Industrias electrónicas y derechos humanos: ¿Qué hacer?
2:00 p m| 14 mar 19 (CYJ).- Se sabe que, en una economía globalizada, gran parte de lo que compramos ha sido producido en otra parte y ha llegado a nuestras manos a través de acuerdos comerciales y largas cadenas de suministro transnacionales. Sin embargo, excepto el precio, las características técnicas o la apariencia, la mayor parte de las veces desconocemos por completo la historia de estos productos. ¿Quién los ha producido? ¿En qué condiciones? ¿Qué impactos sociales y medioambientales han tenido sus procesos de producción y distribución? Una reflexión de Guillermo Otano en “Cristianismo y Justicia”, aborda el caso específico de la fabricación de dispositivos electrónicos y propone caminos para una tecnología responsable.
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Pocos productos son tan opacos, y al mismo tiempo tan vulnerables a los riesgos en sus cadenas de suministros, como los dispositivos electrónicos. Si estás leyendo este artículo en la pantalla de tu móvil, de una tablet o de un ordenador portátil es prácticamente seguro que la fabricación de dicho dispositivo haya implicado a empresas y otros actores de varios países, desperdigados en al menos tres continentes diferentes.
Es probable, además, que algunas de las personas que trabajan en ellas, o las comunidades en donde operan, hayan sufrido abusos laborales, daños derivados de la contaminación u otro tipo de vulneraciones de derechos humanos. Veamos, a grandes rasgos, cuáles son los puntos más sensibles de dichas cadenas de suministro.
Los riesgos existentes de la mina a la refinería o fundición
Las cadenas de suministro de las empresas tecnológicas constan de dos partes. El primer segmento es el “upstream” (en inglés, “río arriba”), que va de la mina hasta la refinería o la fundición. Los componentes electrónicos emplean metales y diversas sustancias de origen mineral que se extraen y se procesan en diferentes lugares geográficos. Además, el trayecto de un sitio a otro está repleto de riesgos.
Muchos lugares de extracción se hallan en países que presentan altos índices de corrupción institucional, carecen de legislaciones medioambientales o, directamente, toleran el comercio de minerales procedentes desde zonas en conflicto dentro de su territorio, sin ejercer los controles adecuados. Es el caso del coltán, el wolframio, el estaño o el oro; conocidos popularmente como “minerales de sangre” por su vinculación con la financiación de grupos armados y el crimen organizado.
El tipo de minería que se emplea para su extracción es artesanal, a pequeña escala, y se produce en comunidades mayormente rurales, como las del este de la República Democrática del Congo, el interior de Colombia o el norte de Myanmar, donde todavía operan actores armados y, por desgracia, los trabajos forzosos o la explotación infantil son habituales.
No obstante, la lista de minerales empleados por las industrias electrónicas es mucho más amplia e incluye otros minerales como el cobalto, el cobre, el litio y el platino, por citar algunos. Éstos, aún extrayéndose mediante minería industrial a gran escala y bajo supervisión del Estado, no están exentos de riesgos.
Las relaciones entre las empresas mineras y las élites políticas a menudo dan pie a irregularidades en los diferentes ciclos de la minería: desde la concesión arbitraria de las explotaciones, que vulnera el derecho de las comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada, hasta la falta de controles en el cese de su actividad, que puede derivar en daños medioambientales graves; pasando por desplazamientos forzosos, intimidaciones a las personas que defienden el medio ambiente o dejación de funciones a la hora de protegerlas de posibles amenazas.
Sin unos sistemas de gestión que permitan identificar, evaluar, prevenir y mitigar todos estos riesgos en el tramo “upstream” de la cadena, los minerales procedentes de explotaciones ilegales o de empresas poco responsables, pueden fundirse con otros procedentes de fuentes más fiables, imposibilitando determinar su origen una vez son procesados.
Los derechos laborales en las plantas de ensamblaje
Tras el paso por las refinerías y fundiciones, comienza el segundo tramo de la cadena, el “downstream” (en inglés, “río abajo”). Éste abarca la relación entre las empresas que reciben el metal ya procesado para la fabricación de componentes, las manufactureras donde se ensamblan los dispositivos electrónicos y las distribuidoras comercial. Se trata de empresas vinculadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aunque la revolución digital está incrementando la demanda de electrónica por parte de otras industrias como la biomédica, la armamentística, aeronáutica, etc.
