Si aceptamos que los principales problemas del país son la inseguridad ciudadana, la corrupción, el desempleo y la paralización de la economía, podemos concordar en que el Congreso no ha tenido una significativa injerencia en ellos, ni para bien ni para mal. Solo en el Perú se ha avanzado significativamente con las investigaciones sobre la gran corrupción de las constructoras brasileñas, con graves consecuencias para los anteriores gobiernos mientras se espera nueva información que sigue llegando del Brasil.
Lejos de explorar consensos para seguir implementando soluciones a estos problemas, la mayor parte del país debate la cuestión de confianza en torno a proyectos de reforma constitucional que en muy poco se relacionan con las verdaderas necesidades de la sociedad; peor aún, el pequeño grupo que dirige el Gobierno está concentrando peligrosamente el poder, asumiendo el control de la administración de justicia y tratando de provocar la disolución del Congreso, habiendo logrado controlar a importantes medios de comunicación con la arbitraria distribución de la publicidad del Estado, aún sin reglamentar como lo ordenó el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias lamentablemente se cumplen en la medida que beneficie a los que realmente ejercen el poder.
