujimorista y la de Unidad Nacional sólo accedieron a suspender ambos decretos leyes en vez de derogarlos, “para dar paso a las consultas necesarias que permitan implementar los compromisos asumidos” (31) en el TLC. Y de paso ante las protestas de varios congresistas nacionalistas que permanecían en el hemiciclo, la Mesa Directiva del Congreso decidió sancionarlos a 120 días de suspensión.

Conclusiones

El giro a la derecha del APRA, sinuoso desde la época de Haya de la Torre, es ahora inequívoco. Alan García incluso ha reinterpretado el pensamiento de Haya, en una suerte de revisionismo y nueva interpretación dialéctica de la historia del APRA. En su libro “La revolución constructiva del aprismo”, García trata de establecer una continuidad entre su pensamiento y el de Haya para legitimar sus actuales decisiones políticas. (32)

A los problemas de orden interno, agravados por una política confrontacional que recurre con facilidad al uso de la fuerza, habría que agregar una política exterior alineada a Washington. A los frecuentes exabruptos con los gobiernos de cambio más radicales (con Venezuela por el asilo a varios opositores prófugos de la justicia; con Bolivia por su supuesta intromisión en los asuntos internos), se une el respaldo al presidente Uribe en el tema de las bases militares estadounidenses en Colombia (a las que se unirán otras que virtualmente ya operan en Perú).

