Esto ocurre porque la norma no señala que una vez endosada la factura negociable, resulte inembargable en cabeza del emisor de la misma. Claro, sería peligroso además que lo dijera, porque empresas en problemas podrían abusar de esa regla para escapar de los embargos simulando endosos de sus facturas. Tampoco se dice que, una vez efectuada la comunicación por el tenedor, resulte inembargable en cabeza del emisor (igual habría el mismo peligro de simulación). Pero el precio de esto es que el tenedor está desprotegido, lo que no resulta ser una verdadera promoción de este mecanismo.

Se dirá que esto se evita comprando facturas sólo a empresas sin deudas ni problemas financieros, pero eso no parece muy coherente, menos si se habla de recibos de honorarios emitidos por personas naturales, cuyos riesgos son desconocidos. Quizá el efecto sea que la tasa de descuento por comprar estas facturas sea muy elevada, lo que no parece promover mucho el mecanismo.

De otro lado, la norma señala que los adquirientes de facturas negociables “deben verificar la procedencia de estas”, en previsión de estar ayudando a cometer o encubrir delitos de lavado de dinero o activos. Y añade que estos adquirientes deben adoptar medidas, metodologías y procedimientos para evitar lo mismo, incluso para evitar la financiación de actividades terroristas. Es decir, una serie de controles que, hoy día, sólo tienen las entidades bancarias y financieras.

Si se quería limitar esta figura a esas entidades (cosa que la ley no dice), no hacía falta una ley especial, pues el “factoring” o compra de facturas por entidades del sistema financiero existe hace mucho tiempo. El problema es que, hablando de otras empresas que quieran adquirir facturas negociables, lo pensarán veinte veces, antes de arriesgarse a verse involucradas como cómplices de delitos como los señalados, en virtud de la Ley Nº 27765, ley contra el lavado de activos. Los particulares no pueden hacer el trabajo de la Policía, Fiscalía o Poder Judicial; eso es demasiado.

Creemos que, dentro del plazo para que la ley se implemente (180 días), pueden hacerse cambios que solucionen estos y otros problemas, para que realmente se consiga su cometido.

VER: Leyes Nº 27765 y 29623

Texto del artículo «Promoviendo negativamente las facturas negociables», escrito por el abogado, MBA Centrum Católica ©DANIEL MONTES DELGADO, publicado en El Tiempo, el 14-12-2010.