LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS en las acciones que les afectan, tanto en el ámbito económico como en el social, constituye hoy en día uno de los más grandes cambios que se vienen dando en la gestión del desarrollo, y constituye un reto para los gobiernos el aprovechar las potencialidades de las prácticas ciudadanas para darle sostenibilidad a los resultados de su gestión.

Por regla general, cuando se habla de participación ciudadana, inmediatamente se tiende a referirla al estrecho ámbito del ejercicio del sufragio y al cumplimiento de un conjunto de obligaciones que constituyen el marco de referencia más general de las relaciones entre individuos y sistema político”.

Sin embargo, como sostiene Julio Díaz Palacios, «Los ciudadanos quieren participar en lo que les pertenece, quieren reconocimiento y esto significa diálogo y no conflicto y reivindican el diálogo no como un acto de generosidad que otorgan los gobernantes sino como un derecho reconocido por una sociedad organizada y democrática».

En nuestro país, la participación de los ciudadanos en la gestión pública está amparada por la Constitución del Estado y por un conjunto de leyes especiales que, aunque dispersas y desintegradas, reconocen la participación como un derecho fundamental, y han creado una serie de procesos y mecanismos para hacerla efectiva, tanto en el ámbito de la planificación concertada, el presupuesto participativo, los servicios públicos, el procedimiento administrativo, los comités de gestión, los consejos de concertación, y las juntas vecinales; como en espacios tan difusos como la gestión ambiental y la seguridad ciudadana.

No obstante, más allá de los mandatos puramente legalistas, la participación se enfrenta a la resistencia de algunos políticos y de autoridades y funcionarios reactivos, que aún ejercen el poder con espíritu caciquesco y que reducen la participación de los ciudadanos precisamente al estrecho canal que facilita la legislación.

Muy difícil aún es la participación de las mujeres en los espacios gubernamentales, particularmente las provenientes de sectores en extrema pobreza y de las áreas rurales o indígenas, que constituyen los grupos de mayor exclusión. Y no se trata sólo de “cuotas” en las listas de candidatos, donde muchas veces son relegadas a los últimos lugares sin opción a ser elegidas, sino de equidad en el trato e igualdad de oportunidades económicas, sociales y culturales.

Toda la cadena de la democracia participativa es compleja y requiere de tiempos de dedicación para el aprendizaje, pero también necesita de la voluntad y de la acción positiva de la clase dirigente, y que la “élite política” salga de su encasillamiento en esferas de secretismo, falta de transparencia y corrupción. Esto plantea un reto muy importante para el país.

El proceso puede ser una oportunidad para una auténtica democratización de la gestión pública y para que ésta gane mayor legitimidad y representatividad, lo cual puede terminar articulando una fuerza social importante en todos los espacios de la administración; mejorando la eficiencia de la asignación presupuestal, garantizando los resultados y cambios que necesita la población, y generando una nueva cultura de responsabilidad, concertación y paz en el país.■

Texto del artículo «La participación ciudadana en la gestión pública», escrito por ©FRANCISCO CÓRDOVA SÁNCHEZ, publicado en la revista SEMANA del diario El Tiempo, el 05/09/2010.