Con mucha preocupación, aunque sin mucha sorpresa, la ciudadanía viene observando algunos comportamientos reñidos con la ética en las nuevas gestiones, locales y regionales. Es evidente que las antiguas prácticas del “acuerdo bajo la mesa”, el “tarjetazo”, el “padrinazgo”, el “tráfico de influencias” y otras modalidades conocidas, aún persisten en los pasillos y sillones de la administración pública nacional.

La Contraloría General de la República ha calculado que en el país los actos de corrupción perjudican al Estado, es decir a todos los peruanos, con una suma que varía entre 6 y 10 mil millones de soles (no hay una cifra exacta) anuales, y si no hacemos nada, esa cantidad y más se perderá todos los años venideros.

Esta realidad es innegable no obstante que el Estado, en los últimos años, ha dado importantes pasos en la lucha contra este flagelo. Existe un conjunto de normas que orientan la construcción de un Estado eficiente, transparente y al servicio del ciudadano. Sin embargo, esto no es suficiente para detener esta lacra social que merma las arcas del Estado, desprestigia a la administración pública y descompone a la sociedad nacional.

Las autoridades y funcionarios públicos deben recordar que existe un Código de Ética de la Función Pública, sustentado en principios y valores, que se propone lograr un desempeño ético de los cargos públicos. Mediante una Directiva de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobada por Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM/SGP, del 4 de febrero de 2009, se establece que la promoción de este Código está a cargo de la Secretaría General de cada entidad del Estado. Se dispone la conformación de Grupos de Trabajo para el Fomento de la Ética, encargados de difundir el Código entre los servidores y funcionarios de cada dependencia estatal. ¿Alguna institución pública, sectorial, municipal o regional del país, habrá cumplido con este encargo?

Además, desde el año 2008 se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, instrumento consensuado entre organismos del Estado, instituciones privadas, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Entre otros, este Plan tiene el objetivo de institucionalizar en la Administración Pública las prácticas de buen gobierno, la ética, y la transparencia, y de lograr el compromiso de la sociedad para que participe de manera activa en la lucha contra la corrupción.

Por otra parte, para ahondar en el análisis, en las instituciones públicas debe recordarse que la Vigésimo Sexta Política de Estado aprobada por el Acuerdo Nacional, establece compromisos sobre promoción de la ética y la transparencia y la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.

Finalmente, en Piura por ejemplo, mediante Ordenanza Regional N° 202-2011 se ha puesto en marcha el Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción, con la finalidad de articular las acciones de las instituciones del Estado en la Región Piura, para la promoción de la ética en la función pública y la prevención y lucha contra la corrupción.

Poner en práctica estas disposiciones requiere promover la vigilancia ciudadana, que demande de los gestores públicos transparencia y rendición de cuentas; se necesita también eliminar las trabas burocráticas para el acceso a la información pública, sobre planes, programas y gasto público; asimismo, capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos resaltando y premiando las buenas prácticas gubernamentales; y, principalmente, erradicar la ilegal e indecorosa práctica de gestión de intereses particulares, realizada mayormente por regidores, consejeros y altos funcionarios, que genera conflictos en el desempeño de su función y les procura la obtención de ventajas indebidas.

Si no es así, todos estos esfuerzos normativos, las acciones positivas desarrolladas por muchas instituciones estatales (como el Sistema Regional Anticorrupción de Piura), los valiosos instrumentos introducidos en el proceso de modernización del Estado, y el generoso esfuerzo de honestos servidores públicos (que los hay, y muchos), se habrán quedado solamente en el nivel de las “buenas intenciones”, lejos de un desempeño basado en principios y valores, y en el cumplimiento de deberes que garantice el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública, puesta al servicio de los ciudadanos y de la sociedad en general.■

VER:
Código de Ética de la Función Pública
Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM/SGP
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción

Texto editado del artículo «La ética en la gestión pública», escrito por © FRANCISCO CÓRDOVA SÁNCHEZ, publicado en El Tiempo el 10-07-2011.