El reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre su actuación en los sucesos de Bagua y Uctubamba concluye con una reflexión que se precisa en los siguientes puntos: el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la necesidad de una fuerte institucionalidad estatal indígena, el desarrollo del diálogo intercultural, la construcción de un Estado inclusivo y sin discriminación para los pueblos indígenas, enfatizando “[…] la urgencia de construir un Estado inclusivo, dialogante e intercultural” (39).

Se trata de una agenda de reflexión y de generación de propuestas que atiende a cuestiones medulares de la interculturalidad en el país, y que sitúa al conflicto amazónico en una perspectiva más amplia. Entre otros aspectos, tiene el mérito particular de comprender a la interculturalidad en relación a la institucionalidad del régimen democrático, abriendo el análisis hacia una mayor complejidad.

En nuestra visión de las cosas, tendría que ser destacada la actualidad de esta agenda para el trabajo de los actores de la sociedad civil que se comprometen con la consolidación e innovación de la democracia peruana. En este sentido, habría que tener en cuenta las diversas relaciones temáticas y espaciales que implica, empezando por recordar que los conflictos amazónicos forman parte del amplio abanico de conflictos surgidos de la expansión de las industrias extractivas en los últimos lustros.

Así, se plantea de inmediato la pregunta de si la agenda intercultural propuesta para los pueblos indígenas amazónicos no debería extenderse también a las comunidades campesinas quechuas y aimaras, en razón de sus identidades socioculturales particulares, aunque no hayan emprendido procesos de auto identificación étnica indígena. Y, en relación a las políticas estatales, reconociendo la peculiaridad de nuestra historia, tendríamos que preguntarnos sobre quiénes son indígenas en nuestro país, cuáles son los criterios, sentidos y alcances de esta identificación, y quiénes son los sujetos de derechos colectivos.

Sin embargo, la perspectiva ganada al comprenderse a la interculturalidad como un proyecto de la democracia moderna perdería varias de sus claves si se restringe a la cuestión indígena. La discriminación en razón de la diferencia cultural y la posición desventajosa de las formaciones socioculturales indígenas son expresiones extremas de la precariedad del Estado democrático y de una modernización societal que es evidentemente post colonial.

Así, son múltiples los espacios sociales situados en los márgenes del Estado y del mercado, y sus poblaciones quizás sean mayoritarias en nuestro país. Se trata de sujetos sociales indígenas o no, formados en las tensiones de la conflictividad cultural y de las jerarquías discriminatorias de la modernización. Problemas como la pobreza crónica y la fragilidad periférica de las instituciones democráticas tendrían que leerse en estas coordenadas. La formación de la ciudadanía ha supuesto históricamente el desarrollo de la sociedad civil y de los derechos civiles, que han generado los supuestos subjetivos de los derechos políticos. Estos supuestos no existen pues en los márgenes de la modernización post colonial, y la formación de la ciudadanía de los sujetos sociales periféricos es también un aspecto sustantivo de la interculturalidad.

Una variada gama de fenómenos son indicativos de la conflictividad cultural inherente a la generación de las periferias de la modernización post colonial (no trunca o inconclusa); entre otros, los siguientes: la persistencia y extensión del analfabetismo funcional y la diglosia; el continuo fracaso en diseñar una escuela pública culturalmente pertinente; el predominio de las jerarquías discriminatorias del discurso del desarrollo y de la promoción del desarrollo; la localización de la pobreza estructural en las poblaciones rurales e indígenas; la reinvención del clientelismo y de la privatización étnica del poder (al menos) en las sociedades sur andinas; las dificultades notables de posicionamiento de la agencia comunal campesina e indígena en los espacios de participación ciudadana; la novedosa expansión de la trata y esclavización de personas en la minería informal y en diversos negocios ilegales.

Con la observación de que en todos estos fenómenos son siempre las mujeres el sector más agredido, y de que no hemos insistido en la carga de discriminación cultural y racismo que tuvieron los hechos de la violencia política pasada, como ha documentado el Informe de la CVR.

Esta mirada a las periferias no niega sino realza el papel del centro, hegemónico en la sociedad. Basta mirarse en el espejo de las sociedades occidentales actuales, con sus problemas de discriminación y racismo ante la avalancha de inmigrantes y sus tradiciones culturales. ¿Pero no es acaso internacional el contenido de la agenda que hemos sucintamente revisado?■

Texto del artículo «La interculturalidad en la agenda pública», escrito por ©Javier Monroe, investigador social adscrito a la Mesa de Interculturalidad, publicado en el Portal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Ver el texto completo del documento «Actuaciones defensoriales en el marco del conflicto de Bagua», Informe de la Defensora del Pueblo a la Comisión del Congreso de la República que investiga los sucesos de Bagua, aledaños y otros. Lima, marzo 2010.