Los decretos legislativos 1090 y 1064, al permitir que los bosques desforestados (“tierras forestales sin cobertura boscosa”) sean vendidos y posteriormente dedicados a la agricultura, abren la posibilidad de que se incremente la deforestación en una medida sustantiva.

En el país hay aproximadamente 10 millones de hectáreas de tierras desforestadas, que representan alrededor de 14% del total de los bosques (más de 70 millones de hectáreas). Una evaluación apresurada llevaría a pensar que no hay motivo de alarma, pues “no es mucho” lo que se pretende vender.

Sin embargo, hay dos apuntes claves. El primero es que antes de la dación de esos decretos el régimen legal permitía entregar en concesión las tierras deforestadas; la novedad es que ahora se da luz verde para su venta. El segundo es que con esto se alentará la deforestación con el claro propósito de poder vender el bosque. Existe, pues, el riesgo de que se establezca un círculo perverso: que los intereses particulares arrasen con millones de hectáreas y que los 10 millones actuales se conviertan en una cifra del recuerdo.

Fuente: http://peru21.pe/impresa/noticia/bosques-peligro-triunfo-pragmatismo/2008-10-05/226511La capacidad de control del estado sobre los recursos naturales y los bosques en particular es a todas luces deficitaria. Este hecho no es una novedad. Desde hace décadas funcionan en el Perú la tala y el comercio ilegales de la madera, y el estado ha sido un cero a la izquierda para controlarlos. Es fácil imaginar qué sucederá con la deforestación cuando entren los grupos económicos más poderosos.

El proceso tiene tanta fuerza que ya está en proceso la compra-venta de tierras en Ucayali, Madre de Dios y la selva central. El efecto de la deforestación masiva tendrá un gran impacto sobre la fauna y flora y sobre la población que vive desde siempre en esos espacios, por más que el gobierno considere que son inexistentes: se sigue pensando en la selva como una región desocupada.

Los decretos mencionados tienen todos los visos de ser inconstitucionales. La Constitución señala (Art. 66), que el estado es propietario de los recursos naturales y que no se pueden vender. La Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales considera, a su vez, que las aguas y las tierras forestales (con o sin bosque) son también recursos naturales y que por lo tanto tampoco se pueden vender (cosa que están permitiendo los decretos comentados).

Sería muy importante que la Defensoría del Pueblo, que tan importante papel tuvo a propósito de la reciente protesta de las comunidades nativas se pronuncie sobre este tema.