Lima, 14 de mayo del 2010
Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé Las Casas
Si bien en su Plan de Gobierno el Partido Aprista Peruano (APRA) ofreció asumir la lucha contra la corrupción señalando que: “es necesaria (…) la adopción de medidas drásticas que penalicen cualquier acto de corrupción en el gobierno y fuera de él” ([1]); la realidad ha sido totalmente otra. Desde los inicios del gobierno se notó que dicho punto no tenía prioridad alguna en su agenda.
Tal vez el desgano sobre el tema les venga del hecho de que en su primer gobierno fueron fuertemente cuestionados por diversos hechos de corrupción. F. Durand nos dice al respecto que: “Tanto el gobierno de García como el de Fujimori desarrollaron un carácter cleptocrático que generó fortunas individuales para los políticos empresarios y ganancias para ciertas empresas y empresarios políticos que participaron en los círculos de corrupción”.
Y agrega “De 1985 al año 2000, a través de diversos mecanismos, destacan tres hechos: la cleptocracia del Ejecutivo controló al Parlamento, se cooptó o corrompió a buena parte de la prensa, y ningún mecanismo de control interno entró en acción en el propio aparato del Estado” ([2]).
Por ello, al igual que lo sucedido durante su primer periodo presidencial (1985-1990) Alan García enfrenta en el tramo final de su segundo periodo serias dificultades políticas debido a las graves acusaciones de corrupción contra importantes miembros de la cúpula partidaria, aunque a diferencia del primer periodo él específicamente no ha sido señalado, hasta ahora.
Aunque hay algunos que parecen insinuarlo. Es así que se afirma: “Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Alberto Químper, Rómulo León, Omar Quesada, Aurelio Pastor, César Zumaeta, entre otros altos y medianos dirigentes apristas están involucrados en graves denuncias de lobby y corrupción. Todos estos personajes son o han sido cercanos colaboradores del presidente Alan García, desde su antiguo abogado ad honoren Químper hasta el que pudo haber sido su delfín, el ex premier Del Castillo.
Además de las cercanías personales, el Presidente se ve salpicado porque todos estos casos se han visto facilitados por dos políticas de Estado vinculadas entre sí: la agresiva promoción de la inversión privada a como de lugar, y el huayco de decretos que han relajado los controles anticorrupción”. (…) mediante un verdadero alud de decretos legislativos y de urgencia que han atado de manos a la Contraloría y han recortado plazos para el estudio y aprobación de decenas de obras y concesiones. En este rubro se ubican, por ejemplo, los “superpoderes” que recibió COFOPRI el 2007” [3].
Recordemos que se define como corrupción el uso de los bienes públicos y la red de relaciones del estado para provecho privado. Y los dos secretarios generales colegiados del APRA, recientemente elegidos en marzo del 2010, ha sido acusados de ello: Jorge del Castillo, en el marco del escándalo de corrupción ligado a los Petroaudios[4] es acusado de haber realizado lobby a favor de la empresa petrolera Monterrico a cambio de beneficios personales.
Y Omar Quesada, que venía desempeñando el cargo de Presidente de COFOPRI, organismo nacional encargado de la formalización de la propiedad; ha sido acusado por la escandalosa venta de 300,000 metros cuadrados por 4,908 soles a un ex congresista aprista (Oswaldo Chauca). Dicho terreno tiene un valor de mercado cercano a los doce millones de dólares. Con ser grave, este no es el único caso en que COFOPRI ha sido involucrado, se mencionan otros casos de presunta corrupción en Cusco, Ayacucho (Andamarca), Caral etc.[5] Tanto Del Castillo como Omar Quesada han tenido que pedir licencia en sus cargos, por presión directa del Presidente García.
Lo sucedido durante el mes, tanto en el caso de los Petro-Audios, como el de COFOPRI nos recuerda lo que afirma M. Dammert sobre las características de lo que él llama la República Lobbyista donde es común la captura por redes privadas de los bienes que pertenecen a todos.
El autor señala que: “La historia patria esta jalonada por estas circunstancias. Desde el virreinato, la corruptela se institucionaliza como patrimonialismo colonial, al designarse las autoridades en base a comprar el cargo público, por el cual pagaban un monto a la corona española. Se asumía el cargo como propiedad que daba derecho a enriquecerse con los bienes comunes”[6]. En ello coincide con el historiador Alfonso Quiróz quién ha publicado un interesante libro sobre la historia de la corrupción en el país y que citamos ampliamente en nuestra entrega de febrero del 2009[7].
