Según el documento en mención, la gestión de la Gerencia General del Poder Judicial ha mostrado en los últimos años una serie de deficiencias, confirmadas a partir de diagnósticos y consultorías llevadas a cabo por el PNUD en el 2009.
Gestión presupuestaria
El informe señala que hay una deficiente gestión presupuestaria debido a la poca claridad en las prioridades, la modificación constante de los planes de adquisiciones y un deficiente conocimiento de los costos reales, lo que lleva a desviaciones notables entre lo programado y lo ejecutado realmente. Expresión de ello es la casi total carencia de recursos en los distritos judiciales al final del año.
En el ítem “la escasa procedimentalización de la gestión de los recursos” puede leerse que “de la información obtenida existen suficientes evidencias de que el manejo de los recursos humanos y materiales no está siendo totalmente ajustado a lo que deberían ser criterios rigurosos para la adquisición de bienes y servicios”.
“Para empezar, es muy frecuente que se modifiquen los planes anuales de contrataciones (PAC), tanto por parte de los distritos judiciales como en los servicios centrales. De acuerdo con la información relevada, los PAC pueden llegar a reformularse hasta 12 y 15 veces al año, lo que denota de nuevo graves falencias en la planificación de las actividades y en
la escasa relevancia que en la práctica tiene la presupuestación por resultados”, agrega.
¿Compras irregulares?
Dice también que “además existen algunas evidencias de que las compras, incluso en el nivel central, no siempre se realizan de la mejor forma técnica, especialmente en el caso de licitaciones o concursos especiales”.
El informe explica que “estas debilidades se pueden basar en una inadecuada caracterización técnica de las compras que se quieren realizar, en especial si son compras de cierta complejidad técnica, o en una incorrecta valoración de los precios de mercado. De tal manera que no existe en estos casos la seguridad de que las compras se están realizando de acuerdo con los procedimientos más rigurosos en materia de especificación de los productos y de los precios”.
Siguiendo con el tema de las adquisiciones el documento añade que “una fracción significativa de las compras se realiza a través de concursos que realiza el aparato administrativo instalado en las Cortes Superiores. Dada la fuerte debilidad administrativa de estas estructuras descentralizadas, existe el riesgo de que no siempre se estén comprando en las mejores condiciones de calidad y precio”.
Millones anuales
Agrega el documento del PNUD que “en un contexto de falta de planificación y de improvisación, existe el riesgo de que en determinados casos se fraccionen las licitaciones con el fin de lograr, por la vía de la adjudicación directa, acortar los plazos de adquisición. Este aspecto puede ser preocupante si asumimos, como se nos ha informado, que una Corte puede gastar anualmente entre 60 y 80 millones de soles”.
“El control de almacenes tampoco ofrece garantías totales de que la entrada de los bienes adquiridos y su entrega a los usuarios se esté haciendo de la forma más adecuada. En ausencia de control de consumos de bienes relacionados con la actividad, las peticiones de materiales que puedan producirse sobre los stocks no siempre son justificables en términos de la actividad realizada”.