30 años esperaron las mujeres de Sepur Zarco para que sus victimarios fueran condenados. Tras ser esclavizadas y abusadas sexualmente en un destacamento militar, Guatemala reconoce esos crímenes que fueron ignorados hasta ahora.
Más de una decena de mujeres debieron esperar 34 años para este reconocimiento por parte del Estado. Detrás de la sentencia, sin embargo, hay una historia más profunda, de autoafirmación, un proceso mediante el cual Guatemala logró juzgar un delito que había sido excluido de las violaciones a Derechos Humanos luego de la firma de la paz.
No son las mujeres más débiles de Guatemala. Al contrario. Han tenido que pasar más de 30 años en un proceso (personal y colectivo) para ellas entender su silencio y entonces buscar la forma de destruirlo. Hoy han conseguido que su voz resuene, fuerte, en idioma q’eqchi’, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo. Y su silencio, el que guardaron durante décadas, ahora es una sentencia.
Hay culpables. Hay condenas. El Ejército de Guatemala las hizo esclavas y abusó de ellas sexualmente a principios de los años 80, en el destacamento Sepur Zarco. La violencia sexual contra 15 mujeres q’eqchies fue juzgada y el exteniente Steelmer Reyes Girón, el máximo encargado de Sepur Zarco, ha sido condenado a 120 años de cárcel por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual y múltiples asesinatos; y junto a él, el jefe de los comisionados militares, Heriberto Valdez Asij, deberá cumplir una condena de 240 años, por haber participado en la desaparición forzada de siete campesinos y la violación sexual —como delito de lesa humanidad— cometida contra las mujeres que sobrevivieron a Sepur Zarco.