ELECCIONES: OPORTUNIDAD QUE NO HAY QUE DESPERDICIAR
Sin embargo, otros analistas, reconociendo lo penoso de la situación destacan la oportunidad que hoy se nos presenta para hacer de la lucha contra la corrupción un tema central del proceso electoral que vivimos. Y así lo han entendido, entre otros, el Partido Nacionalista, el Movimiento Tierra y Libertad, y las candidatas a la alcaldía limeña Susana Villarán y Lourdes Flores Nano.
En el caso de la candidata al municipio limeño por el Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, ha asumido el tema de la lucha contra la corrupción como el tema central de su deslinde con el candidato Alex Kouri, actual Presidente del Gobierno Regional del Callao. Se acusa a Kouri de que nueve videos demuestran los fuertes vínculos que mantuvo con Vladimiro Montesinos y con el Fujimorismo en general.
Recordemos que Fujimori “Impuso un Estado mafioso, hipercentralista y manejado desde un gobierno oculto, militar y vinculado al narcotráfico”[8]. Una buena y detallada descripción de la corrupción que tuvo lugar durante el fujimorismo la encontramos en el documento producido por la Iniciativa Nacional Anti-corrupción, (INA) denominado “Un Perú sin Corrupción” de julio del 2001: “de lejos, el estudio más completo sobre el fenómeno de la corrupción en el Per” según el ex Procurador R. Gamarra, actual Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
La lucha contra la corrupción como tema central de las campañas electorales del 2010 y 2011 permitirá paliar en algo la amenaza que la corrupción significa para la democracia, pues como señalan Carrión y Zárate: “Los ciudadanos que tienen una mayor percepción de que la corrupción se encuentra generalizada entre los funcionarios públicos tienden a tener una actitud más negativa frente a las instituciones políticas (…) Cuando los ciudadanos perciben que la corrupción permea las instituciones del Estado, ello repercute de manera negativa en el grado de legitimidad que le asignan a estas instituciones” [9].
Y Cecilia Tovar señala que la corrupción generaliza la desconfianza frente a la política como vía de canalización de las demandas sociales, es así que afirma que: “Los ciudadanos no creen en el Estado ni en las instituciones, y eso los lleva a buscar solucionar los problemas por sí mismos, agudizándose los conflictos y el desorden”[10].
ACTUANDO SOBRE LOS FACTORES QUE ALIENTAN LA CORRUPCION
C. Tovar afirma que: “Las raíces de la corrupción se encuentran en las instituciones, en las costumbres y en las mentalidades predominantes en nuestra sociedad peruana”[11]. Con el ánimo de ayudar a superarlas presentamos a continuación algunos factores que explican la situación:
1.- El afán de lucro y la falta de valores, favorecido por el neoliberalismo que puso en el centro de los valores y como la principal fuente de reconocimiento social a la acumulación de dinero. En efecto la forma de pensar neoliberal repitió hasta el cansancio que lo que importa son los resultados, en este caso acumular plata. Hizo sentido común que el éxito en la vida depende de la capacidad de consumo y como todos sabemos eso depende del dinero que uno tenga, haciendo irrelevante, éticamente hablando, los medios por los cuales se obtiene el dinero.
2.- Una forma de organizar el estado marcada por:
Un excesivo presidencialismo
Como señala Cecilia Tovar: ““La experiencia nos muestra que cuando el poder se concentra en pocas manos las posibilidades de corrupción se multiplican, pues disminuye la capacidad de fiscalización y control”[12]. Sistemas presidencialistas, como el que existe en nuestro país, hacen que los presidentes tengan excesivo poder, que los lleva con frecuencia a situarse por encima de la ley y crean un terreno fértil para la ausencia total de controles por parte de la sociedad, no sintiéndose obligados (ni política ni moralmente) a rendir cuenta de sus actos ante ninguna instancia. Cecilia Blondet dice que “Hay mucho más corrupción cuando no existen mecanismos de control ni procedimientos, cuando el poder se personaliza y se concentra en una persona” ([13]).
