“Ya no aguantaba más los maltratos de mi esposo y nos separamos. Una mañana llegó a casa con engaños, y lo dejé pasar. Me dio algo para beber que me dejó mareada, casi perdí el conocimiento. Cuando logré despertarme, estaba semidesnuda y él estaba encima mío. Después, comenzó a atacarme con un cuchillo y no paraba de decir ‘si no eres mía no serás de nadie… te voy a matar’. Los niños comenzaron a gritar y los vecinos vinieron a auxiliarme”, relata María, 25 años, vecina de SJL, quien tiene la fortuna de vivir para contarlo, a diferencia de muchas mujeres que no tuvieron esa suerte y que integran la extensa lista de víctimas de feminicidio (116 en lo que va del año).
Prueba de esta alarmante situación, son las noticias casi a diario que aparecen en los medios de comunicación dando cuenta del asesinato de una mujer (incluso embarazada) a manos de su esposo, enamorado o ex pareja, e incluso un familiar, movidos por un afán de venganza pasional, celos o simple rencor.
El feminicidio, es decir el asesinato de mujeres por razones de género, es el último eslabón de una cadena de violencia. La mayoría de las víctimas y sobrevivientes soportaron meses o años de constantes agresiones marcadas por deseo de control de sus parejas como en el caso de María, quien sí pudo escapar a tiempo.
No es casual, ni un hecho aislado que las mujeres sean asesinadas por sus parejas. El poder que los hombres ejercen sobre las vidas de las mujeres se legitima en la falta de reacción y en la justificación de estos crímenes de odio que reflejan que en las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables.
Solamente hasta noviembre último se registraron 12 casos de feminicidio al mes y 45 tentativas de asesinato de mujeres, como secuela de historias de violencia no resueltas, según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), que prepara un convenio de cooperación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, que permitirá el intercambio de información para la elaboración de planes de prevención, difusión y defensa de los derechos de las mujeres.
Representantes de la Defensoría del Pueblo que visitaron 43 establecimientos de salud de cinco regiones del país, comprobaron que el 84,4% no cuenta con un ambiente privado para la atención de las víctimas de violencia y que el 80% de los proveedores de salud no recibió capacitación para detectar los casos de violencia contra la mujer y asegurar un adecuado tratamiento al caso.
Lo ocurrido con María se suma a los 45 intentos de asesinatos de mujeres por razones de género en nuestro país desde enero de este año, según el registro de víctimas de feminicidio del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, que reporta, además, 116 feminicidios en lo que va del año.
Hasta el 2006 se registraban nueve casos por mes. Tres años más tarde, el promedio subió a 12. Es alarmante el incremento de las cifras. “Los datos del Mimdes reflejan la visibilización por parte del Estado de una problemática que antes sólo era abordada por las organizaciones feministas, pero falta identificar las causas que lo generan”, afirmó Jeanntte Llaja, directora de Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Perfil del victimario
Los agresores son mayormente hombres de 20 años o más, que atacan a sus parejas o ex parejas argumentando celos para cometer sus crímenes, según la directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Mimdes, Ana María Mendieta. Pero en realidad lo que lleva a estas personas a agredir es que sienten que van perdiendo el control sobre la otra persona, porque ésta decide cortar el vínculo de pareja, anota.
Explica que los casos de feminicidio o tentativa de éste son los resultados de historias de violencia, que muchas veces no son denunciadas por temor o vergüenza o que, en su defecto, no han sido bien atendidas. Según las estadísticas oficiales los agresores convivían con sus víctimas (24 por ciento), estaban casados con ellas (15 por ciento) o eran sus ex parejas (11 por ciento).
Asimismo, el 55 por ciento de las víctimas fueron mujeres jóvenes, de 18 a 35 años; 21 por ciento adultas, de 36 a 59 años; 11 por ciento adolescentes, de 12 a 17 años, y 6 por ciento adultas mayores. Del total, un 46 por ciento tenía de uno a tres hijos; 9,9 por ciento de las víctimas estaban embarazadas al momento del asesinato o la tentativa; el 65 por ciento tenía una relación sentimental con su agresor, y 15 por ciento estaba separada de su pareja o agresor.
La mayoría de los casos se presentaron en Lima y en las regiones andinas de Junín, Puno y Ayacucho. En Lima, los distritos con mayor índice de asesinatos de mujeres son los populosos de Comas, Ate-Vitarte, Los Olivos, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.
Organizadas
En el caso específico de San Juan de Lurigancho, en el primer semestre del año, el Centro de Emergencia Mujer reportó cinco casos diarios de violencia familiar y sexual y las comisarías atendieron un promedio de 12 cada 24 horas. Estas cifras ubican al popular distrito como el segundo con mayor violencia de género a nivel nacional.
Muchas de las mujeres agredidas denunciaron los hechos y obtuvieron una respuesta nula o deficiente por parte de las instituciones estatales encargadas de protegerlas. Si bien es cierto que María acudió a las autoridades, la denuncia presentada por su abogado ante el Poder Judicial omite el intento de asesinato y sólo contempla la violación, lo que puede liberar al agresor de la pena que realmente merece. Frente a lo ocurrido, ella se siente desmoralizada e indignada.
Las estadísticas oficiales indican que la tercera parte (33.3%) de los feminicidios y de las tentativas registradas se debieron a los celos del agresor ante la supuesta infidelidad de la víctima. Esta óptica, asumida por algunos profesionales de la salud y medios de comunicación, “atenúa la gravedad del problema y no lo enfocan como una violación a los derechos humanos de las mujeres, consecuencia del machismo y de las estructuras de poder de nuestra sociedad”, reflexiona Llaja.
