El Estado es la expresión jurídica de la sociedad y se debe a ella en su actuación política, legal y administrativa. Se entiende que siendo la sociedad la parte constitutiva del Estado, el bienestar de los ciudadanos depende en gran medida –aunque no en todo- de lo que haga o deje de hacer el Estado. Por tanto, el quehacer del Estado debe estar intensamente articulado a los intereses de la sociedad. Sin embargo, en el Perú, la realidad muestra otra faceta: el Estado ha adquirido niveles inimaginables de autonomía y paulatinamente se ha separado de la sociedad, teniendo en algunos lugares del territorio una presencia virtual, es decir, irreal y hasta inexistente para muchos peruanos.

La presencia del Estado, como ha señalado claramente el PNUD, no es sinónimo de su tamaño, sino de las capacidades reales que tiene para cumplir con sus fines, en relación con el desarrollo humano. Es decir, que la presencia del Estado no se expresa en una comisaría o un puesto policial o militar. Ni siquiera en una escuela o puesto de salud, si éstos no cumplen a cabalidad el propósito de brindar bienestar y desarrollo a los ciudadanos. El Estado está presente cuando puede proveer una serie de bienes y servicios de distinta naturaleza, necesarios para la comunidad, expresados en salud, educación, infraestructura, saneamiento, justicia, seguridad, ciudadanía, etc., es decir, elementos mínimos que requieren las personas para su desarrollo y que el Estado debe suministrarlos o promoverlos.

En nuestro país, lamentablemente, el Estado está presente con cierta eficiencia sólo en la franja costera, siendo Lima, Ica, Arequipa y Tacna, los departamentos con mejores servicios estatales. El Estado se encuentra casi totalmente ausente en los departamentos de la sierra y del oriente peruano, afectando sensiblemente a la población rural y de mayor pobreza del país. En Piura, un departamento de alta heterogeneidad, el Estado se encuentra extremadamente ausente en las provincias altoandinas de Ayabaca y Huancabamba.

El gobierno actual es consciente de esta realidad y viene actuando con celeridad para reducir los efectos nocivos de esta ausencia estatal. Se han realizado sesiones descentralizadas del Congreso y de algunas comisiones parlamentarias (la de Presupuesto sesionó hace poco en el distrito de Montero), se han reformado algunos programas sociales y se han creado otros, se ha creado el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), entre otras acciones de emergencia.

Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros viene afinando una novedosa y hasta “revolucionaria” propuesta que podría cambiar la relación Estado-sociedad, incrementando la presencia del Estado en los departamentos donde precisamente hoy en día, se encuentra más ausente. Frente al Estado ausente, se propone el Estado Móvil.

El sociólogo piurano y asesor de la PCM, Sinesio López, autor de esta iniciativa, ha explicado que el “Estado Móvil”, más que un programa social, constituye una estrategia del Estado que busca llevar un conjunto de servicios a los miles de peruanos de bajos recursos económicos que actualmente carecen de ellos, y de esta manera atender prioritariamente a la población rural que habita los lugares más alejados del territorio nacional. La estrategia consiste en establecer módulos itinerantes que posibiliten brindar de manera coordinada y articulada, servicios de salud, educación, seguridad, transportes, electrificación rural, agricultura y justicia.

Este “combo de beneficios” podría generar la formación de mercados y la habilitación de caminos que generen desarrollo para las poblaciones más desfavorecidas. Para el efecto, se implementarán las denominadas “Redes del Estado Móvil” que tendrán dos condiciones de actuación político-administrativa: la condición intersectorial u horizontal, donde estarán involucrados los ministerios de salud, educación, interior, justicia, transportes y agricultura; y la condición intergubernamental o vertical, donde trabajarán concertadamente los niveles nacional, regional y local (Provincial y distrital).

Los módulos llevarán entre otros, docentes calificados que dictarán clases de reforzamiento en escuelas rurales; médicos especialistas que brindarán atención de salud principalmente a niños y madres gestantes; jueces de paz letrados que resolverán in situ los más álgidos conflictos en las comunidades; profesionales de la RENIEC que inscribirán a todos aquellos que no cuenten con partida de nacimiento y/o documento de identidad; todo lo cual será acompañado por el mejoramiento de la infraestructura social en agricultura, caminos y electrificación rural, priorizados en coordinación con las municipalidades y su correspondiente sociedad civil.

El Estado Móvil se pondrá en marcha a partir del 2012, mediante programas piloto a implementarse en siete de las provincias más pobres del país, específicamente Bagua (Amazonas), Huaytará (Huancavelica), Vilcashuamán (Ayacucho), Grau (Apurímac), Canas (Cuzco) y Collao (Puno). En la Región Piura, el piloto del “Estado Móvil” se pondrá en marcha en la provincia altoandina de Ayabaca. En el 2013 se intentará llegar a los 400 distritos rurales que concentran el 70 por ciento de pobreza de su población.

De esta manera, el Estado se acercará a la población nacional más desfavorecida, buscando generar igualdad de oportunidades para que la gente desarrolle sus capacidades, tenga una vida larga y saludable, y mejore su economía de tal manera que pueda contar con los medios adecuados para su subsistencia y eliminar su dependencia de los programas sociales, principalmente los de asistencia alimentaria.

Creemos que esta estrategia se constituye en una auténtica reforma del Estado por su significado en la resolución de problemas vitales, por sus positivos efectos en la vida y bienestar de la población, y por cuanto hace realidad la anhelada inclusión social, bandera de lucha de los más pobres del país.■

Texto del artículo «El Estado Móvil. La promesa de la inclusión social en marcha», escrito por © FRANCISCO CÓRDOVA SÁNCHEZ, publicado en el suplemento Semana del diario El Tiempo, el domingo 06-NOV-2011.