Autoridades políticas que se representan a sí mismos
Ello se agrava porque hace varios años que la mayoría de las autoridades que elegimos responden sólo a sí mismos y no a organizaciones con un claro proyecto político, habiéndose individualizado a niveles extremos la política, dando origen, entre otros al fenómeno de los tránsfugas, que tanto malestar genera en la opinión pública. Son gente que busca intervenir en política buscando su propio beneficio: enriquecimiento, figuración etc. distorsionado el sentido de la política como servicio público y viéndola nada más como un canal de movilidad social y/o de rápido enriquecimiento.
Unas Fuerzas Armadas con demasiada autonomía frente al poder civil
Lo estamos viendo claramente en el caso de la participación de oficiales superiores de La Marina de Guerra del Perú en el caso de los Petro-Audios, a través de los “chuponeadores” de la empresa BTR. Esta excesiva presencia restringe aún más los márgenes de acción y autonomía de los partidos que acceden al poder. Siempre se ha hablado de que las fuerzas armadas no son deliberantes, pero todos sabemos que siempre los diversos gobiernos han tenido que negociar con esta fuerza “institucionalmente no deliberante”, haciendo que el principio democrático de la sujección de los militares al poder civil no se cumpla.
La falta de transparencia en el ejercicio del poder
Aunque algo se ha avanzado al respecto en los últimos años gracias a que durante el gobierno del Presidente Paniagua se dictaron una serie de medidas para lograr una mayor transparencia en el manejo de la cosa pública y disminuir así las oportunidades de actos futuros de corrupción. Sin embargo, todavía persiste en algunas instancias del gobierno central, local y regional falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, lo que facilita a los corruptos adueñarse con toda facilidad del dinero público que pertenece a todos los peruanos.
La estructura del aparato estatal
Que mientras otorga un alto grado de discrecionalidad en el manejo de la cosa pública a funcionarios medios y altos, paraliza a otros con excesivos controles burocráticos, lo que muchas veces generaliza la llamada “pequeña corrupción”. Por ejemplo, para el caso de Educación, donde también se han producido casos de corrupción en el segundo gobierno aprista, L. Huber nos dice que en Ayacucho: “los puestos de trabajo se consiguen previo pago de dinero, o con el compromiso de entregar el primer o los dos primeros sueldos al director. En otras ocasiones, la ´contraprestación´consiste en favores sexuales” ([14]).
Y la Defensoría del Pueblo señala que “Se ha verificado que el fenómeno de la corrupción no se agota en la actuación de un funcionario o de un organismo del sector –en este caso, el de Educación–, sino que atraviesa a todo el sistema organizacional, a todo nivel, constituyéndose en espina dorsal de una estructura que no sólo es ineficiente para sancionar los actos indebidos, sino que permite o reúne las condiciones para que éste se reproduzca y extienda”[15].
Ello pone en el centro de la agenda la urgencia de una real reforma del Estado.
2.- La ausencia de una adecuada vigilancia de la actuación de las autoridades públicas encargadas de gestionar el bien común
Esta vigilancia se da a dos niveles. Por un lado la vigilancia que sobre la actuación del Estado realizan los partidos y movimientos políticos, así como la sociedad civil organizada. Y por otro, la vigilancia intra-estado, es decir los mecanismos que el mismo Estado se da para cumplir con dicha función, como por ejemplo la Contraloría General de la República.
Cuando estos mecanismos no funcionan adecuadamente con mucha facilidad el Estado deja responder a la razón primera para la que fue creado, es decir servir a la sociedad y más bien los funcionarios tienden a servirse del Estado para sus fines personales o corporativos.
3.- La excesiva tolerancia frente a la corrupción Conspira contra dicho objetivo la excesiva tolerancia hacia la corrupción que tiene un importante sector de nuestra población. Efectivamente, la corrupción florece en nuestro país al amparo de una amplia tolerancia de la población. La gente está dispuesta a tolerar la corrupción a cambio de obras públicas. Refiriéndose al oncenio de Leguía, periodo de nuestra historia caracterizado por una gran corrupción, F. Portocarrero y L. Camacho afirman que: “la respuesta a la larga longevidad del leguiismo también debe buscarse en el apoyo que la ciudadanía le otorgó al mandatario y a sus colaboradores como resultado de la fascinación y encandilamiento que produjo la masiva ejecución de obras públicas”[16]. La misma apreciación puede hacerse sobre el periodo de gobierno de Leguía y de Fujimori y a nivel regional de Alex Kouri en el Callao.
