A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL PERÚ, EL MODELO DE DESARROLLO HA SIDO INEFICAZ, PUES EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NO SOLO HA GENERADO DESIGUALDADES EN LOS NIVELES DE INGRESO, SINO QUE ADEMÁS NO HA IMPULSADO LA CAPACIDAD DE CONSUMO INTERNO Y HA IMPEDIDO DISFRUTAR LOS BENEFICIOS DE DICHO CRECIMIENTO A LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, ENTRE ÉSTA A LA MÁS POBRE DEL PAÍS.

Ante esta situación, en los últimos años se está desplazando la atención de la inversión en obras de infraestructura física, hacia inversiones sociales y productivas que parecen más idóneas para incrementar los ingresos de los más pobres: nutrición, enseñanza inicial y primaria, atención de salud al binomio madre-niño, caminos rurales, obras de agua y saneamiento y protección del medio ambiente, entre otros.

En este contexto, el presupuesto público constituye el instrumento primordial para promover el desarrollo económico y social del país. Su manejo eficiente puede contribuir a reducir los altos niveles de pobreza y de inequidad social persistentes. Pero, desafortunadamente, la ejecución presupuestal del último siglo no ha producido cambios significativos en la calidad de vida de los peruanos: las inversiones nacionales han girado, más bien, en torno a grandes obras de infraestructura que tuvieron escaso o ningún impacto en la generación de bienestar para la población.

Edificaciones emblemáticas de la ineficiencia de la inversión pública en los últimos años son, por ejemplo, el Parque al Árbitro o el Monumento al Lagarto, en Tumbes; el Obelisco Mirador en Tambopata-Puerto Maldonado (Distrito donde el 64% de la población carece de agua y el 68% no tiene alcantarillado); el Centro Cívico de Palca-Huancavelica (donde el 70% de la población no tiene agua y el 90% carece de desagüe); el Tambo, construcción de piedra y concreto armado construido en el ingreso a Tambogrande-Piura, un distrito rural donde más del 60% de la población no tiene agua, el 30% carece de desagüe y el 60% aún no tiene electricidad. La última perla es el Estadio que se construye en Yacango, un centro poblado del distrito de Torata (Moquegua) que apenas cuenta con poco más de mil pobladores, pero cuyo estadio tendrá una capacidad inicial de 1,700 personas. Este estadio tendrá un costo de casi 4,5 millones de soles, en una localidad que tiene graves carencias en analfabetismo, desnutrición y servicios básicos.

Actualmente, para impulsar la transformación de este escenario, se ha puesto en marcha un proceso para cambiar de modelo de ejecución presupuestal en toda la administración pública, modificándose el marco normativo correspondiente para implementar un nuevo sistema: la gestión presupuestaria basada en resultados. El propósito es eliminar la ineficiencia presupuestaria y vincular las prioridades del Estado a incrementos en productos, servicios y resultados, mejorando la asignación del gasto público con criterios de eficiencia y equidad.

Este proceso exige cambiar el tradicional enfoque de necesidades, orientando las prioridades hacia el logro de transformaciones sostenibles en la calidad de vida de la población. Esto significa mirar más allá de la construcción del aula y preocuparse por cuánto los niños aprenden matemáticas y cuánto comprenden lo que leen; no pensar solamente en la posta médica, sino en cuánto se reduce la desnutrición infantil y la mortalidad materno neonatal; preocuparse por la construcción de escuelas y centros de salud, pero también por construir y/o rehabilitar los caminos y trochas para que la gente llegue oportunamente a ellos.

La ausencia del Estado en muchas localidades del país tiene que revertirse. El último Informe sobre el Desarrollo Humano indica que el Estado está más presente -en términos de los bienes y servicios básicos que provee- en Lima-Callao, Arequipa y Tacna; y menos presente, si vale el término, en Huancavelica, Amazonas y Huánuco. En el departamento de Piura, la mayor presencia del Estado se identifica en las provincias de Piura, Talara y Sullana, mientras que es mucho menor en las provincias de Ayabaca y Huancabamba. Se necesita, entonces, un Estado que tenga la capacidad de proveer los elementos mínimos necesarios para el bienestar de la población, un Estado -en términos del PNUD- moderno, eficiente, democrático y participativo, capaz de superar las desigualdades que pesan tanto o más que la pobreza.

En este orden de ideas, el Presupuesto por Resultados, y específicamente la programación presupuestaria estratégica, cuya implementación progresiva se estableció en el año 2007, se constituye en un instrumento que permitirá hacer viables los cambios deseados y posibilitar el mejoramiento de la integridad y calidad del gasto público y, especialmente, contribuirá a solucionar los problemas más sentidos de la población nacional. Para el efecto, es necesario establecer una articulación sostenible entre la planificación estratégica y el presupuesto, en el que no solo se consideren las dimensiones técnicas, administrativas y financieras sino, sobre todo, los aspectos sociales, políticos e institucionales del proceso. Planificar y presupuestar por resultados, y vincular esto con mecanismos de monitoreo y evaluación, permitirán la optimización en la calidad y gestión del gasto público.

Sin embargo, lo más importante quizá es el compromiso político de las autoridades gubernamentales y la institucionalización del proceso en todos los niveles del gobierno. De esta manera, el Perú logrará poner en marcha un instrumento innovador, eficaz y eficiente para la optimización del gasto público, que tendrá un impacto sostenible en el mejoramiento de la calidad de vida y en el bienestar de los más pobres del país.■

Artículo escrito por ©FRANCISCO CÓRDOVA SÁNCHEZ, publicado en el suplemento SEMANA del diario El Tiempo, el domingo 9 de mayo de 2010