¿Dónde está y cómo se juzga al mayordomo?

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4.00 p m| CIUDAD DEL VATICANO. 05 jun 12 (BV/AGENCIAS).- El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que hoy, 05 de junio, iniciaron los interrogatorios formales a Paolo Gabriele, el mayordomo y único imputado por la filtración a la prensa de documentos confidenciales del Papa. Las diligencias son coordinadas por el juez instructor de la Santa Sede, Piero Antonio Bonnet.
En un encuentro con periodistas, en la sala de prensa de la Sede Apostólica, Lombardi informó que durante el procedimiento estuvieron presentes, entre otros, los abogados del “ayudante de cámara” del pontífice, Carlo Fusco y Cristiana Arru.

“Esta mañana comenzaron los interrogatorios formales, no sé decir cuánto pueden durar pero les puedo anticipar que no tendré información para dar sobre el contenido, porque evidentemente están cubiertos por el secreto de oficio”, dijo Lombardi.

Las veces de ministerio público las cumple Nicola Picardi, cuyo puesto en la jerga judicial pontificia se conoce como promotor de justicia, que al igual que otros funcionarios de alto rango en el sistema judicial del Vaticano es nombrado por el Papa y ejerce funciones en nombre del pontífice.

Sin embargo, la autoridad más importante de la investigación es una comisión de tres cardenales mayores de 80 años, nombrados el pasado mes de abril cuando Benedicto XVI creó una Comisión Cardenalicia para esclarecer los casos de filtraciones de documentos reservados vaticanos a los medios de comunicación.

La comisión se creó después de que una cadena de televisión italiana publicara unas cartas enviadas por el actual nuncio en EEUU y ex secretario general del Governatorato de la Ciudad del Vaticano (Gobierno que gestiona este Estado), Carlo María Viganó, a Benedicto XVI, en las que denunciaba la “corrupción, prevaricación y mala gestión” en la administración vaticana.

“Estos son días trágicos”, dijo Domenico Giani, el jefe de la Gendarmería del Vaticano, en su único comentario público sobre el caso. Fue precisamente Giani quién arrestó al mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por robar los documentos personales del Papa.

Dado que el Vaticano no dispone de cárcel, Gabriele de 46 años de edad, está detenido en una de las tres “habitaciones seguras” del cuartel de la gendarmería del Vaticano (ciudad-estado amurallada). Ha sido visitado por su esposa y sus abogados. Por su parte, el juez vaticano Paolo Papanti-Pelletier comentó que el mayordomo, acudió el pasado domingo a misa en una capilla acompañado por dos agentes de la Gendarmería pero sin esposas.

“Las condiciones (en las que está detenido) son muy dignas. Por decir algo, se le ofrecen los mismos platos preparados para la Gendarmería. En el interior de la celda hay una ventana, un escritorio, una cama, un crucifijo y, obviamente, un baño”, dijo el juez vaticano.

El portavoz del Vaticano padre Federico Lombardi, dice que Gabriele que además de ser interrogado por el juez vaticano Piero Antonio Bonnet, encargado de la instrucción formal del caso de la filtración de documentos secretos de la Santa Sede, también será formalmente inquirido por el “Promotor de Justicia” (fiscal), Nicola Picardi.

Según los expertos del Vaticano, su detención podría durar tanto como la investigación, aunque Lombardi ha señalado que los fiscales no se opondría a un arresto domiciliario, dado que no existe riesgo de fuga, sabiendo que el domicilio de Gabriele se encuentra en el mismo patio del cuartel de los gendarmes y a unos pasos del ejército del Papa, la Guardia Suiza, cuyos trajes de colores son una importante atracción turística.

Por otra parte, el juez vaticano Paolo Papanti-Peletier precisó que Gabriele, según el código penal vigente en el Estado pontificio (que data de 1889), de ser encontrado culpable de “robo agravado” podría afrontar una pena de dos a ocho años de cárcel.

Pero no descartó que a ese delito puedan sumarse otros como, por ejemplo, “revelación de secretos de Estado” (uno a tres años de prisión), “posesión y distribución de material robado” (hasta dos años) o “asociación para delinquir” (uno a cinco años). Sin embargo los jueces vaticanos deberán decidir, entre otras cosas, si solicitan a Italia enjuiciarlo y hacerle cumplir condena en ese país, donde la violación epistolar es un delito que puede alcanzar penas de hasta 30 años de prisión.

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