No existe un sentido común que de importancia a la ética en el manejo económico y político del país, como una herramienta clave para construir paz, justicia y bienestar para todos. Más bien lo que prima es el razonamiento de que todas las autoridades roban y por tanto ello en sí no es criterio de descalificación ni moral ni política. La ausencia de auto estima ciudadana, hace que este mecanismo se reproduzca en la cultura y alimente el mal comportamiento en las instituciones.
Además, el antropólogo L. Huber sostiene que la vivencia de la “exclusión e injusticia, muy presente en amplios sectores de la población peruana, puede llevar a una justificación de la corrupción en los hechos, aunque no fuese admitido explícitamente”. Y señala que el politólogo Jong-Sung You (de la Universidad de Harvard), analizando la corrupción con la teoría de la justicia de John Rawls “Llega a la conclusión de que en ciertas circunstancias, la corrupción puede justificarse, en la medida que “normas injustas… otorgan justificación parcial para la corrupción como autodefensa” [17]. El autor señala que mientras prime la injusticia –entendida en términos de Rawls como falta de una “posición inicial de igualdad”– “el uso de un cargo público para el beneficio de todos viene a ser un acto de voluntarismo”.
C. Tovar precisa el planteamiento de J. Rawls señalando que él plantea: que el valor fundamental en la vida social y política es la justicia de la estructura básica de la sociedad, que exige la igualdad de los derechos, libertades y oportunidades, así como tener en cuenta a los menos favorecidos, lo que no es poca cosa. Esto significa que hay que asegurar tanto las libertades civiles y políticas como la igualdad de oportunidades”[18]
Por otro lado, la tolerancia hacia la corrupción se refuerza con la creencia de que siempre ha habido impunidad y lo seguirá habiendo. Efectivamente, hasta hace poco (2000) jamás habíamos visto que los responsables del saqueo de los fondos públicos sean castigados. Sin embargo eso cambió durante el gobierno de Paniagua, pero lamentablemente es esfuerzo no tuvo continuidad.
Ello parece corroborar lo que afirma el historiador Alfonso Quiróz quien repasando la historia de la corrupción en el Perú desde 1750 hasta el 2000 nos dice que: “cada ciclo de muy alto nivel de corrupción es seguido por un período invariablemente muy corto de reacción anticorrupción. Al pasar u olvidarse esa reacción, según el principio de “borrón y cuenta nueva”, se vuelven a presentar los incentivos altos y las inhibiciones laxas que generan un nuevo ciclo de creciente corrupción” [19].
L. Huber (citando a Francke y Saco 2004) señala que: “la tolerancia ante la “pequeña corrupción”[20] puede deberse a que “Hay una idea constante que ronda en el imaginario social, y es aquella que señala que como los trabajadores judiciales, policías o maestros perciben ingresos bajos, en cierto sentido las ventajas que estos obtienen por medios cuestionables se justifican porque tienen que llevar el pan a sus hijos”[21].
HAY AVANCES
A pesar del panorama anteriormente señalado un factor esperanzador es que el sociólogo Martín Tanaka encuentra (basado en el estudio de tres encuestas nacionales de opinión: 1998,1999 y 2001), que hay una tendencia a tolerar menos prácticas de corrupción, así como una mayor disposición a hacer denuncias. Ello lleva a Tanaka a afirmar que “por medio de la acción ciudadana puede controlarse al poder”. Y también a afirmar que “la ciudadanía ha elevado sus expectativas de cómo debe comportarse el gobierno, y está más atenta que antes a beneficios indebidos de la gestión pública”[22].
El reto es como encauzar ese creciente malestar ciudadano contra la corrupción por sendas adecuadas. No olvidemos que con frecuencia los linchamientos y quema de municipios o locales públicos responden a reacciones populares frente a acusaciones de corrupción de las autoridades.
Por su parte, L. Huber encuentra que: “Ante el sentimiento de marginación o exclusión, el discurso popular anticorrupción no es sólo un discurso sobre transparencia o buen gobierno; es también un reclamo de igualdad y de justicia” ([23]).
