¿Quién le pone el cascabel (ambiental) al gato (contaminador)?

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El Perú pierde cada año aproximadamente el 3.9% de su PBI, mientras que gasta entre el Estado y las empresas privadas apenas el 0.61% del PBI. ¿Podemos reducir esta brecha? Claro que sí. Pero para eso se requiere reformar la institucionalidad ambiental. Pero como en el refrán, no parece fácil ponerle el cascabel al gato.

En todos los países del mundo, los objetivos ambientales deben dar dura batalla frente a otras políticas públicas. El desarrollo económico o las necesidades sociales exigen prioridad, lo cual en ocasiones significa que la variable ambiental simplemente desaparezca al momento de tomar una decisión de importancia. Por dicha razón, se ha buscado generar un conjunto de reglas y organizaciones públicas que le den a lo ambiental mejores herramientas para enfrentar estas presiones y lograr una integración más armónica de los componentes del desarrollo sostenible. Lamentablemente, el actual Gobierno Nacional no parece muy interesado en seguir este camino. Desde luego, esto no es algo nuevo. Ni el primer gobierno de Alan García, ni Fujimori, ni Toledo mostraron un entusiasmo mayor en este tema. Pero al menos se avanzó en la construcción de ciertas bases institucionales que hoy en día se mantienen al menos formalmente. Lo nuevo de la situación actual es que el Gobierno Nacional decidió debilitar la institucionalidad existente y supeditarla abiertamente a los objetivos del desarrollo económico, deteniendo todos los procesos que pudieran afectar esta decisión.

Ahora, como reacción al desastroso resultado obtenido en el caso Majaz, el envío al archivo del proyecto de ley que buscaba declarar el “sí o sí” de veinte proyectos mineros, o la marcha atrás (al menos temporal) del proyecto de reducir el Parque Nacional Bahuaja Sohene, o las (limitadas) exigencias del TLC con los EEUU, Jorge del Castillo ha anunciado la aprobación (¡¡al fin!!) de la Política Nacional del Ambiente y el fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. Sin embargo, no ha dado ningún detalle al respecto. Hemos tenido acceso a la propuesta de la nueva Política y podemos decir que no asume ninguna posición clara sobre la reforma institucional. Más allá de declaraciones efectistas, no apuesta por sacar del ámbito de los ministerios las decisiones claves de la regulación ambiental: la aprobación de la evaluación de impacto ambiental y de los PAMA, la fiscalización ambiental y el manejo de los recursos naturales renovables, llevándola a una Autoridad Ambiental Nacional efectiva, y a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Es decir, el Gobierno Nacional no propone ninguna reforma. Para colmo, declara que los Gobiernos Regionales deben someterse a la autoridad del CONAM (¿?), definición que saca a la luz la verdadera política del Poder Ejecutivo. No cree en la profundización de la descentralización.

Por lo tanto, si vamos a insistir en la reforma, esta deberá partir de otros actores, lo cual es en realidad lo que también ha sucedido en la mayoría de países. La sociedad civil, la prensa, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales, los partidos políticos y el parlamento pueden tener un papel muy importante. Lo que necesitamos en lograr reunir a estos grupos, incluyendo a los sectores empresariales modernos, para empujar juntos una verdadera reforma. Ojalá pronto podamos dar este primer paso para controlar al gato contaminador.

Ivan Lanegra

(Publicado en La Primera – Huancayo, 13 de noviembre de 2007)

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