Desde una perspectiva de participación, derechos y naturaleza.

Aunque la reciente aprobación de la ley de Recursos Hídricos (Nº 29338), fue recibida con gran expectativa, diversos expertos en este campo consideran que ha dejado algunos vacíos, que bien podrían ser subsanados en el reglamento de dicha norma, en análisis en este momento.

Para Patricia Urteaga Crovetto, del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (Iproga), el reconocimiento del derecho al agua que tienen las comunidades indígenas y nativas, y por tanto la necesidad de consultarles en esta materia, es sin duda un gran acierto.

“La incorporación del cambio climático me parece muy importante; sin embargo, hay que enriquecerlo en el reglamento. Hay que destacar la intención de promover la gestión integral de recurso”, comentó por su parte el coordinador de la asociación civil Labor, Anthony Jo Noles.

Los expertos, que participaron del conversatorio Gestión del agua en el Perú, por una ley que garantice su uso y protección, pidieron analizar con meticulosidad el proyecto de reglamento y se mostraron a favor de incorporar algunos aspectos.

“Tal como indica la ley, la asignación de agua para usos productivos queda un poco a criterio de la propia Autoridad Nacional del Agua (ANA) y no se sabe cómo y a quién se le asignará. No existe esa prelación que existía antes a favor de la agricultura, sector del que depende la soberanía alimentaria”, destacó Urteaga, quien es profesora de la Facultad de derecho de la PUCP.

Advierte que los consejos de cuenca, en los que participan todos los usuarios, incluidos comunidades campesinas y nativas, si bien elaboran los planes de manejo no tienen facultades de aprobación, pese a que ellos son los que usan directamente el recurso.

“Considero que la norma debe analizarse desde una perspectiva de participación, derechos y naturaleza. Hay que cautelar los derechos de las comunidades al agua, que no van a ser atropellados por otros usuarios tal vez con más recursos económicos”, dijo.

Tras indicar que si bien la promoción de la inversión privada es sin duda positiva para el país, cuando se trata de agua, subrayó, no hay que perder de vista que se trata de un bien fundamental para el ser humano; por tanto, deben tomarse en cuenta todos los valores que tienen para las personas, como los ambientales, culturales e incluso sociales.

Para la experta, quien tiene un Ph.D. en Antropología Sociocultural, es fundamental incorporar esta visiones en el reglamento, al igual que los mecanismos que tienen las comunidades de la Costa, Sierra y Selva para enfrentar el cambio climático.

Jo Noles, con gran experiencia en el desarrollo de participación ciudadana, considera que la nueva ley tiene una serie de “cosas buenas, pero más que nada declarativas”, las cuales deben ganar peso en el reglamento.

Subrayó la necesidad de desarrollar la zonificación económica y ecológica del país, así como su ordenamiento territorial, trabajo en el que algunas regiones han avanzado bastante y que permitiría regular mejor la actividad privada, para bien de las poblaciones y de las propias empresas, mucho más cuando el recurso hídrico resulta escaso.

“Un aspecto que no se ha tocado y debe ser incorporado es el valor de caudal ecológico, ya que la naturaleza es también un usuario del agua. Si no conservamos ese caudal mínimo, no lograremos que subsistan los ecosistemas y que el ciclo hidrológico pueda seguir funcionando, lo cual repercutirá en la sostenibilidad de todo el sistema”, advirtió el biólogo.

Debe ser también preventivo

“Hay dos niveles de protección del recurso: calidad y cantidad. Creo que el reglamento que se discute está más orientado a la calidad del recurso; pero no en asegurar su disponibilidad. Las medidas que se plantean son reactivas. Están dadas frente a su agotamiento, pero la idea es ver cómo asegurar que no se pierda, garantizar que los ecosistemas produzcan siempre el agua”, argumentó Ana Leyva Valera, secretaria ejecutiva de la Rede Muqui.

Consideró que mientras no se apruebe, los encargados de diseñar el reglamento deben escuchar todas las voces para asegurar el acceso de todos a este recurso.

“Hay muchas cosas por ver aún, como por ejemplo determinar la manera de proteger las cabeceras de cuenca donde se produce el agua, la forma de hacer más plural el consejo directivo de la ANA”, refirió la abogada.

Agregó que los consejos de cuenca deben realizar los planes de uso del agua, pero no saben de dónde vendrán los recursos.

“Este reglamento debe trabajarse con mucho cuidado, ya que desde esta norma se tomará una serie de decisiones”, sostuvo.