El Comercio

SANTIAGO DE CHILE. Las mujeres constituyen la mayor parte de los empleados con menores ingresos en la mayoría de países. Las peruanas no escapan a esta realidad.

Según el informe mundial sobre salarios elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 63,9% de los trabajadores con bajas remuneraciones en el Perú corresponde a mujeres.

Una de las principales causas de esta diferencia reside en la persistencia de una división sexual del trabajo que otorga a las mujeres una mayor responsabilidad en labores productivas no remuneradas que incide en la distribución de los tiempos de trabajo entre ambos sexos. Esto limita más su salida a un mercado laboral que de por sí no ofrece muchas plazas de trabajo.

A esto también se debe añadir que la mayoría de mujeres labora en el sector informal, donde los ingresos muchas veces son inferiores a la remuneración mínima vital.
Mas no todas las noticias son malas para nuestro país. Según este mismo informe, en los últimos 15 años, el Perú pudo reducir en aproximadamente 4% su cuota de empleo con bajos salarios.

EN LA REGIÓN
El estudio abordó, principalmente, el efecto de la crisis sobre los salarios. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, se reveló que solo cuatro países –entre ellos el Perú– de los 22 que conforman esta parte del continente no modificaron su remuneración mínima. Así, en promedio, el crecimiento de los ingresos fue de 2,2% en el 2009, un alza de 0,3 puntos porcentuales respecto del año anterior.

Según explicaron algunos especialistas, en muchos países predominaron ajustes cautelosos frente a la inflación presentada en el 2008; sin embargo, la caída generalizada de las tasas de inflación en el 2009 permitió que durante este período todos los tipos de salarios tuvieran una pérdida de poder adquisitivo menor que en el año anterior. Por tanto, hubo mejoras en el poder adquisitivo.

Además, la negociación colectiva jugó un rol importante, ya que tomó en consideración el brusco cambio que la crisis internacional impuso en la tendencia de crecimiento económico.

Mediante una nueva resolución, el TC corrigió el polémico fundamento 23 de la sentencia que prohibía a los medios divulgar interceptaciones salvo que exista autorización de los interlocutores grabados. Se deja la decisión a la propia autoregulación de los medios.

El Tribunal Constitucional (TC) señaló hoy que la Constitución garantiza que no hay censura previa, pero aclaró que los medios de comunicación deben evaluar si la difusión de las comunicaciones interceptadas afecta la privacidad de las personas.

“Quien tiene acceso a tal información y pretende su difusión, sea porque es periodista, editor o dueño de un medio de comunicación, debe evaluar si con ello se afecta la intimidad personal o familiar o la vida privada de los interceptados, familiares o terceros” señaló.

El Tribunal sustentó que en este último caso “el control es posterior, en la medida que *la Constitución garantiza que no hay censura previa*”.

De esa manera, el TC sustentó este argumento en una aclaración de oficio a la sentencia que prohibía la difusión de esa clase de material grabado a través de los medios periodísticos.
Conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el TC de oficio o a instancia de parte, puede “(…) aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido”.
Asimismo, el Tribunal recordó que “quien realiza la interceptación, incluso si es periodista, comete delito, quien fomenta dichas interceptaciones, incluso si es periodista, también comete delito”.

El TC indicó en la aclaración respectiva que los medios de comunicación han entendido el fundamento 23 de la sentencia en la resolución del expediente 00655-2010-PHC/TC, como si se tratara de una censura previa.
“Con la finalidad de que dicho fundamento no sea malinterpretado, corresponde precisar, de oficio, que lo que debe ser sancionable es la conducta de quienes promueven, instigan o participan en la interceptación de las telecomunicaciones, aun cuando sean periodistas, medios o empresas dedicadas a las telecomunicaciones”.

El TC indicó que la propia Constitución establece en el artículo 2.10º que “las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley”.

El fundamento jurídico 23 de la sentencia del Expediente Nº 00655-2010- PHC/TC señalaba que “los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas”, salvo que exista la autorización de los interlocutores grabados o un mandato judicial que permita su difusión por ser de interés público.

La aclaración del Tribunal Constitucional (TC) sobre su reciente sentencia, que prohíbe a los medios de comunicación difundir audios “chuponeados”, estaría lista en 48 horas y buscará que el fallo no sea interpretado como un intento de mordaza, según comentó hoy su vicepresidente Ernesto Álvarez.

El magistrado indicó que la aclaración se trabajará en función a la diferenciación que debe existir entre interés público e interés privado, y que –según dijo– algunos medios de comunicación no han ponderado.

CASO BAYLY-FLORES NANO
“El caso de Jaime Bayly y Lourdes Flores es un ejemplo y el Consejo de la Prensa no se pronunció sino hasta el final de las elecciones, y (fue) un pronunciamiento aséptico. La aclaración lo que va a diferenciar es vida privada versus interés público, interceptores es distinto a los periodistas que difunden y que *la sanción no va ser penal sino probablemente civil o monetaria*”, dijo.

