El ordenamiento jurídico está sujeto a una preeminencia de valores y principios, contenidos en las normas constitucionales que no pueden ser avasallados con la aplicación de otras normas jurídicas que se opongan a ellos.
Para afirmar el principio de la supremacía constitucional se ha diseñado mecanismos de control ante las Cortes o Tribunales Constitucionales, y por los jueces ordinarios, con ocasión de la aplicación de una ley a un caso de su competencia.