por Amnesty International, publicado el 01/04/2015
Este informe abarca la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014.
Al igual que en años anteriores, la información recopilada procede de diversas fuentes, entre ellas cifras oficiales, información procedente de personas condenadas a muerte y de sus familias y representantes, información facilitada por otras organizaciones de la sociedad civil, e información publicada en los medios de comunicación. Amnistía Internacional sólo informa sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena de muerte, como las conmutaciones y exoneraciones, cuando existe una confirmación razonable.
En muchos países, los gobiernos no publican información sobre su uso de la pena de muerte, lo que dificulta la confirmación de dicho uso. En Bielorrusia, China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena de muerte está clasificada como secreto de Estado. En 2014, la información disponible sobre algunos países, concretamente Corea del Norte, Eritrea, Malaisia y Siria, fue escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado, a la inestabilidad política o a ambas cosas.
En 2014, Amnistía Internacional registró ejecuciones en 22 países, la misma cifra que en 2013. Se llevaron a cabo al menos 607 ejecuciones en todo el mundo, lo que supone una disminución de casi el 22 por ciento respecto a 2013. Como en años anteriores, esta cifra no incluye a los millares de personas ejecutadas en China, donde los datos relativos a la pena de muerte se tratan como secreto de Estado.
En 2014 se tuvo noticia de la imposición de la pena de muerte a al menos 2.466 personas, lo que representa un incremento del 28 por ciento en comparación con 2013. El incremento se debió en gran medida al fuerte aumento de las condenas a muerte registradas en Egipto y Nigeria, donde los tribunales también impusieron condenas colectivas a decenas de personas en algunos casos.
Un número alarmante de países que en 2014 hicieron uso de la pena de muerte lo hicieron para responder a amenazas o supuestas amenazas para la seguridad del Estado y la seguridad pública planteadas por el terrorismo, la delincuencia y la inestabilidad interna.
Por ejemplo, tras el horrendo ataque contra una escuela de Peshawar, Pakistán anuló la suspensión de las ejecuciones de civiles que llevaba en vigor seis años. El gobierno prometió también a ejecutar a cientos de personas condenadas a muerte que habían sido declaradas culpables de delitos relacionados con el terrorismo.
China hizo uso de la pena de muerte como herramienta en la campaña de “mano dura”, que las autoridades describieron como una respuesta al terrorismo y la delincuencia violenta en la Región Autónoma Uigur del Sinkiang.
No existen pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de las penas de prisión. Cuando los gobiernos presentan la pena de muerte como una solución a la delincuencia o a la inseguridad no sólo están ofreciendo un argumento engañoso a la población sino que, en muchos casos, no están tomando medidas para alcanzar el objetivo expreso de la abolición reconocido en el derecho internacional.
Muchos de los Estados que retienen la pena de muerte siguen utilizándola en contra de lo dispuesto por el derecho y las normas internacionales. Entre los rasgos preocupantes del uso de la pena de muerte en 2014 se encontraban los juicios injustos, las “confesiones” obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, el uso de la pena de muerte contra menores y personas con discapacidad mental o intelectual, y la aplicación de la pena capital a delitos distintos del “homicidio intencional”.
Pese a estas preocupaciones, el mundo sigue progresando hacia la abolición.■
FUENTE: Coalición Mundial Contra la Pena de muerte (World Coalition Against the Death Penalty). Artículo “Condenas a muerte y ejecuciones”, por Amnesty International, publicado el 01/04/2015.
EDICIÓN: Francisco Córdova Sánchez
