El jueves ocho de abril el diario El Comercio publicó un editorial titulado “Contra peligrosas iniciativas”. Un día después Sinesio López abordó el tema de los medios y su relación con la democracia. El sábado 24 Otra Mirada hizo público un suplemento bajo el título: “No hay democracia sin pluralismo en los medios”. Con estas y otras publicaciones se ha dado inicio a una polémica necesaria respecto al papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática.

Sin embargo cabe hacer algunas puntualizaciones: es distinto hablar sobre el rol de los medios en una sociedad democrática o en las sociedades modernas que sobre el papel que juegan los medios audiovisuales (radio y televisión) en las campañas electorales. El otro tema que es igualmente importante señalar es que no es cierto que las propuestas actuales sobre el rol de los medios, incluso aquellas que apuntan a una reforma integral, estén interesadas, como dice el decano de la prensa nacional, en “atentar contra la autonomía y libertad de prensa de los medios de comunicación, principalmente los televisivos” y menos que ello responda a una política mediática “que tiene un tufillo típicamente autoritario y chavista”.

Por ello la pregunta, en este contexto, es muy simple: qué estamos debatiendo. Y la respuesta es igualmente simple: la posibilidad de modificar tanto la ley orgánica de elecciones como la de partidos, para adoptar algunas de las propuestas que hoy existen en la legislación electoral mexicana, o chilena o brasileña (ninguno de estos países puede ser acusado de chavista) o en la europea.

Y si bien hoy el Jurado Nacional de Elecciones determina que para las elecciones generales se puede contratar un espacio máximo de cinco minutos al día para hacer propaganda electoral, pensamos que ello es insuficiente. En ese sentido nuestra propuesta consiste en prohibir la propaganda de partidos y de candidatos en medios audiovisuales privados durante el proceso electoral, para así darle más peso a la franja electoral como principal soporte de la competencia democrática, como ocurre en los países mencionados.

En esta medida no están ni pueden estar contemplados los medios escritos, por una sencilla razón: estos medios no emplean un recurso público (el espectro electromagnético) como sí sucede con los medios audiovisuales. En ese sentido la legislación que existe en esos países, y que muchos quisiéramos para el Perú, apunta a lograr un proceso electoral más equitativo entre todos los participantes, impidiendo que sea el dinero el que defina la cantidad de propaganda y por quién se debe votar.

En realidad, esta propuesta apunta a dar una mayor protección a la democracia ya que busca limitar la influencia de los lobbies, de los grandes grupos económicos y hasta del narcotráfico, en la elección de los candidatos. Dicho en otras palabras, evitar que los partidos y/o candidatos elegidos terminen como “representantes” de sus donantes y no de sus electores, y, también, impedir que sean los sectores con dinero los que impongan a sus candidatos. Todo lo contrario a lo que hoy sucede en EEUU luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en enero de este año que da carta blanca a las grandes corporaciones en los procesos electorales y que el propio presidente Obama ha calificado como un golpe a la democracia.

Este cambio de legislación también busca limitar el poder de los medios audiovisuales en los procesos electorales que muchas veces resulta decisivo. Todos sabemos que algunos medios, no todos obviamente, tienen candidatos preferidos, los cuales son “ayudados” ya sea “regalándoles” publicidad o estableciendo con ellos relaciones preferenciales y distintas respecto a los otros candidatos. Ello introduce una inequidad en el proceso electoral ya que no todos los candidatos tienen beneficios similares y, en ese sentido, los que compiten no son iguales. Finalmente, una legislación de ese tipo evitaría situaciones grotescas como las que se vivieron en el fujimorismo cuando los medios audiovisuales (léase canales de televisión) adictos a la dictadura se negaron a pasar propaganda electoral de la oposición argumentando, curiosamente, que lo hacían en nombre de la libertad de prensa.

Estas modificaciones se pueden complementar con otros cambios necesarios y que, con seguridad, no solo mejorarían la transparencia en el proceso electoral sino que también darían una mayor equidad a los que compiten:

a) Regular la propaganda estatal. Nos referimos no sólo a la que realiza el gobierno nacional sino también los gobiernos regionales, los municipios y cualquier organismo público. Me pregunto si esta propaganda así como la de las municipalidades y de los gobiernos regionales, será retirada cuando se dé inicio al proceso electoral subnacional y luego nacional. Tengo la sospecha que no.

b) El fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y una mayor presencia (obligatoria) de la ONPE en la elección de los candidatos.

c) Mayor transparencia y control respecto a las donaciones que reciben tanto los partidos como los candidatos en los procesos electorales.

d) El cumplimiento de la Ley de Partidos en lo que respecta al financiamiento público de los partidos.

Con seguridad se pueden añadir otros cambios pero, creemos, que estos son los más importantes. Por eso creo que aquellos medios que se oponen a ellos se equivocan en sus argumentos o simplemente no han entendido la propuesta. La otra posibilidad es que estemos frente a una defensa no de la democracia sino más bien de las ganancias de la empresa y de su poder político. Y eso, sinceramente, nada tiene que ver con la libertad de expresión y menos con la democracia.■

Extractos del artículo «El poder mediático y las elecciones» escrito por ©ALBERTO ADRIANZÉN M., publicado en Le Monde diplomatique, Nº 36, Mayo 2010.