Reiteramos que los procesos electorales del 2010 y 2011 pueden ayudarnos a crear, como sugiere Ernesto de la Jara “los mecanismos institucionales para que el engranaje anticorrupción pueda echarse a andar y funcionar de manera independiente, eficaz y justa cada vez que sea requerido”[24]. Ello dependerá de los diversos compromisos que asumammos dentro y fuera del Estado para sacar adelante esta tarea.
1) Partido Aprista Peruano, Plan de Gobierno 2006-2011, Resumen Ejecutivo p. 43-44. Ver también el listado de medidas ofrecidas al respecto en la página 45.
2 ) “Dinámica política de la corrupción y participación empresarial” en F. Portocarrero S. (ed.) El Pacto Infame. Estudios sobre la Corrupción en el Perú. (Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú (PUCP-UP-IEP), 2005) p. 326-327.
3) “Corrupción implica ya a demasiados personajes cercanos a Alan García”, Boletín virtual Alerta Per # 96 – Año 4 – Viernes 7 de mayo, 2010. Se puede bajar de www.alertaperu.org. Y Grupo de Trabajo contra la Corrupción Decretos de Urgencia a Discreción: Mayores espacios de riesgo para la corrupción (Lima, diciembre del 2009). Se puede bajar de http://www.corrupcionenlamira.org/portal/wp-content/uploads/2010/03/INFORME-DECRETOS.pdf
4) Escándalo que estalló el 5 de octubre del 2008 y que hemos tratado ampliamente en nuestras entregas de febrero y octubre del 2009. Ambos artículos “Reflexiones Preliminares en torno a los Petroaudios” y “Dos importantes aniversarios” se pueden bajar de la página Web de nuestra institución: www.bcasas.org.pe, haciendo click en “artículos de opinión”.
5) Se puede encontrar amplia información sobre los casos de COFOPRI en http://idl-reporteros.pe/2010/04/22/el-millonario-regalo-de-cofopri/ y en http://www.ideeleradio.pe/web/wNoti.php?idN=692&tip=red
6) “La ética pública y las amenazas de la república lobbysta” en Perú Hoy Luces y sombras del poder (Lima, Desco, diciembre 2009)p.60.
7 ) A. Quiroz Corrupt Circles. A History of Unbound Graft in Peru (Washington D.C. Woodrow Wilson Center Press, 2008).
8) M. Dammert art.cit. p.63.
9) J. Carrión, P.Zárate Cultura Política de la Democracia en el Perú, 2008- El impacto de la gobernabilidad (Lima, IEP (Con auspicio de USAID, LAPOP, Barómetro de Las Americas) 2009) pp. 62 y 66 y 67.
10) Cecilia Tovar Etica para la Vida Ciudadana (Lima, IBC-CEP,2008) p.52
11) Cecilia Tovar op.cit. p.53.
12 ) Cecilia Tovar op.cit. p.53
13 ) Corrupción y Democracia (Lima, Sidea,IEP,Centro Cultural PUC, 2001).
14 ) L. Hubert op.cit. p. 115.
15 ) Con Corrupción no hay Educación. Resultados de la Campaña Piloto “Educación sin Corrupción” (agosto a noviembre de 2006). Serie Documentos Defensoriales n. 001, p. 73.
16 ) En F. Portocarrero S. (ed.) op.cit. p.29.
17 ) L. Huber Romper la Mano. Una Interpretación cultural de la Corrupción (Lima, Pro-Etica-IEP, 2008) p.91.
18 ) C. Tovar op.cit. p.66
19 ) A. Quiroz “Costos históricos de la corrupción en el Perú Republicano” en el libro Corrupción en el Perú, en F. Portocarrero S. (ed.) op.cit. p.91
20 ) Coimas, comprar productos “pirateados”, tomar energía eléctrica del poste, o la televisión por cable, quedarse con lo encontrado etc.
21) L. Huber op.cit. p. 120.
22) “La estructura de oportunidad política de la corrupción en el Perú: algunas hipótesis de trabajo” en F. Portocarrero S. (ed.) op.cit. pp. 371 y 373.
23 ) L. Hubert op.cit. p. 89.
24 ) “Gracias a la Corrupción”, en IDL Justicia Viva n.93, 5 de febrero de 2004.