20 de noviembre de 2009
Sr. Alan García Pérez
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor S/N
Lima 1, PERÚ
Sr. Presidente:
De parte de Inter Pares, una agencia de cooperación internacional de Canadá, y del Fondo del Primado para el Socorro y el Desarrollo Mundial, agencia de desarrollo de la iglesia anglicana de Canadá, les escribamos para expresar nuestra profunda preocupación sobre la implementación de las reparaciones a
las víctimas del conflicto armado interno en el Perú que fueran aprobadas por la Ley 28592 – Ley del Plan Integral de Reparaciones.
El 1 de noviembre del 2009, en un comunicado público, los integrantes del Consejo de Reparaciones (CR) informaron que la falta de presupuesto ha llevado a la paralización del
trabajo del CR, pese a que se encuentran pendientes de revisión, aproximadamente 28 mil expedientes y que a la fecha no se ha entregado a una sola víctima alguna reparación económica de carácter individual.
Reconocemos que en sus tres años de labor, el CR ha logrado avances considerables en el reconocimiento de las personas y comunidades afectadas por el conflicto armado, con más de 60 mil personas y 5 mil comunidades afectadas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), etapa
indispensable para obtener reparaciones. Sin embargo, lamentamos que queda pendiente la calificación de miles de expedientes, que probablemente paralicen la inscripción de nuevas víctimas, salvo en las regiones que cuentan con apoyo de gobiernos locales y regionales, y que por la falta de personal en la secretaría técnica, habría una mínima atención a las víctimas que solicitan registrarse.
Concordamos con los integrantes d el CR y la Defensoría del Pueblo cuando destacan en sus comunicaciones sobre la paralización de las actividades del CR que las reparaciones constituyen un deber de justicia y una condición indispensable para un proceso de reconciliación en el Perú. Esa obligación del
Estado es impostergable y el Estado peruano necesita renovar su compromiso al respecto.
La reparación debe llegar pronto a las víctimas que han esperado durante muchos años la atención de sus demandas de reparación y justicia por parte del Estado, las cuales proceden en su mayoría de los sectores más pobres y excluidos del país. Muchas víctimas se animaron a contar sus historias y
solicitar su inscripción en el RUV y sienten que el Estado vuelve a ignorarlas con la paralización del CR.
En esta medida expresamos nuestra confianza en que las autoridades del Estado peruano atenderán el pedido formulado del CR, y les pedimos que asignen los recursos económicos necesarios, destinándose las partidas presupuestarias correspondientes, para evitar el cierre del Consejo de Reparaciones, a fin de evitar quese paralice el proceso de registro de víctimas, asegurando continuidad del proceso integral de reparaciones de las víctimas del conflicto armado interno.
Los canadienses estaremos vigilando la respuesta del Estado peruano frente al pedido de presupuesto del Consejo de Reparaciones para cumplir con su mandato institucional.
Atentamente,
Rita Morbia
Directora Ejecutiva
Inter Pares
Cheryl Curtis
Directora Ejecutiva
PWRDF-ACC
Fax: 011 51 1 311 3940