El reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre su actuación en los sucesos de Bagua y Uctubamba concluye con una reflexión que se precisa en los siguientes puntos: el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la necesidad de una fuerte institucionalidad estatal indígena, el desarrollo del diálogo intercultural, la construcción de un Estado inclusivo y sin discriminación para los pueblos indígenas, enfatizando “[…] la urgencia de construir un Estado inclusivo, dialogante e intercultural” (39).

Se trata de una agenda de reflexión y de generación de propuestas que atiende a cuestiones medulares de la interculturalidad en el país, y que sitúa al conflicto amazónico en una perspectiva más amplia. Entre otros aspectos, tiene el mérito particular de comprender a la interculturalidad en relación a la institucionalidad del régimen democrático, abriendo el análisis hacia una mayor complejidad.

En nuestra visión de las cosas, tendría que ser destacada la actualidad de esta agenda para el trabajo de los actores de la sociedad civil que se comprometen con la consolidación e innovación de la democracia peruana. En este sentido, habría que tener en cuenta las diversas relaciones temáticas y espaciales que implica, empezando por recordar que los conflictos amazónicos forman parte del amplio abanico de conflictos surgidos de la expansión de las industrias extractivas en los últimos lustros.