Los colombianos son por naturaleza gente alegre,maravillosa, y luchadores, pero sus autoridades siempre arrecian contra ellos y ellas las màs pobres e inocentes con el cuento de combatir a los FARCs, claro acertarà en algunos casos, pero en la mayoría no. Por ello Justicia para las víctimas inocentes de la represión estatal y de los grupos terroristas.
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Falsos positivos: práctica sistemática
Publicado el : 19 Junio 2009 – 11:07de la mañana
| Por Redacción Noticias
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El relator especial de la ONU para ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, ha concluido su visita a Colombia, donde ha constatado la práctica sistemática de asesinatos a sangre fría, los llamados ‘falsos positivos’.
María Isabel García
Concluyó la visita de Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias. En su informe preliminar da cuenta de la práctica sistemática en 13 de los 32 departamentos colombianos de “asesinatos a sangre fría y premeditados de civiles inocentes, con fines de lucro” que son, verdaderamente, lo que esconde la eufemística denominación de ‘falsos positivos’, en los que han estado involucradas “una cantidad importante de unidades militares y elementos dentro del Ejército”.
Según el funcionario, “esto no quiere decir que el de Colombia sea un Ejército podrido, aclaró; falta mucho por hacer y las Fuerzas Armadas se engrandecerían si reconocieran explícitamente la alta ocurrencia y la dimensión de estos hechos.” Al mismo tiempo, Alston destacó una “mejora dramática en la situación de seguridad”, desde 2002, cuando se inició la primera administración del presidente Álvaro Uribe. Por último, reconoció correctivos establecidos desde 2007 para contener las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales.
Tal es la contabilidad resultante de un centenar de entrevistas con testigos, víctimas, supervivientes, magistrados, comandantes militares, legisladores y altos funcionarios del Gobierno, desde el Presidente hasta varios de sus ministros.
El delegado de las Naciones Unidas, cuya función como experto independiente es presentar informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, vino por invitación del Gobierno colombiano. El documento divulgado ayer en Bogotá, capital del país, es preliminar de uno más detallado que recogerá reportes gubernamentales, resultado de un diálogo sobre situaciones puntuales que desarrollará en el segundo semestre de 2009.
¿Quién ordena matar?
Según Alston, la preocupación más relevante concierne a los llamados ‘falsos positivos’, que describió como el reclutamiento, mediante engaños, de víctimas que son seguidamente llevadas a remotas localidades, donde miembros del Ejército les dan muerte. Posteriormente, manipulan la escena, toman fotografías del muerto, a quien han vestido uniforme guerrillero, con un arma o granada en la mano. “Las víctimas son enterradas en fosas comunes, y los asesinos reciben un premio por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla”, reseña el Relator en su informe.
Pero, ¿quién ordena matar? “No he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno,” reconoció Alston, “o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos ministros de Defensa”. El Relator tampoco admitió como cierto “el argumento de muchos en el Gobierno, según los cuales las matanzas fueron llevadas a cabo en pequeña escala por unas cuantas ‘manzanas podridas’.
Reticencias
El vice ministro colombiano de Defensa, Sergio Jaramillo, opina que no es cierto que el Gobierno soslaye la gravedad de las matanzas de jóvenes civiles, como las de entre 11 y 23 ocurridas el año pasado en Soacha, municipio de la periferia sur de Bogotá, las cuales Alston calificó de “flagrantes y obscenas”, y por las que se adelanta juicio a 17 militares. Tampoco cree que esta práctica haya sido estimulada por la política de recompensas “por la captura o el abatimiento en combate”, cuyos criterios de aplicación estableció la Directiva 029, de noviembre del 2005, emitida por el entonces jefe de la cartera de defensa, Camilo Ospina, posteriormente embajador ante la OEA.
Radio Nederland.- El Relator ha pedido explícitamente que el Gobierno y las Fuerzas Armadas reconozcan su implicación en tantos casos de falsos positivos, pero la impresión es que en general soslayan la dimensión del problema.
Sergio Jaramillo.- Yo estuve con el General Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares en Soacha, en la audiencia de la Segunda comisión, ocasión en la que él no usó una sola expresión esquiva, reconoció claramente lo que había ocurrió, lo describió como una vergüenza y expresó de manera muy sincera que lamentaba que hubieran ocurrido esos hechos. El Ministerio de Defensa ha tomado las medidas que el Relator destacó como muy efectivas. Estamos mirando cuál es el alcance real del fenómeno. El tema de las investigaciones judiciales es muy difícil, pues no podemos caer en un juego de cifras y la verdad sale de las investigaciones. Cuando se demuestre que ese delito lo cometió una persona, en su momento el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares tomarán las medidas del caso. Yo creo que se ha hecho mucho, ya que fortalecimos el sistema de asesoría jurídica, creamos un sistema independiente de inspectores que solamente se ocupa de derechos humanos y establecimos un sistema diferenciado de encuentros según el tipo de misión para regular el tipo de fuerza y evitar abusos.
Las víctimas
Mientras Alston pedía un tratamiento igual por parte del Gobierno para todas las víctimas del conflicto de acuerdo con un proyecto de Ley de Víctimas que cursa en el Congreso, el Presidente Uribe argumentaba ante otro auditorio que esto no es posible por falta de presupuesto. “El Gobierno ha pedido que, en el caso de los funcionarios del Estado, debe haber sentencias ejecutoriadas”, dijo el mandatario.
Al respecto, Gustavo Gallón, Presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, manifestó a Radio Nederland que el Gobierno “está empecinado” en un tratamiento diferenciado “lo que es absurdo y contrario a las normas del Derecho internacional humanitario”. Y sobre el informe preliminar de Alston con relación a los defensores de Derechos Humanos, destacó que indica “lo grave y equivocado del comportamiento de altas esferas del Gobierno, pues, a mi juicio, se estaba refiriendo al Presidente de la República y de ahí para abajo, quienes estigmatizan a los defensores de derechos humanos por denunciar hechos como los falsos positivos, práctica que se esclareció como sistemática y no realizada en forma aislada por unos cuantos miembros del Ejército, sino de manera numerosa en varias partes del país, y que su reconocimiento es requisito para empezar a rectificar”.
Gallón y su familia figuran en una lista que incluye magistrados, políticos y periodistas, a quienes el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, o policía de inteligencia, adscrita a la Presidencia de la República, ordenó hacer seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales.
En la mira
La visita de Alston es la primera de una serie de inspecciones de Relatores de la ONU. Del 22 al 27 de julio visitarán al país andino el encargado de Pueblos Indígenas y el del sector judicial.