En los últimos años este sector ha sufrido la pérdida de talento por malas condiciones
A cuatro días de haber asumido su cargo, el nuevo ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, dio a conocer su deseo por defender los derechos de los trabajadores del sector privado y del público.
Así, Vega comentó que su despacho presentará propuestas para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Estado.
Mientras que para Nuria Esparch, ex presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), cualquier apoyo es bueno, para algunos especialistas esta propuesta es un tanto difícil de cumplir.
Como se recordará, el campo de acción del ministerio se limita al de los trabajadores del régimen de la actividad privada, situación en la que se encuentra un 30% a 40% del total de empleados públicos, los cuales –a su vez– suman alrededor de un millón de personas.
Para el laboralista Germán Lora, el sector podría proteger a los trabajadores públicos en tres situaciones: como empleador; como cabeza del sistema inspectivo del Perú; y proponer normas para regular el cumplimiento de los derechos.
Ya conocemos las intenciones del ministro Vega en este último punto, pero siendo también empleador, ¿cómo podrá el ministerio ser juez y parte en las fiscalizaciones?
Según el laboralista Percy Alache, por este factor la labor del ministerio en la fiscalización hasta el momento ha sido poca, pese a tener un considerable campo de acción para hacerlo.
Por ello, considera que la gestión y defensa de los trabajadores públicos debería seguir en manos de Servir, mientras que las de las empresas públicas, en las del ministerio.
Con esto no coincide su colega Ricardo Herrera, quien cree que Servir no solo debería estar bajo el mando de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino también de Trabajo.
LEY MARCO
Pero algo que ambos especialistas consideran importante para los trabajadores de este sector es la inclusión a las planillas del Estado de los empleados que se encuentran en los diversos regímenes de contratación.
Y esta ha sido, desde la campaña electoral hasta el mensaje del 28 de julio, una de las propuestas del presidente Ollanta Humala.
Para Esparch, esta inclusión generaría problemas, por lo que sería necesario proponer metas realistas para mejorar la situación laboral de los empleados públicos y evitar la pérdida de talento que se ha dado en la última etapa del gobierno de Alan García.
“No podemos repetir los modelos de otros países, tenemos que crear nuestro propio sistema”, comenta.
En ese sentido, considera que este nuevo gobierno debería trabajar en una carrera pública a futuro dirigida a varios perfiles de trabajadores.
Con esto coincide el laboralista Orlando de las Casas, quien señala que otro punto que también se debería impulsar es la aprobación de la ley marco del empleado público, que durante mucho tiempo ha estado durmiendo el sueño de los justos.
Herrera sostiene que otro tema que no debe escapar a este gobierno es la mejora en la remuneración de los policías y militares.
CLAVES
Nuria Esparch comenta que los bajos salarios en algunas entidades del Estado han desmotivado a muchos trabajadores de este sector y han originado, en algunos casos, la fuga de talentos.
Cabe recordar que a inicios del gobierno de Alan García, una de las primeras medidas que se tomaron fue la fijación de un tope máximo para todos los sueldos del aparato estatal de S/.15.600.
El Comercio