Al parecer la mutación del APRA es definitiva con el liderazgo de Alan García. (33) Alejada de su historia primigenia, se ha convertido en la antítesis de la fuerza política que necesita el Perú del siglo XXI para superar la violencia del pasado, los miedos del presente y las incertidumbres del futuro. No hay voluntad política en el aprismo para reducir la exclusión social y terminar con la fragmentación regional del país. El APRA gobernante garantiza la política neoliberal del fujimorato y la represión. Alan García criticaba la derechización del laborismo británico de Tony Blair, diciendo que no era de la tercera vía sino que había descubierto la ‘cuarta vía’. Tan juicioso distanciamiento es insuficiente para esconder a la luz del sol el transfugismo político del APRA y de su líder, derecha disfrazada de socialdemocracia.
Notas:
1) Jorge Turner: “Notas sobre El antiimperialismo y el APRA”, en Ruy Mauro Marini y Margarita Millán (Coordinadores): La Teoría Social Latinoamericana Tomo I: Los orígenes, Ediciones El Caballito, México D.F., 1994, Pág.67 a 82. Ver también Christine Hatzky: Julio Antonio Mella (1903-1929). Una biografía, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2008, Pág.305 a 319.
2) La República: Dossier, Lima, 2 de agosto de 2009, Pág.2.
3) En 1962 la progresiva domesticación del APRA le valió estar a las puertas de la presidencia por segunda ocasión, pero las fuerzas armadas ejercieron su poderoso veto y reclamaron la existencia de un supuesto fraude electoral favorable a los apristas. Esto le abrió el camino a Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular a su primera gestión como mandatario. El posterior acercamiento del APRA y AP puede haber sido uno de los móviles menos visibles pero más urgentes para decidir al grupo de oficiales vinculados a Velasco a deponer a Belaúnde Terry en 1968.
4) Patricia Caycho: “El sepulcro escondido”, Caretas No.1889, Lima, 2 de setiembre de 2005, Pág.24 a 31 y 87.
5) José Luis Renique: “De la traición aprista al gesto heroico – Luis de la Puente y la guerrilla del MIR”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol.15 No.1, Universidad de Tel Aviv, 2004, Pág.111.
6) Fragmento de un discurso pronunciado en febrero de 1974 citado en Carlos Reyna Izaguirre: La anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990, DESCO, Lima, 2000, Pág.19.
7) Dirk Kruijt: La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar, FLACSO-Mosca Azul Editores, Lima, 1991.
8) Julio Cotler: “De Velasco a Belaúnde: el problema de la construcción nacional y la democracia en Perú”, en Pablo González Casanova (Coordinador): El Estado en América Latina: Teoría y Práctica, Siglo Veintiuno Editores, México, 1990, Pág. 349 a 366.
9) Consigna política histórica en la militancia aprista.
10) Eduardo Toche Medrano: Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional, DESCO-CLACSO, Lima, 2008, Pág.225.
11) Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO): Violencia política en el Perú 1980-1988, T.I, DESCO, Lima, 1989, Pág.191.
12) Comisión de la Verdad y Reconciliación: Informe Final, Sección 2da Tomo III Capítulo 2, Lima, 2003, Pág.5.
13) Como cuestión anecdótica habría que apuntar que el líder histórico del MRTA, Víctor Polay Campos, quien guarda prisión actualmente, proviene de una familia aprista. Su padre fue uno de los fundadores del APRA junto a Haya de la Torre. Polay y Alan García fueron compañeros de militancia y de estudios en la juventud. Veinte días antes del traspaso de gobierno de Alan García a Alberto Fujimori, 48 presos del MRTA (incluido Polay) realizaron una fuga espectacular de un penal de máxima seguridad, especulando varias fuentes la posible influencia de los apristas en ese hecho. Pero este detalle nunca fue confirmado y ha sido refutado por varios académicos y analistas de la realidad peruana ante la ausencia de elementos probatorios.
14) Comisión de la Verdad y Reconciliación: Informe Final, Sección 4ta Tomo VII Capítulo 2, Lima, 2003, Pág.202.
15) “Asociación Americana de Juristas presenta denuncia ante la Fiscalía de la Nación”, La República, 5 de mayo de 2001.
16) “Incómodos bajo la carpa”, Cambio, No.11, Lima, 26 de junio de 1986, Pág.7
17) Es más prolijo decir autoritaria, pues aunque existen paralelos entre el aprismo y el peronismo, sería un error desconocer sus diferentes orígenes e historia. Ver: Gustavo Gorriti: “”El prólogo de la gran violencia”, en Roland Forgues, Perú, entre el desafío de la violencia y el sueño de lo posible, Editorial Minerva, Lima, 1993, Pág.141.
18) Tulio Mora: Días de barbarie, APRODEH, Lima, 2003, Pág. 41 y 91.
19) Alberto Adrianzen et al (Coeditores): Países andinos: los políticos, Ediciones Nova Print S.A.C., Lima, 2008, Pág. 309 a 312.
20) César Levano: “la obsesión del voto escondido”, Caretas No.1661, Lima, 15 de marzo de 2001, Pág.19.
21) “Alan García dice que el gobierno pretende destruir a las Fuerzas Armadas”, La Razón, Lima, 21 de mayo de 2002.
22) Debate Presidencial, Lima, 21 de mayo de 2006, Pág.23
23) Partido Aprista Peruano: Plan de Gobierno 2006-2011, Lima, Febrero de 2006, Pág.48.
24) Debate Programático, Lima, 28 de mayo de 2006, Pág.12.
25) “Operativo TLC”, Caretas No.2007, Año LVII, Lima, 20 de diciembre de 2007, Pág.16.
26) Decreto Legislativo No. 982, El Peruano, Año XXIV, No.9909, Lima, 22 de julio de 2007, Pág. 349719.
27) Wilfredo Ardito Vega et al: Serios peligros para los derechos humanos. Los 11 decretos del gobierno de Alan García, APRODEH, Lima, 2007, Pág.27.
28) Congreso de la República del Perú: Proyecto de Ley No. 2872/2008, Lima, 19 de noviembre de 2008, Pág.5
29) Alan García Pérez: “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28 de octubre de 2007.
30) Congreso de la República del Perú: Diario de los Debates, Lima, 4 de junio de 2009, Pág.5 a 10.
31) Congreso de la República del Perú: Diario de los Debates, Lima, 10 de junio de 2009. Ver también Congreso de la República: La Voz del Parlamento, Año I No.25, Lima, junio de 2009.
32) Enrique Chávez: “La arqueología del discurso”, Caretas No.2021, Año LVII, Lima, 3 de abril de 2008, Pág.76 a 78.
33) Antonio Zapata: “¿El último viraje del APRA?”, Bajo la Lupa No.8 Año 2, Lima, junio de 2008, Pág.30 y 31