Improvisación. Esa es la palabra que define el proceso de creación del Ministerio del Ambiente que conduce el Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos esto?

Primero.- Porque el actual gobierno no tiene una propuesta de Política Nacional del Ambiente. Pero el Presidente de la República si tiene una política con importantes efectos ambientales.

Segundo.- Porque el Poder Ejecutivo no tiene un proyecto de Reforma de la Institucionalidad. Y no cree en verdad en ella.

Tercero.- Porque el Poder Ejecutivo no tiene ningún proyecto serio de creación del Ministerio.

Cuarto.- Porque las entidades del Poder Ejecutivo no han podido dictar en año y medio ni una sola norma de calidad ambiental, no han podido implementar ni el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ni el Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. Porque no tienen Agenda Ambiental, ni han evaluado la que acabó.
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El anuncio del Presidente de la República de crear un Ministerio del Ambiente aprovechando la delegación de facultades legislativas concedidas al Ejecutivo es sin duda una buena noticia. Pero supeditar su diseño a las necesidades del acuerdo comercial con los Estados Unidos sería un error. La agenda ambiental peruana es mucho más amplia y compleja. Por lo tanto es muy importante entender los principales desafíos que deberá enfrentar esta nueva entidad. ¿Qué necesitamos?:

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Como hemos venido sosteniendo en este pequeño espacio de discusión desde hace buen tiempo, la única razón que impulsaría al gobierno a realizar ciertas reformas en la institucionalidad ambiental del país es la implementación de los Tratados de Libre Comercio, en especial el que se ratificará el día de mañana con los Estados Unidos.

La Ministra Mercedes Aráoz anunció, como uno de los temas que requieren de cambios en la legislación, y que justificarían la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, la necesidad de reordenar la gestión del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), incluyendo al OSINFOR (regulación de las concesiones forestales), y a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). En el caso de INRENA – OSINFOR, el tema está claramente vinculado con la adenda realizada al APC con EEUU, y la obligación de fortalecer la lucha contra la tala ilegal. Pero Araoz deslizó la necesidad de una reforma mayor, indicando que “tenemos que hacer que el sistema ambiental funcione mejor. Hay que definir las funciones y organizarnos y fortalecer las capacidades no sólo normativas sino las de sanción”. Esto implicaría, cambios en las tres instituciones con mayores competencias: CONAM, INRENA, DIGESA. No dijo nada sobre las otras unidades ambientales de los ministerios.

De lo dicho no se puede desprender ninguna propuesta concreta. Pero pareciera que la idea apuntara a realizar las mejoras ya previstas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del año 2004, y de la Ley General del Ambiente del 2005. No estamos hablando, por lo tanto, de una reforma mayor.
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Los actuales responsables de las entidades ambientales del Gobierno Nacional no han podido definir explícitamente la política ambiental del país. Es el Presidente García el que la ha formulado con sus ya célebres artículos. Y debemos agradecerle el gesto. Pues quizás aquellos jamás lo habrían hecho. El problema es el símil entre “ambientalista” y “perro que no come ni deja comer” planteado por García. Por ello, salvo que los funcionarios ambientales quieran aceptar una inesperada naturaleza canina y perversa, deben convertirse en enemigos acérrimos de cualquier ambientalista aguafiestas que sea etiquetado como “anticapitalista”, “enemigo de la inversión” o, peor aún, “comunista encubierto”. El perro es lobo para el perro.

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Lima y Callao constituyen, luego de El Cairo (Egipto), el asentamiento humano más grande del mundo edificado sobre un desierto. Por ello no es extraño que las aguas de los ríos que surcan la metrópoli hayan sido insuficientes para atender la demanda de una población que bordea hoy los 8 millones de personas. SEDAPAL ha tenido que utilizar cada vez más las aguas subterráneas lo que ha significado que el nivel de la napa freática haya descendido en promedio 1.50 metros por año entre 1955 y 1997. Este ritmo ha llevado a que en el 2005 se haya superado en 1.1 m3/s el nivel de seguridad en el uso de los pozos en el área del Rímac-Chilón y que la demanda de Lima y Callao haya ya superado a la oferta en 1.61 m3/s en el 2003.
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El Perú pierde cada año aproximadamente el 3.9% de su PBI, mientras que gasta entre el Estado y las empresas privadas apenas el 0.61% del PBI. ¿Podemos reducir esta brecha? Claro que sí. Pero para eso se requiere reformar la institucionalidad ambiental. Pero como en el refrán, no parece fácil ponerle el cascabel al gato.

