Es probable que éste sea el peor año para la economía mundial desde la segunda guerra mundial, pues el Banco Mundial calcula que la reducción será del 2 por ciento, aproximadamente. Incluso los países en desarrollo que hicieron todo bien –y aplicaron políticas reguladoras y macroeconómicas mucho mejores que las de los Estados Unidos– están sintiendo sus efectos. Es probable que, a consecuencia en gran medida de una caída en picado de las exportaciones, China siga creciendo, pero a un ritmo mucho menor que el de entre 11 y 12 por ciento de crecimiento anual de los últimos años. A no ser que se haga algo, la crisis hundirá más en la pobreza nada menos que a 200 millones de personas.

Al evaluar las mayores repercusiones del estímulo, los países contrapesarán los costos para sus presupuestos con los beneficios desde el punto de vista del aumento del crecimiento y del empleo para sus economías. Como una parte del beneficio (una gran parte en el caso de las economías pequeñas y abiertas) irá a parar a otros, es probable que los planes de estímulo sean menores y estén peor formulados de lo que deberían, razón por la cual se necesita un plan de estímulo mundialmente coordinado.

Ése es uno de varios mensajes importantes resultantes de una comisión de expertos de las Naciones Unidas sobre la crisis económica mundial, que presido y que recientemente presentó su informe preliminar a las Naciones Unidas.

En el informe se apoyan muchas de las iniciativas del G-20, pero se insta a la adopción de medidas más intensas y centradas en los países en desarrollo. Por ejemplo, si bien se reconoce que todos los países deben adoptar medidas de estímulo (ahora todos somos keynesianos), muchos países en desarrollo carecen de recursos para hacerlo, como también carecen de ellos las entidades crediticias internacionales.

Pero, para no acabar sumidos en otra crisis de la deuda, deberá conceder una parte –tal vez una gran parte– del dinero en forma de donaciones. En cambio, en el pasado la asistencia fue acompañada de “condiciones” exigentes, algunas de las cuales entrañaban la aplicación de políticas presupuestarias y monetarias contradictorias –exactamente las opuestas de las que ahora resultan necesarias– e imponían una desregulación financiera que fue una de las causas primordiales de la crisis.

En muchas partes del mundo, el recurso al Fondo Monetario Internacional se considera un grave estigma por razones evidentes y la insatisfacción no es sólo de los prestatarios, sino también de los posibles suministradores de fondos. Las fuentes de fondos líquidos en la actualidad están en Asia y en Oriente Medio, pero, ¿por qué habrían de aportar dinero esos países a organizaciones en las que tienen voz y voto limitados y que con frecuencia han incitado a la adopción de decisiones antitéticas de sus valores y creencias?

Muchas de las reformas propuestas para el funcionamiento del FMI y del Banco Mundial, la más evidente de las cuales es la de la forma de elección de sus directivos, parecen estar por fin encima de la mesa, pero el proceso de reforma es lento y la crisis no esperará. Así, pues, es imprescindible que se conceda asistencia mediante diversos cauces, además –o en lugar– del FMI, incluidas instituciones regionales. Se podrían crear nuevos mecanismos crediticios con estructuras de dirección más en consonancia con el siglo XXI. Si se pudiera hacer rápidamente (y yo creo que sí), dichos mecanismos serían un cauce importante para el desembolso de fondos.

En su cumbre de noviembre de 2008, los dirigentes del G-20 condenaron firmemente el proteccionismo y se comprometieron a no caer en él. Lamentablemente, un estudio del Banco Mundial observa que 17 de esos 20 países han adoptado, en realidad, nuevas medidas proteccionistas, muy en particular los Estados Unidos con su disposición en pro de la “compra de productos americanos” incluida en su plan de estímulo.

Pero hace mucho que se ha reconocido que las subvenciones pueden ser tan destructivas como los aranceles e incluso más injustos, pues los países ricos pueden permitírselas más que los demás. Haya existido o no alguna vez un terreno de juego igual para todos en la economía mundial, el caso es que ya no existe: las subvenciones y rescates en gran escala facilitados por los EE.UU. lo han cambiado todo, tal vez irreversiblemente.

De hecho, incluso las empresas de los países industriales avanzados que no han recibido una subvención cuentan con una ventaja injusta. Pueden correr riesgos que las otras no pueden correr, pues saben que, si fracasan, pueden ser rescatadas. Si bien podemos entender los imperativos políticos nacionales que han propiciado la concesión de subvenciones y garantías, los países desarrollados deben reconocer las consecuencias mundiales y prestar asistencia compensatoria a los países en desarrollo.

Una de las más interesantes iniciativas a medio plazo, a cuya adopción insta la comisión de las Naciones Unidas, es la creación de un consejo mundial de coordinación económica, que, además de coordinar la política económica, evaluaría los problemas inminentes y los desfases institucionales. Al intensificarse la recesión, varios países pueden afrontar la quiebra, por ejemplo, pero aún no disponemos de un marco adecuado para abordar esa clase de problemas.

Y el sistema en el que el dólar de los Estados Unidos es la divisa de reserva, columna vertebral del actual sistema financiero mundial, está resquebrajándose. China ha expresado su preocupación y el Presidente de su Banco Central se ha unido a la comisión de las Naciones Unidas para pedir un nuevo sistema mundial de reserva. La comisión de las Naciones Unidas sostiene que abordar esa antigua cuestión, planteada hace más de 75 años por Keynes, es esencial para que consigamos una recuperación sólida y estable.

Esa clase de reformas no se producirán de la noche a la mañana, pero, a no ser que se comience ahora a trabajar al respecto, nunca se producirán. ■

El presente es un extracto del artículo «Los países en desarrollo y la Crisis Mundial» de Joseph E. Stiglitz. El autor, profesor de Economía en la Universidad de Columbia, y ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, es el presidente de la comisión de expertos, nombrada por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre las reformas del sistema financiero y monetario internacional. En su libro Making Globalization Work (“Para hacer que la mundialización funcione”), publicada en 2006, se examina el sistema de la divisa de reserva.

Copyright: Project Syndicate, 2009.