La noticia de la creación de un ministerio del medio ambiente cayó como un baldazo de agua fría. Y, claro está, cayó por la presión del Tratado de Libre Comercio que exige al Gobierno Peruano garantizar el uso sostenible de los recursos. Sorprendió, además, porque durante años diversas ONG, especialistas y la misma Defensoría del Pueblo recomendaron –sin que nadie les hiciera caso– la necesidad de contar con una autoridad autónoma capaz de ordenar el disperso, desordenado e ineficiente control ambiental. Ni siquiera cuando los conflictos socioambientales se multiplicaron se atendió este pedido.

Fuente: “El Comercio” – domingo 20 – 01 – 08
Todo fue tan inesperado que hasta el mismo presidente del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), Manuel Bernales, se enteró del nuevo ministerio por la prensa. Pero la noticia presidencial desconcertó más cuando, unas semanas después, el Gobierno presentó una propuesta con serios errores legales –alertó la Defensoría del Pueblo– en la que incluso restaba el rol fiscalizador del nuevo ministerio al sector minero, hasta ahora en manos de Osinergmin.

Sin embargo, este repentino entusiasmo ambiental no se traduce en el impulso que debería darse a la elaboración de algunas normas que garanticen mejores estándares de calidad de vida por parte de los sectores y la aprobación de otras que se encuentran hace meses en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a la espera de ser aprobadas.

NORMAS PENDIENTES
¿Cómo tener un ministerio del medio ambiente si sectores como el pesquero aún carecen de Límites Máximos Permisibles (LMP) para regular los contaminantes de sus emisiones gaseosas? ¿Cómo se piensa instalar este portafolio si hasta la fecha el Sistema de Evaluación Ambiental no tiene un reglamento? Manuel Pulgar Vidal, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que la propuesta de este reglamento fue alcanzada hace casi tres años por el Conam a la PCM pero hasta la fecha no ha sido aprobado. “Sin la promulgación de esta norma, se crearía un ministerio cojo”.

Ante esta situación, Vitto Verna, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de la Defensoría, recomienda al Ejecutivo priorizar la elaboración y aprobación de las normas y reglamentos pendientes –algunos de ellos– desde hace ya ocho años. Esos son los casos de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua, los LMP de efluentes del sector hidrocarburos, los LMP para emisiones en el sector industrial y los LMP de efluentes de la industria pesquera, entre otros.

En total, suman más de 90 las normas que los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades se comprometieron a elaborar y aprobar con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata, en su mayoría, como ya hemos visto líneas arriba, de los ECA y LMP, instrumentos necesarios para hacer más eficiente la fiscalización ambiental.

INSTRUMENTOS NECESARIOS
“Estas normas deberían aprobarse antes de la instalación del ministerio”, insiste Mariano Castro, ex secretario ejecutivo del Conam y actual miembro de la comisión que elaborará la propuesta oficial. El experto alerta que un portafolio sin estas normas arrastraría serios vacíos legales que dificultaría el trabajo, porque son estas las que marcan las pautas de una eficiente evaluación.

La demora en la elaboración y aprobación de estas normas responde en parte –dice el presidente del Conam, Manuel Bernales– a las reuniones y el proceso de consulta pública necesarios antes de que el Conam eleve la propuesta a la PCM. Una vez ahí, el documento esperará junto a otros hasta convertirse en una prioridad. “El Gobierno tiene que revisar muchas otras leyes”, excusa así Bernales el retraso del Ejecutivo.

FISCALIZACIÓN AUTÓNOMA
¿Qué tipo de ministerio garantiza una mejor fiscalización? La experiencia mundial demuestra que los modelos de gestión ambiental europeos, como el alemán, cuyo Ministerio del Ambiente cuenta con un órgano de control autónomo, garantiza una administración mucho más independiente, ajena a las decisiones políticas.

En ese camino va la propuesta de la Defensoría. Recomiendan que el ministerio cuente con una oficina técnica especializada encargada de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y fiscalizar el cumplimiento de los LMP. “Se trataría de un órgano técnico cuyo jefe podría ser elegido por concurso”, precisa Vitto Verna.

La propuesta es compartida por Manuel Pulgar Vidal, quien sugiere la creación de dos oficinas especializadas adicionales: una encargada de la investigación, información e inventario, y otra dedicada a la diversidad biológica. Mariano Castro se suma al señalar que una oficina técnica con estas características tendría una mayor confianza por parte de la población.

En la opinión del presidente del Conam, la necesidad o no de contar con oficinas técnicas especializadas es un tema que deberá “discutirse en su momento” por la comisión –presidida por Antonio Brack– encargada de elaborar la propuesta oficial del Ejecutivo.

Todos los especialistas y autoridades consultados coincidieron en señalar que el nuevo ministerio deberá absorber el rol fiscalizador de los sectores, sobre todo en lo concerniente a proyectos mineros, energéticos y demás actividades extractivas. No obstante, tanto Pulgar Vidal como Mariano Castro sostienen que el ministerio no puede manejar todos los temas. “Hay algunas funciones que deben mantenerse en los sectores y municipalidades”. Por ejemplo, el EIA para la instalación de un grifo, podría ser revisado por la municipalidad local.

DECISIÓN POLÍTICA
El Gobierno nombró la semana pasada al ecólogo Antonio Brack como responsable de la comisión que desarrollará la propuesta de creación del nuevo ministerio. Él ha convocado a Carlos Aranda, de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigación Amazónica del Perú (IIAP) y Mariano Castro, ex secretario ejecutivo del Conam, que fue separado de su cargo por el actual presidente de la institución.

Como se recuerda, el retiro de Mariano Castro de la entidad ambiental coincidió con el alejamiento de otros técnicos de reconocida trayectoria. Y es que, durante la actual gestión, el despido de expertos se ha incrementado y las críticas a la actitud pasiva del Conam frente a ciertos eventos ha sido duramente cuestionada. Por ejemplo, el Conam no dijo nada sobre la polémica propuesta que reduce el área del parque nacional Bahuaja Sonene, en Madre de Dios, para promover la exploración de hidrocarburos.

Uno de los últimos hechos ocurrió en setiembre del año pasado, cuando la Resolución Ministerial 172-2007 de la PCM modificó la condición laboral de cinco directivos, al variar la categoría de ‘empleado’ por el de ‘cargos de confianza’. Así, tres de los funcionarios que durante siete años laboraron en la institución fueron separados y en sus puestos colocaron a otros de ‘mayor confianza’.

La creación de un ministerio del ambiente es un loable avance, sin embargo, se necesita mucho más que un portafolio para ejercer un control ambiental eficiente, distante de decisiones políticas. Se requiere personal técnico y calificado .