EL COMERCIO
ELIZABETH SALAZAR VEGA
No necesitaron de pasamontañas ni hacer un forado para llevarse miles de soles del ya alicaído seguro social. Tal y como lo denunció El Comercio, se trata de funcionarios de Essalud que, en alianza con terceros, hicieron transacciones ilícitas en la Bolsa de Valores de Lima para obtener ganancias personales, sin importar que se trataba de dinero de todos los asegurados.
El fin de semana la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) concluyó la última fase de su investigación en torno a este tema y acordó desestimar las apelaciones de los involucrados y los halló culpables.
Al tratarse de un proceso en última instancia, no hay marcha atrás. El hasta hace poco gerente de Inversiones Financieras, Aldo Mundaca Venegas, y los ahora ex subgerentes de Inversiones Financieras, Wilford Valle Cruz, y de Administración de Riesgos Financieros, Dennis Loayza Laderas, deberán pagar S/1’065.000, cada uno, por brindar información privilegiada.
Según la resolución 131-2010-EF, a la que tuvimos acceso, estas personas contactaron a cuatro colaboradores para que compraran acciones que Essalud ya tenía programado adquirir. Al cabo de pocos minutos, estos las ofertaban a mayor precio en la bolsa y las revendían sobrevaluadas al seguro.
Ernesto Cuenca, Judith Laupa, Giovanna Cóndor y Madeleine Ruiz, todos sin mayor conocimiento bursátil, fueron los intermediarios, por lo que deberán pagar S/.710.000 cada uno. De acuerdo a la investigación hecha por Conasev, las compras estaban tan bien concertadas que Laupa obtuvo una rentabilidad de 205% en menos de cinco meses, Cuenca elevó su inversión en 194% en poco más de tres meses y Ruiz en 57% en apenas una semana.
Las múltiples transacciones ilegales que se realizaron entre diciembre del 2008 y mayo del 2009 le hicieron perder a Essalud S/.260 mil del aporte de todos los asegurados, mientras que los involucrados obtuvieron S/.560 mil como ganancias totales.
Pero ellos no lo hicieron solos. De acuerdo a la resolución, el bróker Dinel Herrera y la sociedad agente de bolsa que representaba, Promotora e Inversiones Investa, permitieron que Loayza realice operaciones por cuenta de Madeleine Ruiz sin contar con la debida autorización para ello.
Entre los elementos probatorios figuran depósitos bancarios, llamadas telefónicas, contradicciones entre los involucrados, el volumen de ventas de acciones de los colaboradores (dejaron de operar en bolsa apenas se destapó este caso), etc. Ninguno de los involucrados contestó nuestras llamadas y el movimiento migratorio de los citados ex funcionarios no indica que hayan salido del país. La contraloría informó que tiene el expediente y evalúa interponer una denuncia penal.