Ante esta situación, en los últimos años se está desplazando la atención de la inversión en obras de infraestructura física, hacia inversiones sociales y productivas que parecen más idóneas para incrementar los ingresos de los más pobres: nutrición, enseñanza inicial y primaria, atención de salud al binomio madre-niño, caminos rurales, obras de agua y saneamiento y protección del medio ambiente, entre otros.

En este contexto, el presupuesto público constituye el instrumento primordial para promover el desarrollo económico y social del país. Su manejo eficiente puede contribuir a reducir los altos niveles de pobreza y de inequidad social persistentes. Pero, desafortunadamente, la ejecución presupuestal del último siglo no ha producido cambios significativos en la calidad de vida de los peruanos: las inversiones nacionales han girado, más bien, en torno a grandes obras de infraestructura que tuvieron escaso o ningún impacto en la generación de bienestar para la población.