Esta es una de ellas y me refiero al trabajo que viene realizando la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en el ejercicio de su función investigadora, sobre la conducta de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, con excepción de los vocales supremos. Le corresponde aplicar la medida disciplinaria de suspensión que, si bien puede ser apelada ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por lo general este ratifica lo dispuesto por la OCMA salvo contadas ocasiones en que se haya incurrido en algún error.
Si bien no puede destituir a sus investigados, sí puede solicitarlo, constituyéndose en el primer nivel de sanción, ya que la destitución solo le compete al Consejo Nacional de la Magistratura. Cualquiera puede acudir a la OCMA cuando existan razones para interponer una queja contra uno de sus supervisados. El trámite es rápido y se aceptan hasta quejas verbales, fundamentalmente para casos de retardo de los organismos jurisdiccionales, que son resueltas casi de manera inmediata.
Uno de los campos en los cuales la labor de la OCMA ha destacado es en la campaña para poner un alto a la excarcelación de reclusos peligrosos para proteger la seguridad ciudadana. Inició a comienzos de este año una campaña encaminada a que los jueces penales sean más rigurosos en la evaluación de las condiciones que se exigen para la concesión de los beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional, así como el cumplimiento de las reglas de conducta que deben respetar quienes hayan obtenido dichos beneficios. El propósito no ha sido que se eliminen sino que se otorguen solo cuando exista el verdadero convencimiento del juez que está frente a un caso de rehabilitación del sentenciado.
Igualmente, también cabe mencionar la campaña emprendida contra el denominado «ruleteo» o direccionamiento de las demandas en los sistemas informáticos de las mesas de partes, para corregir la inaceptable práctica de remitir las demandas presentadas a órganos jurisdiccionales predeterminados sin importar el sorteo que garantiza que estas sean enviadas al azar y no adonde lo pretenda el demandante.
Del mismo modo, se ha preocupado de la importación de vehículos para detectar aquellos casos en los que se hubiere otorgado autorizaciones irregulares que no corresponden, y poner coto a una práctica extendida de la cual se beneficiaban importadores inescrupulosos. En la actualidad ya no se conocen casos de autorizaciones judiciales a este respecto.
Asimismo, ha intensificado sus visitas a las distintas cortes superiores de la República para supervisar el mejor funcionamiento del servicio de justicia, con lo que ha contribuido a reducir la carga procesal, tal como lo demuestra el aumento de casi el 17% de la producción jurisdiccional en el presente año.
Este tipo de acciones, como las emprendidas por la OCMA, bajo la dirección del vocal supremo Enrique Javier Mendoza, nos hacen ver que es mucho lo que se puede lograr para el mejoramiento del Poder Judicial sin necesidad de acciones de elevado costo económico, sino más bien de enmendar las malas prácticas que se han institucionalizado por falta de acciones correctivas que muchas veces están al alcance de los magistrados que tengan la voluntad para hacerlo.■
Artículo escrito por el Jurista © RAÚL FERRERO COSTA, publicado en El Comercio el jueves 13-10-2011.
