2. El escándalo de los contratos y el fomento de la transparencia en este terreno.

Mientras el proceso del EITI se entrampaba en los debates sobre qué empresas participan y cuán desagregada se presenta su información, el «faenón» de Rómulo León y Alberto Quimper hizo que el país desplazara su atención de los pagos de las empresas al Estado, a la manera como este negocia contratos con las empresas.

Como se sabe, el escándalo se suscita al circular audios en los que el «lobbysta» León y el funcionario Quimper buscan ayudar a Discovery Petroleum de Noruega, asociada para este fin con PetroPerú, a conseguir de Perupetro (de la que Quimper es miembro del Directorio) la concesión de determinados lotes petroleros.

El escándalo fue mayúsculo y terminó forzando la renuncia; primero, del Ministro de Energía y Minas y; después, del Primer Ministro y de todo el gabinete el 10 de octubre de 2008. Y pese a que es casi seguro que las investigaciones posteriores del Congreso y del propio Poder Ejecutivo no llegarán a ninguna parte, el hecho es que se puso en la agenda pública el debate sobre cómo es que se negocian contratos petroleros y mineros en el Perú.

1. La Transparencia Fiscal y el Proceso de la Iniciativa para la Transparencia en el Sector Extractivo.

La Iniciativa para la Transparencia en el Sector Extractivo (EITI por sus siglas en inglés), es un acuerdo internacional suscrito por gobiernos, empresas mineras, empresas de hidrocarburos, y redes de sociedad civil para hacer transparentes los pagos que las empresas extractivas hacen a los gobiernos. La idea base es simple: transparentar los pagos que las empresas extractivas hacen a los gobiernos debe disminuir los márgenes posibles de corrupción en el sector y debe permitir que todos los interesados participen de manera informada en los debates sobre política pública.

En muchos países productores -y durante demasiado tiempo- la información sobre cuánto se extraía, cuánto se vendía, a cuánto se vendía, cuánto pagaban las empresas a los gobiernos y qué hacían los gobiernos con esos recursos, era información reservada. Preguntar demasiado al respecto constituía una amenaza para la seguridad nacional y una amenaza para la seguridad personal de quienes hacían esas preguntas.