La relación entre las empresas tecnológicas y las manufactureras está orientada por el coste-beneficio y se limita a controlar los aspectos técnicos de la producción. La presión para abaratar estos costes ha desplazado las fábricas hacia países donde los salarios son más bajos y las legislaciones laborales son más laxas. Todo ello termina repercutiendo en las condiciones de trabajo.
Un reciente estudio elaborado por el Economic Rights Institute y Electronic Watch muestra cómo el suicidio se ha convertido en una forma de protesta en varias fábricas de electrónica en China. La investigación, basada en el análisis de 167 casos de suicidio, entrevistas en profundidad con 252 empleados de 4 fábricas y una encuesta a 5.592 empleados de 44 proveedores, asegura que el 48% de estos suicidios buscan presionar a las empresas para mejorar las condiciones de los trabajadores o denunciar a los supervisores agresivos o el personal de seguridad de las fábricas.
Los suicidios son sólo la punta del iceberg. La presión económica genera un clima de tensión constante a menudo invisible desde fuera, donde las horas extras y las jornadas sin fin son obligatorias, y las coberturas médicas en caso de accidente son denegadas; donde hay trabajadores migrantes que aceptan condiciones de trabajo en régimen de semiesclavitud y terminan hacinados en recintos insalubres por miedo a perder los permisos de residencia que facilitan los empleadores. Ante estas situaciones, ¿qué hacer?
Caminos para promover la tecnología responsable
Los incentivos para promover el respeto de los derechos laborales y otros derechos humanos en las cadenas de suministro de la electrónica pueden venir, resumidamente, de dos frentes: las legislaciones vinculantes y la presión de los consumidores. Ninguna de las dos es perfecta. La buena noticia es que son compatibles.
En materia de derechos laborales existen diversos convenios y normas de la Organización Internacional de los Trabajadores para garantizar unas condiciones de trabajo dignas. También están las legislaciones nacionales en esa materia. El problema es que, sin la voluntad política y los mecanismos necesarios, incluso las mejores normas pueden terminar convirtiéndose en papel mojado.
Por suerte, en los últimos años han surgido innovaciones interesantes, como el proyecto Make ICT Fair, que agrupa a instituciones del sector público en varios países europeos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil (como Setem Catalunya o Electronic Watch) para implementar sistemas de protección laboral y rendición de cuentas orientados hacia los trabajadores de las fábricas de electrónica. La cooperación entre las partes se traduce en la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de las administraciones públicas, donde las empresas que quieran suministrar de TICs a ayuntamientos y universidades, se comprometen respetar determinados estándares laborales. Posteriormente, durante la duración del contrato son organizaciones de la sociedad civil y sindicatos locales las que se encargan de vigilar su cumplimiento.
Respecto a los minerales en conflicto, la OCDE también ha fijado unas directrices de suministro responsable para evitar riesgos como la explotación infantil o los trabajos forzosos en las minas. Inspirado en dicho documento, la Unión Europea, en mayo de 2017, aprobó un Reglamento que obligará a los importadores directos de coltán, estaño, wolframio y oro a cumplir con estos estándares de diligencia debida. Sin embargo, las empresas TIC que importan dispositivos electrónicos acabados no estarán obligadas a cumplir dichas directrices, aunque tanto la OCDE como la UE les animan a hacerlo.
Para que ese enfoque entre obligatoriedad y voluntariedad funcione, es importante movilizar a la ciudadanía para que genere una demanda de tecnología responsable. En esta línea ya se están empezando a plantear iniciativas. En el marco de la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, la ONG ALBOAN, con la colaboración del Servicio Jesuita a Migrantes de Valencia, ha lanzado recientemente una petición de firmas para fomentar la inclusión de cláusulas de diligencia debida relativas al suministro responsable de minerales en conflicto por parte de las empresas tecnológicas en los contratos de las administraciones públicas locales.
En resumidas cuentas, es hora de que las empresas TIC reconozcan la complejidad de sus cadenas de suministro y normalicen la conversación sobre los riesgos asociados a violaciones de derechos humanos, explicando a la ciudadanía las medidas que están adoptando para prevenirlos y mitigarlos.
Por otra parte, la ciudadanía puede articularse y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que están promoviendo este tipo de colaboraciones con las entidades locales a través de la contratación pública responsable. Queda un largo camino por delante, pero no hay excusas para dejar de seguir avanzando.
Enlaces relacionados:
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Fuente:
Cristianisme i Justicia
