La ley aprobada por el Congreso que regula el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas no solo garantizará el derecho colectivo de estas comunidades a ser consultados ante medidas que afecten directamente sus derechos e intereses grupales, sino que también fomentará el equilibrio razonable entre el desarrollo, las inversiones y el respeto de los derechos fundamentales, evitando nuevos conflictos sociales, aseguró el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, quien agregó que la iniciativa se ajusta a la jurisprudencia de este colegiado.

La autógrafa de la Ley de Consulta Previa aprobada por el Congreso recoge gran parte de la jurisprudencia del TC. En este contexto, ¿cuál el contenido constitucionalmente protegido?