En todos los países del mundo, los objetivos ambientales deben dar dura batalla frente a otras políticas públicas. El desarrollo económico o las necesidades sociales exigen prioridad, lo cual en ocasiones significa que la variable ambiental simplemente desaparezca al momento de tomar una decisión de importancia. Por dicha razón, se ha buscado generar un conjunto de reglas y organizaciones públicas que le den a lo ambiental mejores herramientas para enfrentar estas presiones y lograr una integración más armónica de los componentes del desarrollo sostenible. Lamentablemente, el actual Gobierno Nacional no parece muy interesado en seguir este camino. Desde luego, esto no es algo nuevo. Ni el primer gobierno de Alan García, ni Fujimori, ni Toledo mostraron un entusiasmo mayor en este tema. Pero al menos se avanzó en la construcción de ciertas bases institucionales que hoy en día se mantienen al menos formalmente. Lo nuevo de la situación actual es que el Gobierno Nacional decidió debilitar la institucionalidad existente y supeditarla abiertamente a los objetivos del desarrollo económico, deteniendo todos los procesos que pudieran afectar esta decisión.

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En un reciente y muy comentado artículo, el Presidente Alan García acaba de establecer la genealogía del ambientalista del siglo XXI. Fue el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX, que se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en este siglo como protector del ambiente. El gen compartido es un anticapitalismo que va en contra de la inversión y que defiende la idea de que con una agricultura pobre se puede dar un salto a un mayor desarrollo, sin explicar cómo.

Sin duda el presidente no conoce mucho de la historia del movimiento ambiental. Este es tan rico y diverso que puede encontrar en él a figuras tan disímiles como el reciente Premio Nobel de la Paz Al Gore, Richard Nixon (sí, el mismo de Watergate) y Rachel Carlson (la autora de la Primavera Silenciosa). Y a nivel nacional, desde Antonio Brack, pasando por Felipe Benavides, hasta Marco Arana. ¿Son todos ellos herederos de Marx? Sin duda serlo no tendría nada de malo. Pero la respuesta es no. En realidad gran parte de los instrumentos ambientales modernos están basados en ideas fuerza tales como competitividad, propiedad, mercado. De hecho, un autor como el famoso Michael Porter (otro que no puede ser acusado de comunista anticapitalista), ha vinculado la competitividad de los países a la existencia en ellos de buenos modelos de regulación ambiental, basados en normas exigentes, en esfuerzos de aplicación progresiva y efectiva.
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El Viceministro de Minas acaba de delinear con mediana claridad la política del Gobierno en el tema minero. El centro de su interés es que el Perú tiene proyectos mineros que implicarían inversiones de 14,000 millones de dólares. Frente a ello se ha señalado que el Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido con dos grandes objetivos en el sector minero: la recuperación de la confianza como condición de la gobernabilidad del sector y el desarrollo sostenible.

Se ha reconocido que la minería “es un sector que hoy día tiene cierto grado de conflictividad social”, por lo que se tiene que “recuperar la percepción del ministerio como una autoridad imparcial”. El Gobierno Nacional busca que las “actividades mineras se realicen en el marco de la excelencia ambiental y social” y poner “énfasis en la percepción de la minería no como un fin en si mismo, sino como un medio de derrotar la pobreza y lograr el desarrollo social”, así como “generar las condiciones para que no se pierda el alto atractivo de Perú en relación a la inversión nacional y extranjera” en minería.

El Ministerio de Energía y Minas estaría buscando que se “creen herramientas estándares que permitan que en todo el país se trabaje con los mismos criterios, adecuados de acuerdo a las demandas sociales”. La estrategia del Gobierno “Nacional es que todas esas demandas sociales sean canalizadas a través de una agresiva campaña de inversiones en infraestructura”, precisó Isasi.
El viceministro agregó que considera que existe “un problema de conocimiento y educación” para hacer que “la población pueda tomar conciencia del potencial minero de su región”. “No queremos que en el futuro nos digan por qué no se aprovechó esa oportunidad”, enfatizó. También aseguró que “en el país se sancionan los incumplimientos” a las leyes medioambientales en minería y que “los que incumplen impunemente (esas leyes) son casos aislados”. Consideró, al respecto, “un falso dilema decir que no es posible la coexistencia entre la minería y la agricultura”.

