LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

El 23 de abril último, fue publicado el Decreto Supremo N° 046-2013-PCM, que aprueba la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo, la cual contiene las acciones concretas a desarrollar para luchar contra la corrupción en ese nivel de gobierno, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, aprobado a su vez por Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, el que sí es aplicable a todos los niveles y estamentos del Estado.

La Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo comprende veinte acciones concretas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, las cuales son:

1. Mejora en la eficiencia de la gestión pública. Se reformará la gestión pública en el aparato estatal para mejorar la ejecución y calidad del gasto fiscal de cara a garantizar la inclusión social, reducir los riesgos de corrupción y los márgenes de error en la administración pública, involucrando para ello acciones de simplificación normativa, gobierno abierto y electrónico.

2. Optimización de los procedimientos y servicios administrativos. Se simplificarán, reducirán y digitalizarán los trámites que mayores barreras burocráticas representen para la ciudadanía y empresas, garantizando la difusión de los procedimientos y servicios contenidos en los TUPAs en un lenguaje claro, sencillo e inclusivo.

3. Consolidación de un Estado transparente y libre de la cultura del secreto. Se plantearán las reformas legales e institucionales que sean necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de transparencia y la sanción oportuna ante su transgresión. Para ello, se impulsarán acciones para garantizar la aplicación efectiva del Portal de Transparencia, como la ampliación de la supervisión a los gobiernos regionales y gobiernos locales (municipios provinciales capitales de departamento).

4. Lineamientos y directivas que orienten la integridad y la ética en la actuación del empleado público. Se establecerán pautas claras para evitar los conflictos de interés, velar por el uso adecuado de los recursos públicos y cautelar la prohibición de recibir regalos, entre otros.

5. Implementación efectiva del control interno en las entidades del Poder Ejecutivo. Se promoverá y supervisará el cumplimiento efectivo de las normas contenidas en la Ley N° 28716 referidas a la implementación del control interno en las entidades públicas del Poder Ejecutivo como un mecanismo de prevención eficaz de la corrupción.

6. Mejora de la gestión de Recursos Humanos. Se impulsará la reforma del nuevo Servicio Civil en base a un modelo meritocrático que contribuya a garantizar la eficiencia en la gestión pública.

7. Publicidad de las sanciones de destitución y despido. Se brindará publicidad a la información contenida en el Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido, a fin que la ciudadanía ejerza un adecuado control social sobre quienes han incurrido en infracciones graves durante su desempeño en el sector público.

8. Sistematización de la información sobre procesos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupción. Se consolidará información referida a procesos administrativos disciplinarios en el Poder Ejecutivo a efectos de contar con data objetiva y cierta que permita conocer la incidencia de infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción para la adopción de políticas públicas correctivas.

9. Reconocimientos públicos e incentivos a las entidades cumplidoras de estándares de integridad. Se reconocerá a las entidades del Poder Ejecutivo que obtengan en un periodo determinado el mayor nivel de cumplimiento de las normas existentes en materia de ética y prevención de la corrupción.

10. Acompañamiento técnico a procesos de contrataciones públicas. Se promoverá la mejora de la gestión de las contrataciones públicas bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado mediante la asistencia técnica a entidades contratantes seleccionadas, en procura de la correcta utilización de los sistemas, programas y operaciones utilizados por estas, minimizando la ocurrencia de errores y prácticas administrativas restrictivas de transparencia, de libre concurrencia y competencia y de trato justo e igualitario.

11. Mejora de capacidades de los operadores de contrataciones del Estado. Se promoverá el procedimiento de certificación de los operadores encargados de las compras públicas, a fin de garantizar que la gestión de compras en el Estado se encuentre a cargo de funcionarios públicos que cuentan con las competencias y habilidades que su perfil y nivel de responsabilidad así lo requiere.

12. Alianza con el sector privado y la sociedad civil para reducir los riesgos de corrupción. Se suscribirá con el sector privado, y con participación de la sociedad civil, compromisos de integridad que guíen sus relaciones con el gobierno, en especial, en los ámbitos de mayor riesgo de corrupción como el de las contrataciones públicas, entre otros. Asimismo, se coadyuvará a la implementación de los códigos de ética del sector empresarial como mecanismo efectivo de prevención y sanción de la corrupción en este ámbito.

13. Alertas tempranas de riesgos de corrupción. Se implementará un instrumento de monitoreo del cumplimiento de las normas de prevención de la corrupción en la administración pública que permita evidenciar procesos vulnerables, a partir de los cuales se adoptarán medidas correctivas inmediatas. De manera paralela, se medirá en forma permanente la percepción ciudadana respecto a los niveles de corrupción en el sector público.

14. Estandarización de los mecanismos de denuncias. Se establecerán criterios, procedimientos y protocolos uniformes para la recepción y tramitación de las denuncias a efectos de garantizar que el procedimiento sea predecible, claro y sencillo para la ciudadanía.

15. Sistematización de jurisprudencia en materia anticorrupción. Se sistematizará y digitalizará la jurisprudencia de los casos más relevantes que hayan sentado precedente en materia anticorrupción a fin de garantizar la predictibilidad en futuros casos de corrupción.

16. Fortalecimiento del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Se impulsará el fortalecimiento del sistema de defensa del Estado de manera que se combata de manera frontal y enérgica todos los delitos, entre ellos, la corrupción.

