Tras la muerte de Carlos II, el hechizado, surge en España un grave conflicto sucesorio, dado que el difunto monarca- último de la casa de los Habsburgo en España-, no había logrado tener un hijo. Así, el siglo XVIII marcó en España el tránsito de la dinastía de los Habsburgo- en el trono por casi doscientos años- a la dinastía francesa de los Borbones tras la guerra de sucesión. No obstante, la España de los Borbones era la misma España de los Austrias, dado que la nueva dinastía, para Lynch, “no consiguió transformar súbitamente las vidas de los españoles, mejorar la calidad de gobierno, ni incrementar el poder de su país”.[1]
Pero, ¿cómo era el mundo hispánico a inicios de dicha centuria? Según Lynch, el primer siglo de la España de los Borbones fue un siglo de crecimiento, dónde se incrementó la producción, se multiplicó la demografía y existieron expectativas más allá de los recursos.No obstante, alrededor del año 1700 nos encontramos en varios aspectos en presencia de una de las articulaciones más importantes de la historia europea y que es intercontinental.Las tendencias antes mencionadas condujeron, en los años posteriores a 1740, a una nueva fase de crecimiento y a una distorsión económica y fiscal evidente. En un intento por corregir los desequilibrios fiscales, el Estado decidió intervenir. De este modo, podemos ver que durante el período que comprenden los años de 1740-1766, una serie de ministros de carácter reformista propusieron proyectos radicales que fueron derrotados por intereses poderosos, haciendo que la Corona se vea obligada a dar marcha atrás.
Sin embargo, en la medida en que quedaba asegurado el crecimiento en el marco existente de privilegio y monopolio, los grupos de intereses se sentían satisfechos y se evitaba la confrontación. En este momento, un Estado ya fuerte comenzó a garantizar la estabilidad política y llegó a sacar mayor partido a estructuras que rindieron beneficios a los terratenientes, ingresos a la Iglesia y que permitieron obtener beneficios a las inversiones coloniales. Durante el gobierno de Carlos III (1759-1788), existía una marcada tendencia en la Europa continental a reforzar el estado y a racionalizar la administración, en línea con los principios científicos de la Ilustración. Los ministros y oficiales estaban ansiosos por tomar sus decisiones en función de la información disponible más actualizada, lo cual suponía –en parte-, utilizar los métodos de la ciencia al gobierno y así asegurarse de que se recogían estadísticas fiables.