En resumen, la minería es muy importante, porque es una fuente principal de ingresos (14,000 millones de dólares). Hay cierta conflictividad, pero el Ministerio de Energía y Minas puede ser percibido como “autoridad imparcial”, si educa e informa a la gente sobre lo bueno que puede ser la minería. Y no hay problemas de aplicación de las leyes ambientales.

Esto refleja una mala lectura del problema y de las soluciones. El problema no es la desinformación y la falta de educación de las personas. El problema es el Estado. Los países que han logrado desarrollarse aprovechando los recursos naturales se han caracterizado por políticas públicas fuertes. Esto es así porque la explotación de los recursos naturales generan incentivos perversos que termina generando conflictos. Sólo como un dato, los países ricos en recursos naturales tienen el doble de probabilidad de sufrir una guerra civil.

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El ex vicepresidente de EE UU Albert Arnold (Al) Gore Jr (o simplemente Al Gore), ahora uno de las figuras mediáticas más importantes en los esfuerzos por tomar decisiones globales que enfrenten los desafíos del cambio climático global, y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change) de las Naciones Unidas han sido galardonados con el premio Nobel de la Paz 2007, por “sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las bases para las medidas para contrarestar ese cambio”. En su argumentación, el Comité Nobel ha destacado los esfuerzos de los galardonados por “construir y divulgar un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y por fijar la base de las medidas que son necesarias para contrarrestar ese cambio”.

Al Gore es sin duda ahora una figura conocida mundialmente, en especial a raíz de su documental (ganador de El Oscar) “La Verdad Incómoda”, y el libro del mismo nombre que reproduce los argumentos del primero. Él se ha mostrado “profundamente honrado” de recibir el Premio Nobel de la Paz. “Esta recompensa es más significativa por el hecho de que tengo el honor de compartirla con el Panel intergubernamental de expertos sobre la evolución del clima, el grupo científico más eminente dedicado a mejorar nuestra comprensión sobre a crisis del clima, un grupo cuyos miembros han trabajado sin descanso y con abnegación desde hace muchos años”, ha asegurado Al Gore en el comunicado. Aunque el interés de Al Gore por la ecología se remonta 17 años atrás, antes de ser el vicepresidente de EEUU durante el mandato de Bill Clinton (1993-2001), cuando fue reelegido como senador demócrata por Tennessee en 1990, es después de perder las elecciones en el año 2000 contra George Bush (quien por cierto ha declarado sentirse feliz por el reconocimiento a su ex contendor, aunque obviamente seríamos más felices nosotros si por ejemplo ratificara el Protocolo de Kyoto), que asume un papel protagónico en el tema del cambio climático. Al Gore también ha recibido el Premio Príncipe de Asturias por su “decisiva contribución al progreso en la solución de los graves problemas del cambio climático”.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, creado en 1988 es en cambio una entidad que aunque ampliamente conocida y reconocida en el mundo ambiental, no tiene ni por asomo el nivel de presencia mediática que el ex vicepresidente de EEUU, aun cuando su contribución haya sido sino superior, al menos igual de importante. El IPCC presentó ya en 1991 (dos años antes de que Al Gore fuera electo vice prepresidente) un primer informe de evaluación en el que se reflejaban las opiniones de 400 científicos. El IPCC tienen la actualidad la misión de examinar “las investigaciones realizadas en todo el mundo” a la vez que “publica informes periódicos de evaluación y compila informes especiales y documentos técnicos”. “El Premio Nobel de la Paz es un notable reconocimiento a la dedicación y al compromiso de los miles de expertos y colaboradores que han elaborado las rigurosas y comprensivas afirmaciones del Panel sobre el cambio climático”, señala la institución en un comunicado. Todos los científicos que participan en el Panel lo hacen de forma voluntaria y altruista. “Esta red de trabajo voluntario de miles de científicos y expertos es los que heca del IPCC algo verdaderametne único”, recalca en la nota su secretario general, Renate Christ. De carácter apolítico, intenta ser un “contrapeso útil en el debate, con frecuencia muy politizado, sobre qué se debe hacer con respecto al cambio climático”. Los informes de este panel de expertos tuvieron un papel fundamental en las negociaciones que dieron lugar al Protocolo de Kyoto.