A su vez, Paula Escribens sostiene que el enfoque de la noticia, desde la celopatía, niega el carácter y causa de los feminicidios, considerado un grave problema social que responde a una sociedad machista, donde la mujer en la relación de pareja es vista como propiedad del varón, quien tiene derecho sobre ella y sobre su vida.
Lideresas sociales
La Escuela de Lideresas de la Central de Comedores Autónomos (CCA) del distrito, en alianza con Demus, ha realizado la vigilancia a las instituciones públicas que atienden los casos de violencia familiar y sexual en el distrito, como el Centro de Emergencia Mujer (CEM), la Demuna, comisarías, fiscalías, entre otros. El resultado de esta labor fue presentado a fines de setiembre, en el informe “Vigilancia a los servicios que atienden casos de violencia contra la mujer en San Juan de Lurigancho”.
“Es importante recoger la experiencia de las mujeres de base, así como su cercanía con la población, para la identificación y atención de los casos de violencia. A través de la labor de vigilancia, las integrantes de los comedores han pasado de vivir la violencia en carne propia a ser actoras sociales que vigilan y proponen alternativas para enfrentar este problema”, explica Jeannette Llaja.
Por su parte, Juana Anchiraico, presidenta de la CCA-SJL cuenta que uno de los problemas detectados en ese distrito es la falta de privacidad en los centros de salud para atender los casos de violencia. “Las mujeres tienen que contar sus historias frente a otras personas, en ambientes poco adecuados”, agrega, al sostener que los servicios carecen de personal y de presupuesto adecuado, pero reconoce el esfuerzo de las personas que trabajan en las instituciones pese a esas limitaciones.
De acuerdo a un estudio de línea basal realizado en junio de este año por la Asociación Paz y Esperanza, sólo 13.6% de lideresas encuestadas de la Zona 7 manifestaron haber desarrollado alguna práctica de deliberación y discusión de propuestas de protección a la mujer; es decir, más de un 85% de lideresas aún no estarían participando como actoras sociales.
Casos
– Eloy Chilcón Carranza (50), asesinó de una cuchillada a su pareja Lucinda Vásquez Campos (45), aduciendo celos y porque ella se había negado a tener relaciones sexuales.
– Una joven madre, embarazada de siete meses, fue asesinada en Breña. Según la policía, el homicida sería una persona conocida por la víctima, probablemente el padre de la criatura, quien además trabajaría como vigilante particular, por el arma usada, calibre 38.
– En Chiclayo, Alberto Sánchez Centurión (45) asesinó a su esposa Teodora Julca (38) y luego se entregó a la policía.
– El suboficial de la PNP, Jorge Sánchez Alarcón (43), asesinó a su esposa -de quien se había separado recientemente- Roxana Pichilingüe Neciosup (42), con un tiro en la cabeza en su vivienda ubicada en el Rímac.
– Julio Flores Pérez acuchilló diez veces a su esposa, Rosa Chuán Mendo (39), mientras ésta dormía, dejándola sumamente grave, y fugó.
Basta de violencia contra la mujer
La Asociación Paz y Esperanza ha creado, en el marco del proyecto “Desarrollo y equidad en el Perú, sin violencia hacia la mujer”, la Red Zonal por los Derechos de la Mujer que integra a mujeres de la zona alta de San Juan de Lurigancho, en los asentamientos humanos 10 de Octubre, Bayóvar, Mariátegui y Mariscal Cáceres.
Esta red agrupa a organizaciones sociales de base (comedores populares, comités del Vaso de Leche y clubes de madres) y a las juntas vecinales, iglesias evangélicas, Apafas, comités de seguridad ciudadana, y promotoras de salud, con la finalidad de realizar acciones de incidencia ante las autoridades e instituciones responsables de los servicios de protección a las mujeres, poner en marcha programas y proyectos dirigidos a mujeres en situación de violencia y trabajar un plan de vigilancia de estos servicios.
Más de 100 mujeres de organizaciones de base han sido capacitadas por la organización Acción y Desarrollo para ser promotoras defensoras. Ellas registrarán y derivarán a las instituciones encargadas casos de violencia familiar que puedan identificar en los asentamientos humanos Montenegro, Cangallo, Nueva Imagen, Virgen del Carmen, Saúl Cantoral y Nuevo Progreso.
Plan local
Desde octubre, San Juan de Lurigancho cuenta con un “Plan local contra la violencia hacia la mujer” y el “Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2009-2015” y en cuyo marco se realizó el Encuentro- Foro Público “Concertando las políticas públicas desde las promotoras comunitarias en SJL”
De ello resultó un acta de compromiso que plantea la transferencia de recursos a las agentes comunitarias para solventar su labor de prevención de la violencia, y capacitaciones a los operadores de justicia, organizaciones de base, jóvenes y adolescentes, Apafas, UGEL y otras para una acción concertada hacia la erradicación de la violencia en el distrito. También la construcción de una casa de refugio y un proyecto productivo-económico que signifique la oportunidad de una existencia sin maltratos para las mujeres que acudan a ella.
El evento fue organizado por la Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, Infancia y Familia de San Juan de Lurigancho, la Central de Comedores, la Secretaría Técnica de la Coordinadora (Demus, Paz y Esperanza, Acción y Desarrolo, Tacif y Flora Tristán) y la Red Interinstitucional contra la violencia hacia la mujer y la infancia del distrito.
Vilma Escalante
Redacción
Fuente: La Primera