En ese sentido, refirió “no hemos cambiado de opinión” y que ahora buscarán “matizar para que no exista ni siquiera la posibilidad de una mordaza, porque la prensa debe tener un margen de libertad bastante grande”.

“NO SE PUEDE CENSURAR”
“No se puede prohibir, no se puede censurar, no se puede perseguir a los interceptores de audios y correos cuando al mismo tiempo se permite y se premia la difusión de lo que ellos producen, es decir, no se puede prohibir elaborar droga y al mismo tiempo premiar su venta”, concluyó.

Como es tradicional, con ocasión de las fiestas de fin de año, es costumbre de las empresas otorgar beneficios a los empleados, tales como canastas navideñas que incluyen pavos, panetones y otros víveres.

Al respecto, es importante recordar que de acuerdo con el inciso d) del artículo 19 del DS Nº 001-97-TR, TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), esta liberalidad otorgada por el empleador, no constituye remuneración para ningún efecto legal. En consecuencia, estará excluida de la base de cálculo de los beneficios laborales y de los aportes que gravan a la remuneración, como Essalud, ONP y el pago de AFP, refiere un informe legal del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

En materia tributaria, sin embargo, en la medida que las canastas navideñas y similares constituyen un beneficio en especie por razón del vínculo laboral, estarán afectas con el Impuesto a la Renta de quinta categoría de cargo del trabajador, por lo que la empresa deberá valorizar los bienes entregados, registrar dicho valor en su planilla de remuneraciones y aplicar la retención correspondiente.

Adicionalmente, a efectos de que dichos beneficios constituyan gastos deducibles para el Impuesto a la Renta de tercera categoría es necesario que se respete el requisito de generalidad -entregarse a la totalidad o una categoría de trabajadores-; de razonabilidad -el gasto no debe representar una suma desproporcionada frente al ingreso de la empresa-; y debe acreditarse la entrega mediante cargos de recepción.

El Comercio

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ordenó hoy a la empresa Telefónica del Perú a que suspenda, de manera inmediata y en tanto no cuente con la conformidad del organismo regulador, la aplicación de la cláusula que reduce la velocidad contratada en todos sus contratos del servicio de acceso a Internet.

El ente considera que las cláusulas incluidas en algunos contratos del servicio de acceso a Internet de Telefónica del Perú pretenden restringir la utilización de dicho servicio, limitando la cantidad de conexiones, accesos y/o descargas mediante la reducción de la velocidad contratada.

CLÁUSULA CLAVE
Mediante un comunicado se indica que el Osiptel ha dispuesto que la empresa excluya la cláusula de reducción de velocidad contratada en todos los contratos del servicio de acceso a Internet actualmente vigentes o que esté comercializando.
Igualmente, dijo que Telefónica del Perú está obligada a informar en los recibos de pago de los abonados cuyos contratos cuenten con la cláusula de reducción de velocidad, la suspensión de la aplicación de esta medida.

Además, deberá comunicarlo en la página principal de su portal web, de lo contrario se iniciará el procedimiento sancionador correspondiente.

En el plazo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente que se le notifique, la empresa deberá acreditar al Osiptel el cumplimiento de lo ordenado, según informó Andina.
Ayer, mediante un comunicado de prensa, Telefónica confirmó que, efectivamente, desde el 1 de julio de este año “los contratos de Speedy consignan una cláusula que regula las cuotas de descarga para aquellos clientes que contrataron y/o migraron el servicio desde esa fecha”.

Periódicos, radios y la TV no podrán divulgar audios obtenidos de alguna interceptación telefónica, salvo exista autorización de los interlocutores. El fallo del TC alcanza a los ‘Petroaudios’

El Tribunal Constitucional emitió un fallo mediante el cual establece que los medios de comunicación quedan prohibidos de difundir grabaciones de conversaciones telefónicas a no ser que “exista la autorización de los interlocutores” o lo permita un mandato judicial por ser de interés público.

De esta manera, el órgano de control de la constitucionalidad en el Perú resolvió un habeas corpus presentado por Carmen Luisa Castro Barrera de Quimper, esposa de Alberto Quimper, procesado por el Caso ‘Petroaudios’.
Tal dictamen alcanza precisamente a las conversaciones interceptadas y que fueron el detonante del Caso ‘Petroaudios’.

Estas son ahora inconstitucionales y ya no podrán ser utilizadas como pruebas por los fiscales y jueces para formular sus acusaciones y condenas a los implicados en el referido escándalo.

El Tribunal Constitucional concluyó en que “la divulgación de cintas grabadas sin la autorización de los interlocutores configura una violación del derecho a la honra y a la dignidad de toda persona, en el cual se incluye su privacidad”.