Por: Ernesto Álvarez Miranda
CUÁNTAS VECES hemos leído de asaltantes que, sorprendidos en la comisión de su delito y a pesar de haber sido cercados por la policía, logran escapar en medio de la balacera. La mejor explicación suele ser la más fácil, si recordamos que el policía no tiene un aceptable entrenamiento de tiro, tiene que pagar sus municiones y, si tiene la desgracia de matar a un delincuente ingresa al infierno de una investigación del Ministerio Público y posiblemente un proceso penal, encontraremos que habría que ser muy valiente para cumplir con su labor.
Las leyes y quienes las aplican, han prohibido al ciudadano el ejercicio de su derecho a defender su vida y su propiedad. Es prácticamente imposible obtener legalmente el permiso para comprar un arma de defensa personal, y es imposible usarla en contra de un asaltante sin quedar obligado a dormir en comisarías, someterse a rigurosas investigaciones de fiscales, cuando no, a jueces que lo tratarán como a un delincuente más. La recomendación de las propias autoridades es la de dejarse asaltar con toda tranquilidad, y eso lo saben los criminales.
Los abogados sabemos que existe un cuello de botella en la redacción del atestado policial, a cargo de un modesto suboficial PNP, atrapado en una zona gris debido a que la investigación policial debe ser obligatoriamente dirigida por un fiscal, que normalmente está ausente, y luego estará urgido de cumplir plazos increíbles e imposibles para ciudades dominadas por bandas armadas y apoyadas por enjambres de abogados cómplices de sus actividades. Los procedimientos son extremadamente garantistas y le brindan al delincuente una rica variedad de posibilidades de anular la investigación policial y obtener inmediata libertad de los detenidos, aunque éstos hayan sido atrapados con armas y cometido hechos sangrientos. Similar situación sucede en contra del juez, también sometido a rigurosas reglas pensadas mucho más en beneficio del acusado que en el de la víctima, la que incluso tiene recortada su participación durante todo el proceso penal.
Condenado y encarcelado, el delincuente no tiene mayor posibilidad de rehabilitarse. El Estado no le brinda la posibilidad de instalarlo en colonias agrícolas para ponerlo en contacto con su lado humano, mediante el trabajo en la tierra, lo encierra en pabellones atestados de los peores criminales. Y a eso se suman los beneficios de libertad que son automáticamente concedidos sin que representen un real incentivo, dando señales equívocas al ciudadano quien observa desconfiado cómo peligrosos elementos salen a la calle a seguir delinquiendo apenas a la mitad o menos, de su condena.
Ese es el actual panorama de la seguridad ciudadana en el Perú y las medidas que el nuevo gobierno tome deben suprimir drásticamente los incentivos perversos que parecen dominar las equivocadas reglas vigentes en la actualidad.●
FUENTE: Texto del artículo «El espinazo de la inseguridad ciudadana», escrito por el © Dr. Ernesto Álvarez Miranda. Publicado en Punto de Encuentro, el 02-07-2015.
EDICIÓN: Francisco Córdova Sánchez
Ernesto Alvarez Miranda, (21 de mayo de 1961) fue Presidente del Tribunal Constitucional del Perú de enero a diciembre de 2012. Elegido Magistrado del TC por el Congreso, en septiembre de 2007. Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.
