CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA: Y EL CADÁVER SIGUIÓ MURIENDO…
Decía César Vallejo en su hermoso poema Masa que el cadáver ¡ay! siguió muriendo, y que recién cuando todos los hombres de la tierra le rodearon, apenado el cadáver se levantó y se echó a andar… Algo así le ocurre al CNM, pues harto conocido es el vía crucis que ha pasado este organismo básicamente por la escasa idoneidad o conducta moral de sus consejeros en los últimos años. Según la Constitución, el CNM se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales. Y esta es una tarea esencial en un sistema democrático basado en el equilibrio de poderes, más aún en el Perú con una opinión pública tan desconfiada precisamente de sus jueces y fiscales. Por eso cuando en su mensaje a la Nación el Presidente Kucsynski presentó un proyecto de ley sobre el CNM, la primera impresión fue positiva. Esta entidad necesita urgente cambiar. Pero conocida la propuesta, no nos hace sino decir que el cadáver siguió muriendo. ¿Qué dice el proyecto?
Los cambios básicos son reducir a cinco el número de sus miembros, y modificar cómo elegir a los consejeros. Se sacan cinco y entran dos. Quedan fuera los tres que se eligen por los colegios profesionales y los dos por las universidades públicas y privadas, y se integran uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo. Además el quinto consejero se elegiría entre los cuatro que quedan (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público), con lo cual no se desestima que tres de cinco consejeros puedan ser elegidos por criterios políticos. Y parió Paula, esa era la idea: sale a la luz que el objetivo real es el control político del Consejo Nacional de la Magistratura.
Hay que decir que a estas alturas del camino, el gobierno ya había dejado de lado la propuesta de la propia Comisión Presidencial de Integridad, convocada por el propio PPK, que proponía que se convocara a concurso público de méritos para elegir a la mitad de los miembros del CNM. Y menos caso hizo a la presentada por su partido en su Plan de Gobierno 2016.
La reacción no se hizo esperar. La Junta de Fiscales Supremos expresó su desacuerdo con el proyecto de ley “por la afectación a los principios de independencia y autonomía”, proponiendo “un debate nacional serio y objetivo”. Decanos de catorce colegios de abogados del país realizaron un plantón protestando por la inconstitucionalidad del proyecto. Y el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pidió ser citado por el Congreso para emitir una “opinión institucional”, adelantando el riesgo de politización en el nombramiento de magistrados. Tanta fue la oleada que el gobierno dio marcha atrás con el premier Zavala al admitir que es “una propuesta para que se debata, lo que queremos es que se discuta y se llegue a una propuesta que mejore este sistema”. Mientras, la probidad e idoneidad ética de los consejeros y magistrados siguen siendo las grandes ausentes en este debate. Y el cadáver siguió muriendo.
