Intendente general de Sunasa, Abel Salinas, explica efecto de la norma que sujeta desembolsos de créditos al aseguramiento en un sistema de salud.

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El decreto según el cual será obligatorio contar con un seguro de salud para recibir un crédito tiene el propósito de generar una cultura de aseguramiento. El Ministerio de Salud estima que esta norma tendrá efecto sobre menos de 6 millones de personas que hoy tienen ingresos, pero que no se preocupan por afiliarse a un sistema de salud.

El Intendente General de Sunasa (la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud), Abel Salinas, explicó que en el Perú hay 12 millones de personas en el Seguro Integral de Salud, de las cuales casi el total tienen el seguro subvencionado al 100% pues están bajo la línea de pobreza.

Otros 8 millones están en Essalud, otro millón en las sanidades de las fuerzas armadas y la Policía y otro millón están afiliados a una aseguradora privada o una EPS. Los aproximadamente 6 millones que restan, personas que no están por debajo de la línea de pobreza y que podrían afrontar el costo de un seguro de salud, son el grupo objetivo de la norma.

Estas personas tienen la opción de afiliarse al SIS, pagando 30 soles al mes, o a Essalud de manera independiente, pagando aproximadamente 65 soles. En cuanto a las personas que tienen seguros prepagados en clínicas privadas, Salinas explicó que no se pueden considerar en un seguro a menos que tal clínica tenga convenios que le permitan dar cobertura a nivel nacional.

Salinas explicó que actualmente la Asociación de Clínicas está evaluando alternativas más amplias de cobertura en salud, que cumplan con los requisitos de certificación de Sunasa. “Tanto en los sistemas contributivo, semicontributivo y subvencionado, las personas tienen una cobertura estándar que abarca hasta el 80% de las enfermedades más frecuentes”.

El funcionario explicó que hay tiempo para hacer los ajustes que requiera la aplicación de la norma, pues entrará en vigencia en 18 meses. A la vez, las entidades privadas de salud, tendrán tiempo para firmar convenios que les permitan ofrecer coberturas como las que exige la Ley de Aseguramiento Universal.