Desde Nueva Dehli, el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, ha mostrado su alegría por el galardón. “Espero que esto ponga la cuestión en la parte central de la escena y que provoque una mayor toma de conciencia y un sentimiento de urgencia”, ha declarado Pachauri. Las instituciones de las que depende el IPCC, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Meteorología (OMM) también han manifestado su satisfacción por la concesión del premio. “El Comité del Premio Nobel de la Paz ha dejado claro hoy que la lucha contra el cambio climático es un elemento central para la paz y la política de seguridad en el siglo XXI”, señala en un comunicado el director ejecutivo PNUMA, Achim Steiner. La página web de la OMM resalta, por su parte, que confían en que el premio “nos inspire a todos, desde los individuos hasta los políticos, para hacer el mejor uso posible del conocimiento adquirido mediante la ciencia sobre el cambio climático, para emprender las acciones necesarias que portejan nuestro planeta”.

Más allá de las críticas que pudiera hacerse al trabajo Al Gore, está claro que ha contribuido enormemente a poner el tema del Cambio Climático en la agenda mundial. Y lo mismo puede decirse del IPCC. Desde luego esta es nueva oportunidad para que el Perú pueda poner en relieve su condición de país altamente vulnerable frente a un problema al cual contribuye muy poco.
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En estos últimos días distintas instituciones nacionales y extranjeras han reaccionado con profunda preocupación ante una propuesta presentada ante el Consejo de Ministros el pasado 25 de setiembre que pretendería recortar en más de 209,000 hectáreas el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el área correspondiente a Candamo, para el establecimiento de un nuevo lote de hidrocarburos.

Desde luego, el entonces Intendente de Areas Naturales Protegidas del INRENA, Luis Alfaro, mostró su desacuerdo con esta medida. Claro, ahora tenemos un nuevo Intendente. El hecho es que nuevamente el Gobierno Nacional parece supeditar absolutamente la política ambiental a los objetivos del crecimiento económico, bajo el supuesto de que los proyectos de desarrollo “modernos” ya no causan problemas ambientales, por lo que ya no tiene sentido excluir ninguna parte del territorio nacional del desarrollo de ciertas actividades económicas. Desde luego esto nos regresa a discusiones de los años 80 (el caso Tambopata), y nos muestra que todavía poco hemos aprendido de las experiencias del pasado. Existen ciertas zonas del país que siendo especialmente ricas en biodiversidad tabién son especialmente frágiles, por lo que el Estado decide protegerlas, es decir, reducir el riesgo de que se vean afectadas. Nadie dice que la tecnología ha mejorado, pero el riesgo sigue existiendo. ¿Tiene sentido agregar un riesgo en un lugar creado precísamente para reducirlos al máximo? Pues no, y esto parece ser una idea que no cala en quienes sólo piensan en términos del crecimiento del PBI y en cuánto dinero tendremos para los programas sociales antes de que termine mi gobierno, y no en la importancia de nuestra riqueza natural en el largo plazo. Precísamente Candamo, es un área del parque Bahuana Sonene que ha sido clasificada como zona de protección estricta por ser el espacio más vulnerable del mismo, de tal importancia que sin él el parque en su conjnto perdería razón de ser, al perderse definitivamente los objetos de conservación y protección.

Y si lo anterior no fuera suficiente para criticar la propuesta, esta iniciativa podría estar poniendo en riesgo la futura ratificación del TLC con los EEUU (Acuerdo de Promoción Comercial). El Estado Peruano ha suscrito el Convenio sobre Diversidad Biológica, el mismo que tiene como uno de sus compromisos, el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes en los países miembros. Por lo tanto, se contradeciría directamente algunos de los compromisos recientemente asumidos, entre los cuales destaca el consignado en el capítulo 18 sobre medio ambiente, el mismo que en su artículo 18.3, párrafo 2, señala que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en las legislaciones ambientales de las partes. Por su parte, el numeral 14, establece que se entiende por legislación ambiental, cualquier ley o regulación de una parte cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención de un peligro para la vida o la salud humana, animal o vegetal, mediante la protección o conservación de flora y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial. Adicionalmente, la addenda al TLC firmada a insistencia de los representantes democrátas señala expresamente la obligación de respetar los Acuerdos Multilaterales Ambientales, en donde se incluye la Conveción sobre Diversidad Biológica.

En estas semanas el tema parece haber sido puesto en la congeladora, pero sin duda el asunto reaparecerá pronto, pues las razones de la propuesta (y los intereses e incentivos) siguen ahí.

Firme a favor de Candamo!!

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