17. Política de recuperación de activos y cobros de reparación civil. Se dará continuidad y se fortalecerán las coordinaciones entre la Procuraduría Anticorrupción y las entidades competentes a efectos de garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas penales por delitos de corrupción a través de la repatriación de fondos y el pago íntegro de la reparación civil.

18. Registro Nacional de la Corrupción. Se sistematizará, sobre la base de los registros de la corrupción creados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, información estadística sobre los casos de corrupción que comprenda todas las fases del proceso penal, desde la denuncia ingresada al Ministerio Público hasta la decisión final.

19. Propuestas legislativas para el fortalecimiento de medidas contra la impunidad. Se impulsarán propuestas legales para contar con un marco normativo coherente que impida que los que cometen actos de corrupción queden impunes, y los que son condenados sin haber cumplido con el pago íntegro de la reparación civil regresen a trabajar en el Estado.

20. Planes anticorrupción sectoriales. Se elaborarán planes anticorrupción en las entidades del Poder Ejecutivo que contengan medidas de prevención y sanción de la corrupción, teniendo en cuenta los procesos de mayor vulnerabilidad a la corrupción y los casos de corrupción que afecta a cada uno de ellos.

A partir de este desarrollo normativo aplicable al nivel nacional de gobierno, ¿es posible extenderlo a los niveles regional y local, es decir a los gobiernos regionales y municipalidades? Sí, es posible hacerlo y es obligatorio hacerlo. Los consejos regionales y los concejos municipales pueden replicar mediante ordenanzas en su respectiva jurisdicción la estrategia anticorrupción arriba reseñada, siempre de acuerdo a su realidad concreta y sus competencias legalmente establecidas. ¿Qué hacer si las autoridades políticas no son las más interesadas en impulsarla? La ciudadanía tiene un rol importante, y para ello es básico conocer lo que ella puede hacer. ¿Qué puede hacer? El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 plantea algunas ideas.

En primer lugar, ha elaborado una definición operativa del concepto corrupción: “Es el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona”.

En segundo lugar, el plan es aplicable al conjunto de entidades públicas: todas aquellas que componen el Poder Ejecutivo, los organismos constitucionalmente autónomos, y los gobiernos regionales y locales que componen la administración pública peruana. Algunas entidades han avanzado en elaborar diagnósticos para detectar procesos vulnerables de corrupción dando lugar a planes sectoriales anticorrupción. Pero resulta indispensable institucionalizar esa práctica de diseñar acciones anticorrupción en sus planes operativos institucionales.

En tercer lugar, aunque no hay una data objetiva para establecer los mayores o menores niveles de corrupción en el Estado, hay informaciones dispersas. Así, la Defensoría del Pueblo realizó una interesante sistematización de quejas recibidas por hechos vinculados a presuntos actos de corrupción o actos contrarios a la ética en el período 2005-2008, reportando a las municipalidades como el segundo sector (después de educación) con mayores quejas (27% del total), lo que evidencia la gravedad del tema. Del 2008 a la fecha es muy probable que ese porcentaje se haya incrementado. Por su parte, la VII Encuesta Nacional de percepción de la corrupción, elaborada por Proética, daba otra secuencia tal vez más acertada de entidades con mayor corrupción: Poder Judicial y Policía Nacional (88%), Congreso de la República (86%), partidos políticos (84%), municipalidades (75%) y gobiernos regionales (73%). Una tercera fuente es la Procuraduría Anticorrupción, que entre noviembre de 2011 a mayo de 2012 reportó a las municipalidades distritales como el segundo sector de instituciones más afectadas por actos de corrupción.

En cuarto lugar, el Plan también considera medidas relacionadas con la sociedad civil y entidades empresariales, aunque restringidas a su ámbito de relación con las entidades de la administración pública. Toda política de lucha contra la corrupción para que sea exitosa requiere contar con una sociedad civil fuerte que sea capaz de ejercer labores de participación, control y vigilancia de la administración pública, y requiere de fortalecer iniciativas anticorrupción al interior del sector empresarial y de los medios de comunicación. Por ello, el Objetivo 4 del Plan es la promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupción, y plantea las siguientes 4 estrategias y acciones:

1. Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad. Acciones: desarrollar programas de formación en valores en la ciudadanía organizada y no organizada, con énfasis en los espacios de formación académica y colegios profesionales, y establecer incentivos para las entidades y organizaciones civiles que promuevan una cultura de valores.
2. Promover la utilización de mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana. Acciones: revisar, concordar y actualizar el marco normativo referido a la participación ciudadana; promover y difundir en la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana; difundir en la ciudadanía los mecanismos y procedimientos de denuncias existentes en las entidades públicas; hacer extensivas las prácticas de audiencias públicas; y, promover la formación de veedurías ciudadanas y comités de vigilancia en las instituciones públicas.
3. Promover la participación del sector empresarial en la prevención, denuncia y sanción de la corrupción. Acciones: introducir mecanismos de sanción efectiva para casos de incumplimiento del Código de Ética, transparentar información referida a empresas sancionadas, y propiciar y difundir las buenas prácticas de transparencia en el sector empresarial.
4. Promover la participación de los medios de comunicación en la construcción de una cultura de valores y de vigilancia. Acciones: involucrar a los medios de comunicación en la vigilancia continua contra la corrupción.

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