El Peruano
Mejorarán las condiciones laborales del régimen CAS
Ministro revela que hay 120 mil trabajadores bajo esta modalidad
Dice que no afectará criterio de meritocracia que aplica Servir
Durante mi gestión en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empelo se recuperarán las competencias que el ente rector del empleo perdió en la última década, entre las que se encuentra atender a los trabajadores del sector público, anunció ayer el ministro Rudecindo Vega, quien reiteró que la concertación y la descentralización serán los ejes que marcarán la pauta de su labor.

El funcionario detalló al Diario Oficial El Peruano que se pondrá especial énfasis en aquellos que laboran bajo el régimen de contratos administrativos de servicios (CAS). Recordó que el ministerio se debilitó institucionalmente en estos últimos años, por lo que “es necesario recuperar las facultades para atender al sector empleador más grande del país, como es el Estado”.
Explicó que esta decisión no afectará las funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), responsable de aplicar el criterio de meritocracia en la función pública, si no que las potenciará para beneficiar con eficacia a los más de 120 mil trabajadores públicos contratados bajo ese régimen laboral. “Queremos abordar la realidad del empleo público de manera integral, y evaluar el CAS es un primer paso”, agregó.

Consejos de Trabajo
También informó que a partir de setiembre visitará los departamentos para promover la creación de los consejos regionales de trabajo (CRT). Vega considera que la descentralización debe fortalecer la gestión del Gobierno, y que las políticas laborales tienen que cumplirse.
En cuanto a lo que le compete hacer por las mype, expresó su compromiso por que ocupen un lugar en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Esta instancia, explicó el ministro, será un capítulo técnico en el Consejo Económico y Social que se instalará próximamente y que impulsará la propia Presidencia de la República.
“El CNT se aproximará al Consejo Económico y Social como el espacio sectorial que es y aportará concertadamente lo que los empresarios y trabajadores acuerden.”

Datos
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo se reunió ayer con los integrantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para presentarle al gremio los lineamientos de lo que será su gestión y buscar conjuntamente mecanismos de concertación en materia laboral.
Tras sostener en privado una cita, que tardó más de una hora, en el centro empresarial ubicado en la Torre Tres, en San Isidro, Rudecindo Vega expresó la voluntad de su sector de tener las puertas abiertas para escuchar sus propuestas y puntos de vista que permitan mejorar las condiciones en materia laboral

Estado debe impulsar carrera pública para asegurar estabilidad

En los últimos años este sector ha sufrido la pérdida de talento por malas condiciones
A cuatro días de haber asumido su cargo, el nuevo ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, dio a conocer su deseo por defender los derechos de los trabajadores del sector privado y del público.
Así, Vega comentó que su despacho presentará propuestas para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Estado.

Mientras que para Nuria Esparch, ex presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), cualquier apoyo es bueno, para algunos especialistas esta propuesta es un tanto difícil de cumplir.
Como se recordará, el campo de acción del ministerio se limita al de los trabajadores del régimen de la actividad privada, situación en la que se encuentra un 30% a 40% del total de empleados públicos, los cuales –a su vez– suman alrededor de un millón de personas.

Para el laboralista Germán Lora, el sector podría proteger a los trabajadores públicos en tres situaciones: como empleador; como cabeza del sistema inspectivo del Perú; y proponer normas para regular el cumplimiento de los derechos.
Ya conocemos las intenciones del ministro Vega en este último punto, pero siendo también empleador, ¿cómo podrá el ministerio ser juez y parte en las fiscalizaciones?

Según el laboralista Percy Alache, por este factor la labor del ministerio en la fiscalización hasta el momento ha sido poca, pese a tener un considerable campo de acción para hacerlo.
Por ello, considera que la gestión y defensa de los trabajadores públicos debería seguir en manos de Servir, mientras que las de las empresas públicas, en las del ministerio.

Con esto no coincide su colega Ricardo Herrera, quien cree que Servir no solo debería estar bajo el mando de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino también de Trabajo.

LEY MARCO
Pero algo que ambos especialistas consideran importante para los trabajadores de este sector es la inclusión a las planillas del Estado de los empleados que se encuentran en los diversos regímenes de contratación.
Y esta ha sido, desde la campaña electoral hasta el mensaje del 28 de julio, una de las propuestas del presidente Ollanta Humala.

Para Esparch, esta inclusión generaría problemas, por lo que sería necesario proponer metas realistas para mejorar la situación laboral de los empleados públicos y evitar la pérdida de talento que se ha dado en la última etapa del gobierno de Alan García.
“No podemos repetir los modelos de otros países, tenemos que crear nuestro propio sistema”, comenta.
En ese sentido, considera que este nuevo gobierno debería trabajar en una carrera pública a futuro dirigida a varios perfiles de trabajadores.

Con esto coincide el laboralista Orlando de las Casas, quien señala que otro punto que también se debería impulsar es la aprobación de la ley marco del empleado público, que durante mucho tiempo ha estado durmiendo el sueño de los justos.
Herrera sostiene que otro tema que no debe escapar a este gobierno es la mejora en la remuneración de los policías y militares.

CLAVES
Nuria Esparch comenta que los bajos salarios en algunas entidades del Estado han desmotivado a muchos trabajadores de este sector y han originado, en algunos casos, la fuga de talentos.
Cabe recordar que a inicios del gobierno de Alan García, una de las primeras medidas que se tomaron fue la fijación de un tope máximo para todos los sueldos del aparato estatal de S/.15.600.
El Comercio