Tal delito se sanciona hasta con cuatro años de cárcel. La fiscalía no puede actuar de oficio
El Comercio

Aunque algunos han hablado de ‘chuponeo’ en el caso de los audios divulgados en los que se escucha hablar a Carmen Rosa Núñez de Acuña, esas grabaciones no serían producto de una interceptación telefónica, sino más bien habrían sido grabadas en secreto en reuniones privadas de la integrante de la plancha de Luis Castañeda, lo cual también constituye un delito.

En ese caso, según el abogado penalista Mario Amoretti, se habría configurado el delito de violación de la intimidad. “El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea escuchando, observando o registrando un hecho o imagen, valiéndose de procesos técnicos será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años”, ilustró.

Agregó que si la información es difundida a través de un medio de comunicación, la pena será no menor de dos años de cárcel ni mayor de cuatro.

Aunque Marco Parra, dirigente de Solidaridad Nacional, exigió al Ministerio Público iniciar de oficio una investigación sobre este caso, la fiscalía, según Amoretti, no podría comenzar ninguna indagación hasta que la parte agraviada haga la denuncia.

En efecto, una fuente de la fiscalía dijo que como no se trataba de un ‘chuponeo’ no se podría iniciar una investigación hasta que no haya una denuncia.

Conasev rechazó apelación de gerentes que lucraron con la BVL. Ganaron S/.560 mil en ilegal transacción e hicieron perder S/.260 mil al seguro
EL COMERCIO
ELIZABETH SALAZAR VEGA

No necesitaron de pasamontañas ni hacer un forado para llevarse miles de soles del ya alicaído seguro social. Tal y como lo denunció El Comercio, se trata de funcionarios de Essalud que, en alianza con terceros, hicieron transacciones ilícitas en la Bolsa de Valores de Lima para obtener ganancias personales, sin importar que se trataba de dinero de todos los asegurados.

El fin de semana la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) concluyó la última fase de su investigación en torno a este tema y acordó desestimar las apelaciones de los involucrados y los halló culpables.

Al tratarse de un proceso en última instancia, no hay marcha atrás. El hasta hace poco gerente de Inversiones Financieras, Aldo Mundaca Venegas, y los ahora ex subgerentes de Inversiones Financieras, Wilford Valle Cruz, y de Administración de Riesgos Financieros, Dennis Loayza Laderas, deberán pagar S/1’065.000, cada uno, por brindar información privilegiada.

Según la resolución 131-2010-EF, a la que tuvimos acceso, estas personas contactaron a cuatro colaboradores para que compraran acciones que Essalud ya tenía programado adquirir. Al cabo de pocos minutos, estos las ofertaban a mayor precio en la bolsa y las revendían sobrevaluadas al seguro.

Ernesto Cuenca, Judith Laupa, Giovanna Cóndor y Madeleine Ruiz, todos sin mayor conocimiento bursátil, fueron los intermediarios, por lo que deberán pagar S/.710.000 cada uno. De acuerdo a la investigación hecha por Conasev, las compras estaban tan bien concertadas que Laupa obtuvo una rentabilidad de 205% en menos de cinco meses, Cuenca elevó su inversión en 194% en poco más de tres meses y Ruiz en 57% en apenas una semana.

Las múltiples transacciones ilegales que se realizaron entre diciembre del 2008 y mayo del 2009 le hicieron perder a Essalud S/.260 mil del aporte de todos los asegurados, mientras que los involucrados obtuvieron S/.560 mil como ganancias totales.
Pero ellos no lo hicieron solos. De acuerdo a la resolución, el bróker Dinel Herrera y la sociedad agente de bolsa que representaba, Promotora e Inversiones Investa, permitieron que Loayza realice operaciones por cuenta de Madeleine Ruiz sin contar con la debida autorización para ello.

Entre los elementos probatorios figuran depósitos bancarios, llamadas telefónicas, contradicciones entre los involucrados, el volumen de ventas de acciones de los colaboradores (dejaron de operar en bolsa apenas se destapó este caso), etc. Ninguno de los involucrados contestó nuestras llamadas y el movimiento migratorio de los citados ex funcionarios no indica que hayan salido del país. La contraloría informó que tiene el expediente y evalúa interponer una denuncia penal.

Informe revelador. EXPRESO pudo acceder al documento titulado “Asistencia Técnica en el Diagnóstico del área administrativa del Poder Judicial y lineamientos de modernización”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual desnuda de manera clamorosa la dramática situación del Poder Judicial que ya preside César San Martín.

Según el documento en mención, la gestión de la Gerencia General del Poder Judicial ha mostrado en los últimos años una serie de deficiencias, confirmadas a partir de diagnósticos y consultorías llevadas a cabo por el PNUD en el 2009.

Gestión presupuestaria
El informe señala que hay una deficiente gestión presupuestaria debido a la poca claridad en las prioridades, la modificación constante de los planes de adquisiciones y un deficiente conocimiento de los costos reales, lo que lleva a desviaciones notables entre lo programado y lo ejecutado realmente. Expresión de ello es la casi total carencia de recursos en los distritos judiciales al final del año.

En el ítem “la escasa procedimentalización de la gestión de los recursos” puede leerse que “de la información obtenida existen suficientes evidencias de que el manejo de los recursos humanos y materiales no está siendo totalmente ajustado a lo que deberían ser criterios rigurosos para la adquisición de bienes y servicios”.

“Para empezar, es muy frecuente que se modifiquen los planes anuales de contrataciones (PAC), tanto por parte de los distritos judiciales como en los servicios centrales. De acuerdo con la información relevada, los PAC pueden llegar a reformularse hasta 12 y 15 veces al año, lo que denota de nuevo graves falencias en la planificación de las actividades y en

la escasa relevancia que en la práctica tiene la presupuestación por resultados”, agrega.

¿Compras irregulares?
Dice también que “además existen algunas evidencias de que las compras, incluso en el nivel central, no siempre se realizan de la mejor forma técnica, especialmente en el caso de licitaciones o concursos especiales”.

El informe explica que “estas debilidades se pueden basar en una inadecuada caracterización técnica de las compras que se quieren realizar, en especial si son compras de cierta complejidad técnica, o en una incorrecta valoración de los precios de mercado. De tal manera que no existe en estos casos la seguridad de que las compras se están realizando de acuerdo con los procedimientos más rigurosos en materia de especificación de los productos y de los precios”.

Siguiendo con el tema de las adquisiciones el documento añade que “una fracción significativa de las compras se realiza a través de concursos que realiza el aparato administrativo instalado en las Cortes Superiores. Dada la fuerte debilidad administrativa de estas estructuras descentralizadas, existe el riesgo de que no siempre se estén comprando en las mejores condiciones de calidad y precio”.

Millones anuales
Agrega el documento del PNUD que “en un contexto de falta de planificación y de improvisación, existe el riesgo de que en determinados casos se fraccionen las licitaciones con el fin de lograr, por la vía de la adjudicación directa, acortar los plazos de adquisición. Este aspecto puede ser preocupante si asumimos, como se nos ha informado, que una Corte puede gastar anualmente entre 60 y 80 millones de soles”.

“El control de almacenes tampoco ofrece garantías totales de que la entrada de los bienes adquiridos y su entrega a los usuarios se esté haciendo de la forma más adecuada. En ausencia de control de consumos de bienes relacionados con la actividad, las peticiones de materiales que puedan producirse sobre los stocks no siempre son justificables en términos de la actividad realizada”.