Publicado el : 31 de marzo 2010 – 5:59 de la mañana | Por Carolina Gil Posse (www.hijos.org)

El asesinato de Silvia Suppo, testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina, ha causado profunda conmoción en Rafaela, su apacible ciudad de residencia.

Rafaela es una apacible ciudad de la provincia argentina de Santa Fe, ubicada a 530 kilómetros de Buenos Aires. Esta ciudad, la mayoría de cuyos casi 100.000 habitantes aún duerme la siesta por las tardes, está conmocionada por el crimen de Silvia Suppo, de 51 años, quien declarara como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad conocido como la causa Brusa, en el que se condenó a un juez federal por delitos cometidos durante la última dictadura militar.

En la mañana del lunes, Silvia Suppo fue encontrada en el negocio de artesanías en el que trabajaba por una clienta. Le habían asestado 12 puñaladas y estaba semi-inconsciente y rodeada de sangre. Aún con vida, fue trasladada al hospital zonal, donde murió cerca del mediodía debido a las heridas que había recibido. Aunque, en un principio, los investigadores pensaron que se trataba de un asesinato durante un robo, la identidad de la víctima y las características del crimen alimentaron otra hipótesis.

Secuestro y torturas
En 1977, durante la última dictadura militar, Silvia Suppo fue secuestrada y torturada. En esa época tenía 18 años, y permaneció detenida ilegalmente en la comisaría 4ª de la provincia de Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada y en el centro clandestino de detención conocido como ‘La casita’ . Además, durante su secuestro, fue violada por varios de sus captores.

El 5 de octubre del año pasado, durante su declaración en el marco de la denominada causa Brusa, Silvia contó que, a raíz de esas violaciones, quedó embarazada. Al conocer la noticia, sus secuestradores decidieron practicarle un aborto para, según le dijeron “remendar el error”, y luego la llevaron nuevamente a un centro clandestino de detención.

La Causa Brusa
Su testimonio fue uno de los más importantes del juicio en el que, en diciembre pasado, se condenó por violaciones a los derechos humanos al ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa; a dos funcionarios municipales, dos jefes policiales, y a una mujer, ésta, la primera condenada por crímenes de lesa humanidad. Además de Brusa, fueron juzgados el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor Colombini; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti; la ex carcelera policial María Eva Aebi; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría 4ª, Mario Facino; y el ex policía Eduardo Ramos. Los seis imputados fueron condenados a penas de entre 19 y 23 años de prisión por privación ilegal de la libertad y apremios, en perjuicio de 15 víctimas.

Pero, además de haber brindado su testimonio en esta causa, Silvia impulsaba la investigación por la desaparición de su compañero Reinaldo Hammeter, quien fue secuestrado en enero de 1977 en la catedral de Rafaela. Dos de los cuatro imputados siguen viviendo en esa ciudad, la misma en la que Silvia vivió durante toda su vida y en donde fue asesinada.

Hipótesis
En un primer momento, la Policía comenzó a investigar el crimen de Silvia Suppo como si se tratara de un robo. Según las primeras pericias, del negocio habían desaparecido artesanías en oro y plata de un valor considerable, además de dinero en efectivo. Pero horas más tarde, el jefe policial de Rafaela, Juan José Mondino, admitió que, debido a la condición de testigo de la víctima y a la inusual brutalidad del crimen, no descartaban otras hipótesis.

Ante una consulta periodística, el director del Programa de Protección y Acompañamiento a Testigos y Querellantes en Causas de Lesa Humanidad de la provincia, Oscar Blando, declaró que Suppo no había pedido ser incluida en el Programa porque consideraba que “no era necesario”. Sin embargo, según medios de la ciudad de Rafaela, los hijos de Silvia —de 21 y 24 años— darán más detalle acerca de las intimidaciones que recibía su madre a través de “personas que se paraban frente a su negocio”. Además, le pidieron a la fiscal que investiga el asesinato de Suppo, que se tome el caso “con la gravedad que se merece”.

En este sentido, el director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, Jorge Pedraza, reconoció que es “extraño el excesivo ensañamiento de los agresores con la víctima”. El funcionario llegó a la ciudad de Rafaela apenas se conoció la noticia, junto con representantes de organismos de derechos humanos y el equipo especial de protección a testigos. A su vez, el intendente de la ciudad, Omar Perotti, le solicitó al Gobierno provincial que garantice una exhaustiva investigación del crimen.

“Justa condena a todos los genocidas”
Mientras tanto, integrantes de diferentes organismos de derechos humanos insisten en que no debe descartarse ninguna hipótesis. En declaraciones a la prensa, denunciaron que militantes, querellantes y testigos de causas vinculadas con la represión ilegal de todo el país comenzaron a recibir amenazas a partir de la desaparición del testigo Jorge Julio López, en septiembre del 2006, cuyo paradero aún se desconoce. En diálogo con la agencia oficial Télam, Patricia Isasa, quien estuvo secuestrada junto con Silvia Suppo durante la dictadura militar, declaró que el solo hecho de que se pueda considerar “que estos criminales condenados por crímenes aberrantes puedan ordenar hacer esto, da la medida de su peligrosidad”.

Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S., de la ciudad de Rosario, emitió un comunicado en el que le solicita al Estado “el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias”. “Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios, para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”, agrega.

Fuente: radio Nederland